90 organizaciones no gubernamentales de Venezuela reclamaron el jueves al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos (Acnudh), Volker Türk, mayor firmeza en el monitoreo y condena de las violaciones de derechos humanos que se comenten bajo el régimen de Nicolás Maduro.
Durante su primer día de visita en Caracas, Türk se reunió con un grupo de ONG y víctimas, quienes le pidieron reforzar el trabajo de protección de los derechos humanos en el país, así como la labor conjunta de los mecanismos internacionales.
«El trabajo del ACNUDH requiere alzar la voz, de manera pública y al más alto nivel, cada vez que se requiera, y reforzar el trabajo conjunto para prevenir y detener de forma definitiva las graves violaciones que continúan sucediendo en Venezuela de forma sistemática», emplazaron.
A continuación las 10 exigencias presentadas por las ONG venezolanas al alto comisionado de la ONU para los derechos humanos:
1) Reiteramos la exigencia de que el texto del memorando de entendimiento suscrito con las autoridades venezolanas sea de acceso público, lo que permitirá realizar un efectivo seguimiento de los acuerdos y una labor de contraloría social por parte de la sociedad civil y especialmente de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Nos parece inadmisible que el ACNUDH, en contravía del principio de transparencia que debe orientar su labor, pueda avalar que se mantenga en secreto información que, por su repercusión en políticas públicas, debería estar al alcance de los venezolanos y venezolanas.
2) Exigimos que el mandato integral del ACNUDH se cumpla en nuestro país, y que el componente de protección a los derechos humanos tenga el mismo nivel de importancia que el de asistencia técnica con las autoridades. En este sentido, recordamos lo que ha sido una solicitud reiterada ante la Oficina: que la protección de los derechos humanos en Venezuela requiere elevar el perfil y reforzar el trabajo conjunto de los mecanismos internacionales ante un Estado no dispuesto a cumplir recomendaciones del ACNUDH.
3) Requerimos, como algo fundamental, que los oficiales de terreno del ACNUDH destinados a nuestro país cuenten con la más alta experiencia posible para el ejercicio de sus funciones. Además, tras la alta rotación de la mayoría de los oficiales – aunque en algunos casos ha mejorado, la evidencia nos muestra que poco tiempo en el país genera obstaculización de la continuidad y eficacia de sus gestiones; por lo tanto, solicitamos que los funcionarios se mantengan en el terreno el mayor tiempo posible para garantizar la más profunda comprensión del conflicto y un mejor relacionamiento con la diversidad de líderes sociales y políticos, así como con las víctimas de violaciones a los derechos humanos.
4) Como hemos expresado en anteriores oportunidades al ACNUDH, demandamos que en los informes sobre Venezuela la información oficial no sea citada literalmente como cierta, sino que sea debidamente contrastada con otras fuentes. Además, no deben reconocerse como hechos cumplidos anuncios realizados por las autoridades, que ante su incumplimiento debilitan a los propios informes.
5) También es necesario que, como hemos solicitado en varias oportunidades, haya uniformidad en cuanto a la oportunidad de los pronunciamientos del ACNUDH sobre los anuncios o medidas de las autoridades venezolanas. No debe ocurrir que en anuncios o medidas que representan avances haya un pronunciamiento inmediato, así sea por redes sociales, y cuando implican retrocesos se espera para comentarlos en los informes orales o escritos, como ha sucedido en los últimos años. Este tipo de conducta influye en crear una matriz de opinión tergiversada de que hay avances más frecuentemente que retrocesos. Con la gravedad, que en muchas ocasiones las autoridades venezolanas hacen anuncios que luego no concretan, y, aun así, la el ACNUDH no lo aclara, ni siquiera en sus informes, por lo que queda como cierta una matriz de opinión de que hubo un avance que no ocurrió, la el ACNUDH no lo aclara, ni siquiera en sus informes, por lo que queda como cierta una matriz de opinión de que hubo un avance que no ocurrió.
6) Los diferentes informes realizados por el ACNUDH sobre Venezuela han arrojado una serie de recomendaciones a las autoridades para revertir las diferentes violaciones diagnosticadas. En su conjunto estas recomendaciones debieran ser parte integral de un plan nacional de derechos humanos de obligatorio cumplimiento por el Estado venezolano. Nuestras organizaciones solicitan la creación de un mecanismo de seguimiento participativo y transparente acerca del cumplimiento o no de estas recomendaciones, que además sea incluido tanto en las actualizaciones orales como en los informes sobre Venezuela.
7) Es importante activar la visita de los relatores y procedimientos especiales de Naciones Unidas, por lo que es esencial insistir en aquellos que son de suma importancia que ingresen al país, sin limitarse a aquellos que el Estado venezolano decida invitar. Al respecto, es necesario que el ACNUDH tenga un rol activo y no apegarse a la premisa de supuesta neutralidad bajo el argumento de la independencia de las relatorías, ya que es parte de su mandato garantizar la visita de los relatores relacionados con los derechos que han sido vulnerados de acuerdo con sus propios informes. De igual modo, instamos a los buenos oficios del ACNUDH ante los órganos de tratados, dado que Venezuela tiene retrasos importantes en muchos de ellos, como el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos, Económicos, Sociales y Culturales.
8) Es fundamental que el ACNUDH apoye claramente otros mecanismos regionales de protección de derechos humanos y de Naciones Unidas, como la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos, de acuerdo con su mandato, para lo cual es indispensable el levantamiento del firewall existente. Igualmente, respecto de la Corte Penal Internacional. Todos son mecanismos que tienen un objetivo común, aunque sigan distintas metodologías y enfoques para alcanzarlo: frenar las violaciones de derechos humanos en Venezuela.
9) En marzo del año 2018 el Alto Comisionado de Derechos Humanos para las Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, expresó que el contexto país “no satisfacía de ninguna manera las condiciones mínimas para unas elecciones libres y aceptables”. Para el 2021, en el contexto de las elecciones regionales y municipales, el Sistema ONU, a través de un panel de expertos, realizó una evaluación independiente y técnica del sistema electoral. Así mismo, la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea (MOE UE) emitió un total de 23 recomendaciones para profundizar las garantías y condiciones en el marco de los procesos electorales en Venezuela. De estas 23 recomendaciones, la propia Misión destacó siete prioritarias que hasta la fecha no se han implementado plenamente. Ante la inminencia de próximos procesos electorales en Venezuela, el presidencial en 2024 y el parlamentario en 2025, el ACNUDH no debe eludir pronunciarse sobre las condiciones en las cuales se realizarán las venideras elecciones, haciendo todo lo que esté a su alcance para garantizar los derechos humanos en procesos electorales y el derecho de los venezolanos a vivir en democracia, teniendo presentes las observaciones y recomendaciones formuladas por el panel de expertos de la ONU y otras instancias de observación Internacionales al respecto.
10) Siendo la migración, el asilo y el refugio temas de experticia del nuevo Alto Comisionado, se debe incidir en las autoridades venezolanas para el cese de la criminalización de quienes salen de manera forzada del país, así como de quienes regresan a él, reconociendo la dimensión y gravedad de la crisis de movilidad humana y estableciendo políticas públicas para la protección de los venezolanos que cruzan nuestras fronteras, atendiendo a las poblaciones más vulnerables con perspectiva de género, diversidad e interseccionalidad.
