La Organización No Gubernamental, Acceso a la Justicia, denunció este miércoles que el régimen de Nicolás Maduro ignora las recomendaciones de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, mientras lanza una ola de represión contra la sociedad civil.
En un comunicado la ONG, advirtió que la Alta Comisionada recomendó «adoptar medidas para garantizar que el espacio democrático y cívico no sea restringido indebidamente», para mejorar la situación de las garantías fundamentales en el país, sin embargo, la nueva ola represiva que las autoridades venezolanas han lanzado contra la sociedad civil organizada en la primera semana de julio deja en claro que han decidido ignorar dicha petición.
Entre el 4 y 7 del presente mes, es decir, en cuestión de setenta y dos horas, la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detuvieron a siete dirigentes sindicales, profesores universitarios y trabajadores humanitarios.
Uno de los aprehendidos es el profesor universitario y líder social Alcides Bracho, quien fue capturado en su casa el lunes 4 de julio. Ese mismo día fue arrestada en Ocumare del Tuy, estado Miranda, a Yeny Zorelis Pérez en lugar de su esposo, el dirigente político José Castro, por no saber de su paradero. Al día siguiente fueron privados de libertad el presidente de la Federación de Trabajadores del Poder Judicial, Emilio Negrín, en la parroquia El Junquito; y en el estado Falcón el dirigente político Alonso Meléndez. Este último permaneció en paradero desconocido durante varias horas.
El día 6 las detenciones continuaron, y en Charallave, Miranda fue aprehendido Néstor Astudillo. En las siguientes horas corrieron la misma suerte Reynaldo Cortés y el miembro de la Alianza Sindical Independiente (ASI) y trabajador humanitario, Gabriel Blanco, quienes fueron privados de su libertad en Guárico y Caracas, respectivamente.
Entre el miércoles 6 y el sábado 9, seis de los aprehendidos (Bracho, Meléndez, Negrín, Astudillo, Cortés y Blanco) fueron llevados al Tribunal 4 de Control con competencia contra el Terrorismo de Caracas, instancia que aceptó la imputación por conspiración y asociación para delinquir que el Ministerio Público (MP) presentó contra ellos y acordó mantenerlos preventivamente tras las rejas, según informó la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, organización que los representa y que denunció que las autoridades judiciales les impidieron defender a los detenidos.
El sábado 9 de julio, en horas del mediodía, Yeny Pérez fue puesta en libertad. Es el caso también de Jesús Manuel Berbesí, militante del partido Bandera Roja en el estado Táchira, aprehendido ese mismo sábado en horas de la mañana.
Pese al grave señalamiento, hasta el momento las autoridades no han aclarado contra quién presuntamente estaban complotando los detenidos ni cuál era su fin último. El chavismo ha hecho de la denuncia por conspiraciones una de sus armas preferidas para justificar medidas judiciales contra sus detractores. Sin embargo, apenas hay juicios con condenas al respecto, pues la mayoría se queda en una etapa preliminar del proceso penal.
Contra Bandera Roja
De todos los detenidos, cinco tienen algo en común: militan o militaron en el partido opositor Bandera Roja. Algunos de ellos, como Reynaldo Cortés, incluso tienen cargo directivo (es secretario de la formación en Guárico). La agrupación fue de las pocas de la extrema izquierda venezolana que jamás respaldó al fallecido Hugo Chávez ni a su sucesor: Nicolás Maduro.
Esta arremetida contra Bandera Roja, que desde 2013 está intervenido por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), se asemeja a la que han sufrido otros partidos políticos opositores como Voluntad Popular (VP), Primero Justicia (PJ) o Acción Democrática (AD), que han visto cómo varios de sus dirigentes han sido encarcelados bajo distintas acusaciones.
Desde la formación partidista achacan esto al «temor que el régimen de Maduro le tiene a la lucha popular». «No pueden perdonar a los luchadores sociales que con su firme posición de protesta hayan desenmascarado sus políticas antiobreras y antinacionales demostrando en la práctica que lo que quieren vender como mejora y progreso es una falsa normalidad», aseguró Bandera Roja en un comunicado.
Algunos de los detenidos han participado en protestas o han expuesto los obstáculos que enfrenta el movimiento sindical venezolano para ejercer su labor a favor de los trabajadores ante instancias internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Desde el partido se asegura que tienen información de que los cuerpos de seguridad están detrás de otras veinte personas más.
Descabezando la protesta
Las autoridades parecen querer desarticular y neutralizar cualquier clase de movimiento cívico que pueda darle algún tipo de organización y conducción al creciente malestar social. En su último informe, el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) reveló que entre enero y abril de 2022 se registraron en el país 2.677 protestas, cifra 30% superior a la registrada en el mismo período del año pasado. La inmensa mayoría de estas manifestaciones están relacionadas con demandas laborales, salariales y de mejores servicios públicos.
Lo anterior explicaría las cifras contenidas en el último reporte que presentó Bachelet al Consejo de Derechos Humanos y en el cual contabilizó setenta y un casos de «estigmatización y criminalización de los representantes de la sociedad civil, incluidos las personas defensoras de los derechos humanos, los periodistas y los trabajadores de los medios de comunicación».
Asimismo, no se puede obviar que el chavismo jamás ha visto con buenos ojos al sindicalismo independiente; prueba de ello es que en las últimas dos décadas 150 representantes de los trabajadores han sido procesados penalmente, de acuerdo con los datos recopilados por el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), así como los del Observatorio para la Defensa de la Vida (Odevida).
