La delegación de México utilizó el segmento de alto nivel del Consejo de Derechos Humanos de la ONU para reivindicar el papel de las comunidades migrantes en los países de acogida y pedir que se respeten los derechos humanos de esas comunidades, ante las amenazas de deportaciones provenientes de EEUU.
«Hacemos un llamado para que cualquier retorno de personas migrantes cumpla con el derecho internacional y respete el interés superior de la niñez, el principio de no devolución, las garantías procesales y la prohibición de expulsiones colectivas», destacó en Ginebra el subsecretario de Asuntos Multilaterales mexicano, Enrique Javier Ochoa.
«Cada año millones de personas migran y sólo una minoría de ellas recurren a canales irregulares, pero desafortunadamente estos casos reciben toda la atención mediática, lo que distorsiona la percepción de la migración, debilita su gobernanza y alimenta discursos de odio con fines políticos», afirmó.
Ochoa defendió que los migrantes son una gran aportación en los países de acogida, subsanando sus déficits de mano de obra, y recordó que «durante la pandemia de Covid-19 fueron cruciales para mantener la economía de una buena parte de los países que hoy violan sus derechos».
El Consejo de Derechos Humanos «no puede permanecer indiferente y debe exponer y prevenir estas violaciones», subrayó, recordando que México es uno de los países con más solicitudes de asilo a nivel mundial.
Ochoa también manifestó durante su intervención la inquietud de México por la gran entrada ilegal de armamento al país, al que «ingresan anualmente de forma ilícita unas 200.000 armas de fuego procedentes de Estados Unidos».
En México inquietan las deportaciones masivas prometidas por el presidente estadounidense Donald Trump, porque los mexicanos son cerca de la mitad de los once millones de indocumentados en Estados Unidos.
Sus remesas representan casi el 4% del producto interior bruto de México, que en 2024 recibió en este sentido una cifra récord de casi 65.000 millones de dólares.
