Seis organizaciones internacionales, entre las cuales está Amnistía Internacional (AI), denunciaron este viernes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) «la política sistemática y sostenida de represión» en contra de personas defensoras de los derechos humanos en Venezuela dos días antes de que el país celebre sus elecciones municipales.
Las organizaciones, que se presentaron ante la Corte en representación de organizaciones nacionales venezolanas, alertaron en un comunicado que el Estado venezolano ejerce «una serie de patrones que evidencian una estrategia deliberada de castigo y disuasión» contra defensores de derechos humanos a través de detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, torturas y malos tratos, anulación de pasaportes, criminalización, vigilancia digital, amenazas y campañas de estigmatización».
De acuerdo con el comunicado, en la primera mitad del 2024 se registraron más de 592 ataques en contra de personas defensoras y la tendencia se recrudeció tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que Nicolás Maduro fue proclamado vencedor por el Consejo Nacional Electoral (CNE) en un proceso que es tachado de fraude por la oposición y que despertó amplias protestas en el país.
En lo que va de 2025, las organizaciones contabilizan 236 ataques más, entre las cuales denuncian desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y acusaciones de terrorismo «sin pruebas».
Otro mecanismo represivo destacado por AI es la anulación arbitraria de pasaportes de las personas defensoras y de sus familiares, sin justificación ni notificación oficial. Según un informe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), que también firma el comunicado, al menos 40 personas perdieron sus pasaportes como medida para «silenciar voces».
Las organizaciones también denunciaron la Ley de Fiscalización de ONG, aprobada en agosto de 2024, por cerrar el espacio público y establecer «sanciones desproporcionadas, requisitos onerosos e imposibles de cumplir, a la vez que generado un ambiente de hostilidad y vigilancia contra organizaciones que defienden derechos humanos».
Ante la crisis de Venezuela, Amnistía reafirma y dignifica el compromiso de las personas defensoras de los derechos humanos en el documentar, acompañamiento a las víctimas y en la denuncia de las violaciones a sus derechos.
«Su labor es esencial para preservar la memoria, la verdad y sentar las bases de la rendición de cuentas futura. Su protección y acompañamiento requiere un compromiso firme, sostenido y diferenciado por parte de los mecanismos internacionales de derechos humanos y la comunidad internacional», concluye el comunicado.
Además de AI y el CEJIL, también firman la declaración la Fundación para el Debido Proceso (DPLF), la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) y el Robert F. Kennedy Human Rights Center (RFKHR).
Con información de EFE
