El Gobierno panameño acusó este domingo a Médicos Sin Fronteras (MSF) de obstaculizar la labor de las instituciones judiciales y sanitarias al negarse a entregar la información necesaria de los migrantes irregulares presuntamente víctimas de ataques o violaciones durante su travesía por el Darién, la peligrosa jungla fronteriza entre Panamá y Colombia.
MSF, cuyas actividades en la frontera del Darién fueron suspendidas por el Gobierno panameño a inicios de este marzo y luego de vencerse un convenio bilateral, «se ha negado hasta el momento a entregar los expedientes, nombre, apellido y diagnóstico de las supuestas víctimas», dijo el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, en una entrevista con la cadena TVN.
«Médicos Sin Fronteras se niega a entregarle al Ministerio Público el nombre de las supuestas víctimas de algún tipo de agresión, porque no solamente estamos hablando de delitos sexuales, estamos hablando de agresión física, psicológica, maltrato infantil, es decir una serie de alteraciones a la ley que tienen, por la normativa panameña, que darse la comunicación en menos de 48 horas», declaró el titular del Ministerio de Salud (Minsa).
Y cómo el Ministerio Público (MP, Fiscalía) «va a investigar si no tiene el nombre la víctima, ni dónde ocurrió el hecho ni cuándo ocurrió», se preguntó el funcionario, para luego lamentar que en ese contexto, la ONG internacional «salga a decir que las autoridades de Panamá no están cumpliendo con su función».
«Lamentablemente lo que están haciendo es entorpeciendo la función de las diferentes instituciones en Panamá», no solo las judiciales, sino también las sanitarias para el apoyo médico y sicológico, porque ¿cómo las instituciones le dan seguimiento a un caso grave de un delito si no tenemos el nombre de la víctima?, dijo.
Según Sucre, MSF argumenta que no entregan la información para «salvaguardar la integridad de la víctima, y que tienen que guardar el secreto de la víctima si la víctima lo desea», lo que constituye un «problema» porque en Panamá «la autoridad judicial es el MP, y si la víctima llega al MP y le dice que no quiere poner ninguna denuncia o que no quiere que se investigue, ya es un asunto entre el MP y la víctima».
«Pero además no es correcto que el individuo que agredió, que ese violador siga dentro de la masa migrante, violando a otros, o que quede suelto en Panamá o que emigre a otros países a hacer lo mismo».
Sobre la posibilidad de renovar el convenio con MSF, firmado en el 2021 y prorrogado en el 2023, según dijo Sucre, señaló que «todas las otras instituciones» que intervienen en la gestión de la crisis migratoria en el Darién están «haciendo una evaluación del cumplimiento de la normativa panameña» por parte de la organización.
El pasado 7 de marzo, MSF informó que tres días antes se había visto «obligada a suspender toda actividad médica para la población migrante en el Darién por orden de las autoridades panameñas, que alegan que actualmente MSF no cuenta con un convenio de colaboración vigente con el Ministerio de Salud».
En un comunicado, MSF señaló que estaban «enormemente preocupados por las consecuencias que la suspensión tiene sobre la población migrante», especialmente luego de que «en febrero, la organización denunció nuevamente el aumento de los ataques brutales y la violencia sexual en la selva».
«La situación en el Darién con respecto a la población migrante es bastante compleja. Actualmente tenemos una variante de 1.200 a 1.500 migrantes por día» que llegan a las estaciones de atención panameñas «y va en una curva ascendente», lo mismo que suben los requerimientos de alimentación, salud y seguridad, dijo Sucre.
Panamá es el único país del continente que ofrece atención médica y de alimentación a los migrantes irregulares, a los que además toma datos biométricos. EFE
