La policía chilena abatió a un joven de 19 años que atropelló a un agente la noche del sábado en la comuna de San Antonio, en la Región de Valparaíso, unos 120 kilómetros al norte de Santiago, en medio de un control rutinario y tras la promulgación el jueves de una polémica ley de seguridad que entrega más facultades a Carabineros para el uso de armas de fuego.
Según la prensa local, durante una fiscalización preventiva el conductor del automóvil aceleró, chocó contra el vehículo policial y embistió a un agente.
Otro policía utilizó una subametralladora UZI y dejó herido al conductor cuando intentaba darse a la fuga, pero a causa de la herida de bala murió en el lugar.
El fiscal de San Antonio, Fred Silva, indicó que “existió una agresión ilegítima” por parte del conductor contra los Carabineros, y “un afán de provocación”, por lo que “el medio utilizado es razonable” y “se dispuso la libertad del funcionario policial».
El ministro de Justicia, Luis Cordero, por su parte, señaló en una entrevista este domingo que la controvertida ley de seguridad conocida como Ley Nain-Retamal se publicará este lunes 10 de abril en el Diario Oficial y «beneficiará, precisamente, la posición de ese policía».
El ministro también recordó que antes de esta nueva norma «ya existía ley previa». «Había tres reglas específicas en el Código de Justicia Militar: una que está vinculada a legítima defensa y protección de terceros; la segunda que en caso de huida, el policía tiene obligación de ocupar su arma de fuego, y el tercero, el cumplimiento de orden judicial», dijo.
El policía herido se encuentra en buen estado de salud y fuera de riesgo vital, según los medios chilenos. Las otras dos personas que se encontraban en el vehículo fueron detenidas por porte de drogas y serán imputadas por el delito de microtráfico.
En menos de 15 días, en Chile han muerto tres policías por disparos durante controles rutinarios, lo que generó la reacción de políticos y autoridades para tomar medidas urgentes contra la violencia, entre ellas la Ley Nain-Retamal, denominada también «ley de gatillo fácil», que exime a la policía de actuar con proporcionalidad, excepto cuando se trate de la protección de bienes.
La norma fue parte de un paquete de medidas de seguridad impulsadas por el Gobierno y el Congreso para ser tramitadas con urgencia.
En medio de este complejo contexto, el cuerpo policial retomó el uso de las subametralladoras UZI durante patrullajes preventivos.
Este tipo de armas fueron retiradas en 2011 tras la muerte del joven Manuel Gutiérrez a manos del sargento Miguel Millacura, en el marco de una protesta convocada por la confederación sindical Central Unitaria de Trabajadores (CUT), en Santiago.
También se instauraron otras medidas, como un mínimo de tres funcionarios por radiopatrulla y que las motos todoterreno no presten servicios de noche.
EFE
