Las «múltiples y constantes» fallas del servicio eléctrico en Venezuela tienen, según denunció este jueves la ONG Espacio Público, un «profundo impacto» en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y al acceso a la información.
Cuando se cumplen cinco años de un apagón que dejó al país petrolero sin servicio eléctrico durante varios días seguidos, Espacio Público aseguró que las fallas se registran a diario en los 23 estados del país y limitan el «derecho de la ciudadanía a mantenerse informada oportunamente, así como también a comunicarse».
La organización no gubernamental computó «al menos 37 fallas o apagones masivos que afectaron el servicio de internet en todo el país» durante el año pasado.
A pesar de esta crisis, el régimen «no ha implementado políticas públicas para el restablecimiento o mejora del sistema nacional eléctrico, por lo que el mal estado de la infraestructura continúa afectando el servicio de manera recurrente», aseguró la ONG, que denuncia una «falta de información sobre la gestión» en este sector.
Según estimaciones extraoficiales, el país registra cerca de 200 cortes eléctricos por día, algunos muy breves, una situación que se ve reflejada en los perfiles de la estatal Corpoelec en las redes sociales, donde los venezolanos denuncian constantemente los apagones y piden a las autoridades soluciones expeditas.
Para expertos consultados por EFE, la crisis generada tras el colapso de 2019 no se ha solucionado, y es el resultado de la falta de mantenimiento e inversión en el sistema, que el Gobierno, consciente de la carencia, ha prometido modernizar.
Nicolás Maduro aseguró en septiembre que una empresa china, sin especificar nombre, apoyará la modernización de esta red pública de energía, un anuncio del que no se han conocido detalles, mientras persisten los apagones. EFE
