Al cumplirse 15 años de la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció que el sistema carcelario venezolano continúa marcado por la violencia, el hacinamiento y la vulneración masiva y sistemática de los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
De acuerdo con la organización, el balance de estos 15 años refleja que los seis ministros que han estado al frente de la institución no lograron transformar el sistema penitenciario ni garantizar los derechos fundamentales de la población reclusa. El OVP aseguró que el 95 % de las muertes registradas en las cárceles venezolanas se deben a la falta de atención médica.
La organización señaló que, desde la creación del ministerio en julio de 2011, las gestiones de Iris Varela (2011-2017 y 2018-2020), Mirelys Contreras (2017-2018 y 2020-2023), Celsa Bautista (2023-2024) y Julio García Zerpa (2024-presente) han carecido de la formación, experticia y conocimientos necesarios para administrar el sistema penitenciario conforme a los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
Asimismo, cuestionó que durante más de una década se hayan implementado diversos planes, como el Plan Cayapa Judicial, los Planes de Abordaje Judicial y Atención Integral, la Comisión Especial para la Revolución Judicial, el Plan de Defensa y Justicia Penitenciaria y el reciente Plan por la Transformación Integral del Sistema de Justicia, sin que estos hayan logrado reducir el retardo procesal ni el hacinamiento en los centros de reclusión.
El OVP sostuvo que la crisis penitenciaria también responde a la actuación de otras instituciones del régimen, entre ellas el Poder Judicial, la Defensa Pública, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo, a las que responsabilizó de no atender las causas estructurales del problema y perpetuar la impunidad, el hacinamiento y las violaciones de derechos humanos.
La organización denunció además que las cárceles venezolanas continúan enfrentando graves deficiencias de infraestructura, deterioro en la atención médica y la alimentación, además de denuncias de torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes tanto contra los privados de libertad como contra sus familiares.
En ese sentido, afirmó que las intervenciones y cierres de distintos centros penitenciarios, entre ellos Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala, La Pica, Vista Hermosa, La Cuarta y El Dorado, no significaron una transformación del sistema. Por el contrario, aseguró que los traslados masivos de reclusos agravaron el hacinamiento en otros penales y dificultaron el derecho a la defensa y las visitas familiares.
El Observatorio también cuestionó que las condiciones de la sede del Ministerio para el Servicio Penitenciario contrasten con el deterioro de las cárceles del país, donde, afirmó, no se garantizan derechos básicos como la salud, la alimentación adecuada y un trato digno para la población reclusa.
Asimismo, denunció la falta de investigaciones sobre violaciones graves de derechos humanos ocurridas en centros de reclusión, entre ellas las muertes registradas durante la masacre de la cárcel de Yare III y el fallecimiento de Víctor Hugo Quero Navas mientras permanecía bajo custodia del régimen.
Ante este panorama, el OVP instó al Ministerio para el Servicio Penitenciario, al Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo y al Poder Judicial a investigar la presunta negligencia de las autoridades penitenciarias y determinar responsabilidades por las violaciones denunciadas.
Finalmente, la organización exigió la publicación del presupuesto asignado al Ministerio durante sus 15 años de funcionamiento y pidió que el régimen garantice el cumplimiento de las Reglas Mandela, el debido proceso, el respeto a los derechos humanos y el acceso efectivo a la justicia para las personas privadas de libertad.
15 años de violación masiva y sistemática de los derechos humanos en el Ministerio Penitenciariohttps://t.co/deIPxbNCnx
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 6, 2026
