Este martes, 17 organizaciones civiles internacionales mostraron su valoración ante el anuncio de la instalación de una oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) en Caracas.
«Organizaciones de derechos humanos valoran instalación de Oficina Descentralizada de la Fiscalía CPI en Caracas y exhortan a que precise su alcance, funcionamiento y garantías de seguridad», señala el comunicado.
Sin embargo, las organizaciones expresaron algunos puntos fundamentales que consideran debe cumplir esta oficina en Caracas:
- La necesidad de contar con una Oficina efectiva, que pueda cumplir con su mandato a cabalidad, considerando el reducido presupuesto y personal de otras oficinas descentralizadas de la CPI en el pasado.
- La necesidad de que la Oficina trabaje con todos los actores claves; no solo con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, sino también con la Misión Internacional Independiente de Determinación de Hechos que ha documentado los crímenes de lesa humanidad.
- La necesidad de que la Oficina pueda constituir un espacio de diálogo genuino y seguro con víctimas, sus familiares, sus representantes, así como con la sociedad civil.
También, las organizaciones manifestaron su «profunda preocupación sobre la forma en que la Fiscalía de la CPI vislumbra su trabajo con el actual sistema judicial venezolano», al advertir que parece asumir que el actual sistema judicial venezolano podrá llevar a cabo, de modo independiente, y con voluntad genuina, investigaciones en torno a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos.
«Nos preocupan las escasas garantías existentes en el actual sistema de justicia para poder investigar de modo genuino, efectivo e independiente. Consideramos por lo tanto que, a pesar de las actuales reformas iniciadas por el Estado, el sistema judicial venezolano carece de la capacidad y voluntad de llevar a cabo procesos judiciales independientes frente a crímenes de lesa humanidad y graves violaciones a los derechos humanos», alertaron las ONG.
Asimismo, las organizaciones expresaron su «preocupación frente a la incertidumbre del rumbo de la investigación», ya que consideran «es muy inquietante la falta de claridad sobre una idea fundamental: que la investigación en la CPI va a continuar».
Las ONG advierten que el lenguaje utilizado en el comunicado del fiscal Khan en torno a que la investigación no es una vía “unidireccional”, requiere mayor precisión y piden que se hagan públicas las conclusiones y los parámetros de la Fiscalía que motivaron la apertura de una investigación.
Por último, pidieron a la Fiscalía de la CPI que «a lo largo de su investigación, adopte un enfoque de género necesario no solo al momento del análisis de los crímenes realizados, sino también en su interacción con víctimas, familiares y representantes».
El escrito fue firmado por:
- Acceso a la Justicia
- Alerta Venezuela
- Amnistía Internacional
- Centro de Justicia y Paz (CEPAZ)
- Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL)
- Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero y Marzo de 1989 (COFAVIC)
- Federación Internacional por los Derechos Humanos (FIDH)
- Fundación para el Debido Proceso (DPLF)
- Justicia, Encuentro y Perdón (JEP)
- Justicia y Proceso Venezuela (Juyproven)
- Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP)
- Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA)
- Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT)
- Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos (Provea)
- Robert F. Kennedy Human Rights
- Vicaria de Derechos Humanos de la Arquidiócesis de Caracas
- Women´s Link Worldwide
A continuación, el comunicado íntegro:
