Dictador, tirano, déspota, sátrapa. Todos son sinónimos de autócrata, término que la Real Academia Española define como: “la persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado”.
A pesar de que en el imaginario colectivo y en los referentes históricos se suele identificar rápidamente a los dictadores y autócratas como figuras que toman el poder por la fuerza utilizando mecanismos antidemocráticos, en la actualidad han surgido nuevas formas de construir y sostener una dictadura sin que sea fácilmente clasificable. Se trata de una variante “que imita la democracia al mismo tiempo que la socava”, como lo explica el académico Moisés Naím en su más reciente libro La revancha de los poderosos.
En estos gobiernos, se utilizan los mecanismos de la democracia, como las elecciones, no solo para llegar al poder sino para mantenerse en él, corrompiendo el sistema desde adentro y enfocándose sobre todo en lograr el control total y el desmantelamiento de los sistemas de contrapesos fundamentales para el equilibrio democrático.
¿Cuáles son los pasos que siguen estos autócratas en la actualidad para convertirse de manera efectiva en amos del Estado? Como si se tratara de un manual, se enfocan en cuatro frentes: atacan a la justicia hasta desmantelarla, restringen el espacio cívico, usan la fuerza contra cualquiera que se oponga a sus ambiciones y se valen de los poderes presidenciales para excederse en el ejercicio de sus funciones.
Este reportaje busca responder de manera detallada a las preguntas de ¿cómo lo hacen?, ¿cómo llegan y se mantienen en el poder? En cuatro capítulos se explicarán y ejemplificarán los mecanismos que han utilizado algunos dirigentes latinoamericanos en el siglo XXI para llegar al poder y mantenerse en él, con tendencias y actuaciones autoritarias.
Capítulo 1 | Cooptación del sistema judicial:
Una vez que los autócratas modernos logran llegar al poder comienza la carrera por evitar a toda costa que se lo arrebaten. Uno de los principales obstáculos con los que se encuentran en esa carrera es el sistema de justicia, por lo que interferir hasta acabar con la independencia judicial se convierte en una de las prioridades. Reformas judiciales, procedimientos para destituir a jueces incómodos y reemplazarlos por leales al mandatario de turno, sobornos y ataques a magistrados y jueces son algunos de los mecanismos de los cuales se valen.
En este capítulo analizaremos cómo lo hicieron y siguen haciendo los autócratas en Venezuela, El Salvador y Nicaragua, y cómo en Guatemala un sistema judicial corrompido puso en riesgo el orden democrático al intentar desconocer el triunfo de Bernardo Arévalo en las elecciones presidenciales.
VENEZUELA
La Constituyente impulsada por Hugo Chávez a su llegada a la presidencia en 1998 cambió por completo el sistema de poderes públicos en Venezuela. Esto le permitió al chavismo ubicar en cargos clave a funcionarios leales, comenzando así a erosionar la separación de poderes.
Una de las primeras personas que lo advirtió fue la magistrada Cecilia Sosa, quien presidía la Corte Suprema de Justicia en esos años. El 24 de agosto de 1999 presentó su renuncia, negándose a subordinarse a la Constituyente de Chávez, y denunció el fin del Estado de derecho.
Este proceso para socavar la independencia judicial se aceleró en 2004 con la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que modificó la composición de la máxima corte, ampliando sus integrantes de 20 a 32 magistrados. La Asamblea Nacional, de mayoría chavista, fue la encargada de designar por mayoría simple a estos nuevos jueces y sus suplentes.
La reforma a la ley también otorgó al chavismo la facultad de destituir a magistrados del TSJ sin la mayoría calificada de dos tercios exigida por la Constitución.
En ese entonces, Human Rights Watch (HRW) comenzó a encender las alertas sobre la amenaza que había contra la independencia del Poder Judicial en Venezuela. La organización internacional denunció que Chávez estaba “manipulando el sistema para favorecer sus propios intereses”.
El caso Afiuni
El ejemplo más claro de cómo Hugo Chávez se propuso poner a la justicia de rodillas llegaría unos años más tarde, en 2009, cuando ordenó abiertamente el encarcelamiento de una jueza por emitir un fallo que no fue de su agrado.
El calvario de la jueza María Lourdes Afiuni comenzó el 10 de diciembre de 2009, cuando decidió cumplir una instrucción del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de Naciones Unidas y aprobar una medida cautelar para dejar en libertad al exbanquero Eligio Cedeño, quien había sido arrestado tras convertirse en enemigo de Chávez por brindar apoyo financiero a líderes opositores.
Tras emitir su fallo, agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) detuvieron a la jueza Afiuni, sin que hubiese una acusación o proceso en su contra.
Al día siguiente, el propio Chávez tomó el caso como personal y en cadena nacional de radio y televisión reclamó el mayor castigo para la jueza Afiuni, a la que calificó como “bandida”: “Yo exijo dureza contra esa jueza (…) Es mucho, mucho más grave un juez que libera a un bandido que el bandido mismo. Entonces habrá que meterle pena máxima a esta jueza y a los que hagan eso. ¡Treinta años de prisión pido yo a nombre de la dignidad del país!”, exclamó el mandatario.
Su caso llegó a Naciones Unidas, que expresó su alarma y declaró que su detención era arbitraria. “Las represalias por ejercer funciones constitucionalmente garantizadas y la creación de un clima de temor en el poder judicial y en los abogados no sirve a otro propósito que el de socavar el Estado de derecho y obstruir la justicia”, advirtieron varios expertos de la ONU.
La jueza fue encarcelada en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), una cárcel para mujeres donde sufrió malos tratos y abusos sexuales por parte de internas y custodios.: «A mí me vaciaron el útero, porque lo tenía vuelto mierda. Pero no contentos con eso, se me destruyó la vejiga, la vagina y el ano. Yo estoy reconstruida (…) Tengo la cuarta parte del seno comprometida por el coñazo (golpe) que me dieron en el penal con una bota”, denunció Afiuni.
El Gobierno negó estas graves acusaciones y envió a Ginebra a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, a desmentir ante Naciones Unidas el testimonio de la jueza Afiuni, negando que hubiese sido violada en prisión. «Lamentamos que este foro se convierta en un espacio para difundir sus verdades subjetivas, muchas de ellas falsedades o sustentadas en información no válida», dijo la fiscal ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
En 2011, un tribunal dispuso el arresto domiciliario de Afiuni, luego de que Amnistía Internacional y Human Rights Watch denunciaran las condiciones «inhumanas» en las que se encontraba detenida. Pero ni siquiera la muerte de Chávez en 2013 hizo que el chavismo se detuviera en sus excesos y su calvario se ha prolongado hasta la actualidad.
Una década después de que Chávez ordenara su encarcelamiento, en marzo de 2019 un tribunal condenó a la jueza Afiuni a cinco años más de reclusión por «corrupción espiritual», un delito inexistente en la legislación venezolana.
La reelección indefinida
Tomar el control del Tribunal Supremo de Justicia le permitió a Hugo Chávez tener el aval para avanzar en su objetivo de modificar la Constitución e implantar la reelección indefinida en el país.
En 2007 Chávez intentó una primera reforma constitucional para instaurar un “Estado socialista”. La reforma buscaba modificar más de treinta artículos de la carta magna, entre ellos el 230 que establecía que “el período presidencial es de seis años. El Presidente o Presidenta de la República puede ser reelegido o reelegida, de inmediato y por una sola vez, para un nuevo período”.
Sin embargo, este proyecto de reforma fue rechazado contundentemente por los venezolanos , en un referendo el 2 de diciembre de ese año, con el 51% de los votos en contra. La elección significó la primera vez que Chávez sufría una derrota desde su llegada al poder.
Aunque reconoció su revés, Chávez calificó como “pírrica” y “de mierda” la victoria de la oposición, y amenazó con “una nueva ofensiva con la propuesta de reforma”.
Y así lo hizo un año después. El 30 de noviembre de 2008, Chávez ordenó a sus seguidores activar un proceso de enmienda para modificar la Constitución con el objetivo de poder postularse como candidato a un tercer mandato de seis años en las elecciones presidenciales de 2012.
El artículo 345 de la carta magna señala que “la iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional”. Por esta razón, se presentaron dos recursos ante el TSJ para que se suspendiera la enmienda impulsada por Chávez, al considerar que este tema ya había sido rechazado en referendo.
Sin embargo, ambos recursos fueron desestimados por los magistrados, que dieron su aval para avanzar con la enmienda a la Constitución, que finalmente fue aprobada en referendo con el 54% de los votos, estableciendo así la reelección indefinida no solo al presidente de la república, sino también a gobernadores y alcaldes.
Los magistrados exprés
A partir del año 2015, cuando la oposición ganó una mayoría de dos tercios en las elecciones legislativas, el régimen chavista -ya con Nicolás Maduro en el poder, tras la muerte de Chávez- entendió que debía completar su control total de las instituciones, ante el aumento del descontento popular que se evidenciaba en las urnas de votación.
Es así como en diciembre de ese año, pocos días antes de ocurrir la asunción de los nuevos diputados electos, la legislatura saliente de mayoría chavista llevó adelante un proceso exprés e irregular de designación de 13 magistrados del TSJ, con el objetivo de llenar algunas vacantes y renovar otros que estaban por vencerse, para evitar que esta responsabilidad quedara en manos del nuevo Parlamento opositor.
Así, el chavismo se aseguró de poner en estos puestos, por un periodo de 12 años, a jueces leales, muchos de los cuales no cumplían los requisitos establecidos en la Constitución y las leyes para poder llegar al máximo Tribunal.
La ONG Acceso a la Justicia denunció que sólo cuatro de los 13 magistrados “exprés” cumplían los requisitos para ser designados. Los nueve restantes no cumplían con los requisitos para acceder al cargo, entre los que se encontraban el haber ejercido la abogacía por al menos quince años, tener un título de postgrado en Derecho y no tener militancia política.
Con esta nueva composición del TSJ, prácticamente en su totalidad integrado por magistrados leales al régimen, el máximo tribunal comenzó a convertirse en un brazo ejecutor de las arbitrariedades del régimen.
Una de sus primeras decisiones fue obstruir el funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional de mayoría opositora, a la que se le ordenó no juramentar a los diputados electos en el estado Amazonas por supuestas irregularidades en los comicios, que nunca se comprobaron. Ante la negativa del Parlamento a cumplir con esta decisión, el TSJ lo declaró en “desacató” y estableció que todos sus actos serían considerados “nulos”, impidiendo así la aprobación de nuevas leyes.
Pero el mayor zarpazo ocurrió en abril de 2017, cuando la Sala Constitucional del TSJ emitió dos sentencias en las que arrebataba al Parlamento sus competencias.
En concreto, la Sentencia 156 establecía que “mientras persista la situación de desacato y de invalidez de las actuaciones de la Asamblea Nacional, esta Sala Constitucional garantizará que las competencias parlamentarias sean ejercidas directamente por esta Sala o por el órgano que ella disponga, para velar por el Estado de Derecho”.
Esta acción fue considerada un “golpe al Parlamento”, despertó el repudio de la comunidad internacional y desató una ola de protestas antigubernamentales en todo el país, que se prolongaron por cinco meses y enfrentaron una feroz represión, que dejó más de un centenar de fallecidos.
La ruptura del orden constitucional
Las sentencias del TSJ contra la Asamblea Nacional consiguieron también el repudió de una figura poderosa, que hasta la fecha se había mantenido leal al régimen: la fiscal general Luisa Ortega Díaz.
«Se evidencian varias violaciones del orden constitucional y desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela», afirmó la fiscal general durante la presentación del balance de gestión del Ministerio Público en marzo de 2017.
Tras pronunciarse sobrela ruptura del orden constitucional, Ortega Díaz se convirtió en una de las principales enemigas del régimen de Maduro. Su despacho comenzó a denunciar la represión que se registraba en las protestas callejeras y a investigar los crímenes cometidos por funcionarios policiales y militares.
Uno de los casos más notorios fue el del joven estudiante de la Universidad Metropolitana, Juan Pablo Pernalete, quien murió el 28 de abril de 2017 durante la represión a las protestas que se registraban en Altamira, al Este de Caracas. Desde el gobierno nacional se intentó instalar la versión de que la muerte había sido provocada por sus propios compañeros, con una pistola de perno. Sin embargo, la fiscal Ortega Díaz ofreció una rueda de prensa y confirmó que el joven había sido asesinado por el disparo de una bomba lacrimógena a quemarropa en su pecho, que le hizo explotar el corazón.
Viéndose cercado por la ola de protestas, con la Asamblea Nacional controlada por la oposición y ahora con una fiscal general adversa, el régimen de Maduro optó por convocar una nueva Asamblea Nacional Constituyente.
Luego de unas elecciones consideradas fraudulentas, la nueva Constituyente asumió funciones en la sede del Palacio Federal Legislativo, desplazando a la Asamblea Nacional opositora, y su primera decisión fue destituir a Luisa Ortega Díaz de su cargo como fiscal general. En su lugar fue designado Tarek William Saab, un exdiputado y exgobernador chavista que estaba al frente de la Defensoría del Pueblo.
Ortega Díaz tuvo que exiliarse del país y desde el exterior continuó denunciando los abusos del régimen de Maduro, incluso ante la Corte Penal Internacional (CPI) por las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Venezuela.
El fiscal de la maquinaria represiva
Desde su imposición en la Fiscalía General de la República, Tarek William Saab se ha convertido en un brazo ejecutor de la maquinaria represiva del régimen. Así lo ha documentado la Misión Internacional de Determinación de Hechos de la ONU (FFM, por sus siglas en inglés) en sus informes sobre presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.
“El Ministerio Público sigue operando como parte de la maquinaria represiva del Gobierno para otorgar apariencia de legalidad a la persecución de voces críticas”, señaló la FFM en su actualización del 20 de marzo de 2024 ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, en Ginebra.
Desde su despacho, Saab ha impulsado investigaciones penales y ha solicitado órdenes de captura contra destacados líderes opositores que desafían la permanencia de Maduro en el poder. Uno de ellos fue el expresidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora Juan Guaidó, quien en abril de 2023 tuvo que huir al exilio luego de que se abrieran alrededor de 30 causas penales e investigaciones en su contra.
Más recientemente, la ofensiva de la Fiscalía venezolana se ha enfocado en desmantelar el equipo de trabajo de la líder opositora María Corina Machado, luego de su triunfo en las elecciones primarias de la oposición del 22 de octubre de 2023. En el primer trimestre de 2024, fueron detenidos los jefes de campaña regionales de Machado en los estados Vargas, Trujillo, Yaracuy y Barinas. También fueron arrestados los coordinadores nacionales de política y organización de su partido, Dignora Hernández y Henry Alviarez, y se emitieron órdenes de captura contra su jefa nacional de campaña, Magalli Meda; su coordinadora de comunicaciones, Claudia Macero; su coordinador internacional, Pedro Urruchurtu; el coordinador electoral, Humberto Villalobos y otros tres colaboradores.
Las operaciones para capturar a los dirigentes opositores se ejecutan sistemáticamente violando el debido proceso y otros derechos humanos fundamentales. En este contexto, el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre Desapariciones Forzadas denunció “un aumento alarmante de desapariciones forzadas de ciudadanos que ejercen sus derechos a la libertad de expresión, asociación y participación en asuntos de interés público. En su mayoría, las personas desaparecidas forzadamente son miembros del principal partido político de oposición, así como miembros del ejército”.
Los expertos de la ONU advirtieron que en un contexto electoral “las desapariciones forzadas podrían tener un efecto paralizador y obstaculizar el derecho del pueblo a votar libremente”.
El boqueo electoral
Pero además de la Fiscalía, también el Tribunal Supremo de Justicia ha operado en el contexto electoral contra partidos y líderes opositores, para despejar el camino a Maduro, especialmente de cara a las elecciones presidenciales de 2024.
El 26 de enero de 2024 la Sala Político Administrativa del TSJ ratificó la inhabilitación política impuesta de forma administrativa por la Contraloría General de la República contra el exgobernador de Miranda y dos veces candidato presidencial Henrique Capriles Radonski, que le impide ejercer cargos públicos por 15 años.
Ese mismo día el TSJ también declaró “improcedente” la solicitud de amparo cautelar presentada por María Corina Machado y declaró “sin lugar la demanda de reclamación” contra la inhabilitación administrativa impuesta por la Contraloría a la líder opositora, también por 15 años. Machado aseguró que el fallo “no se puede llamar sentencia, ni siquiera es una decisión arbitraria. Esto se llama delincuencia judicial”, pues nunca se le permitió a su defensa acceder al expediente ni presentar pruebas.
El TSJ también ha intervenido en los últimos años más de una decena de partidos políticos opositores y partidos de izquierda, como el histórico Partido Comunista de Venezuela (PCV), que apoyaba a Hugo Chávez, pero luego abiertamente manifestaron su diferencia con el rumbo que tomaba el gobierno de Maduro. Así, el Tribunal Supremo les impuso juntas directivas ad hoc leales al régimen, y despojó a sus autoridades legítimas de su representación legal y de la potestad para postular candidatos en las elecciones.
Tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, el Consejo Nacional Electoral (CNE) -controlado por el régimen- proclamó ganador a Nicolás Maduro, otorgándole el 51.2% de los votos y al candidato unitario de la oposición, Edmundo González Urrutia, el 44.2%. Sin embargo, el CNE nunca publicó los resultados desagregados por cada mesa electoral, como le obligaba la ley.
Por el contrario, la oposición logró recolectar más del 85% de las actas de escrutinio que imprimieron las máquinas de votación del CNE en cada mesa electoral y con ellas comprobó el triunfo de González Urrutia con 7.443.584 votos (67%) frente a 3.385.155 votos (30%) de Maduro. Las actas fueron escaneadas y publicadas en el portal www.resultadosvzla.com.
Diversos sectores de la oposición y del chavismo disidente acudieron ante el TSJ para denunciar el fraude electoral y pedir que se le ordenara al CNE la publicación de los resultados desagregados, que permitieran una auditoría por parte de organismos independientes. Sin embargo, el TSJ rechazó estos recursos. Por el contrario, sí aceptó un recurso presentado por el propio Maduro para avalar los resultados proclamados por el CNE sobre su supuesta victoria.
EL SALVADOR
El proceso para lograr la cooptación de la justicia en El Salvador tiene un antecedente puntual en el año 2020: la presión a la Asamblea Legislativa para que aprobara un presupuesto para proyectos de seguridad, específicamente para el llamado Plan de Control Territorial, con el que se pretendía luchar contra las pandillas en el país.
Esta presión tuvo su momento culminante cuando el domingo 9 de febrero de 2020, tras una convocatoria a plenaria extraordinaria hecha por el Consejo de Ministros, el presidente Nayib Bukele protagonizó la toma del recinto legislativo con apoyo de los militares y presencia de sus seguidores en las calles. En una demostración de poder y de fuerza, Bukele se sentó incluso en la silla del presidente de la cámara, quien no asistió a la plenaria, y desde allí dijo que si él quisiera podría aprobar en ese momento el presupuesto que necesitaba.
Bukele utilizó esta puesta en escena para construir la narrativa de que los diputados estaban en contra del pueblo e ir preparando así el camino para una victoria en las elecciones legislativas del año próximo. De hecho, ese día afirmó: “el 28 de febrero todos esos sinvergüenzas van a salir por la puerta de afuera y los vamos a sacar democráticamente”, refiriéndose al día de las elecciones legislativas en 2021.
El abogado constitucionalista Jonathan Sisco, miembro de la organización salvadoreña Cristosal, explica que, en El Salvador, el poder Ejecutivo y el poder Legislativo son órganos políticos, a diferencia del órgano de justicia, que es de carácter técnico y su función principal es la de proteger la constitución, defenderla. En el proceso de cooptación de la justicia, el poder político se apropia del órgano de justicia; por esta razón resulta determinante fijar la mirada en cómo los líderes autocráticos utilizan estos órganos políticos – como el legislativo- en su camino y estrategia para hacerse con el poder judicial. Sisco lo sintetiza de la siguiente manera: “Se da un fenómeno de politización de la justicia en el que funcionarios nombran a algunos jueces que son amigos y el juez ya no responde a las razones de la ley y la constitución sino a intereses políticos”.
Ese mismo 9 de febrero de 2020, Bukele también amenazó con una insurrección popular si la Asamblea Legislativa no aprobaba los recursos que pedía. Dijo: “Démosle una semana a estos sinvergüenzas. Los convocamos de nuevo si no aprueban el plan. Y si no, yo no me voy a poner entre el pueblo y el artículo 87 de la Constitución. Quedará en sus manos».
El artículo de la Constitución al que hacía referencia dice de manera textual: “Se reconoce el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.
El empeño de Bukele por conseguir la aprobación del presupuesto para su plan de seguridad de manera casi inmediata tenía que ver con que esta fue una de sus principales promesas de campaña; acabar con las bandas criminales y pacificar el país. Sin embargo, para poder aprobarlo, la Asamblea exigía datos para garantizar el correcto manejo de los recursos y el Ejecutivo interpretaba estas solicitudes como dilaciones con las que no estaba dispuesto a lidiar, a pesar de que forman parte de la función contralora del Poder Legislativo.
En medio de este escenario, en septiembre de ese mismo año, en 2020, el medio independiente El Faro reveló que Bukele habría estado negociando con pandilleros desde junio de 2019, entregándoles privilegios en prisión a cambio de la reducción de los homicidios y proselitismo con miras a las elecciones parlamentarias de 2021.
La actuación de la Fiscalía y la Sala Constitucional
Tras la revelación de El Faro, la Fiscalía General, a cargo del fiscal Raúl Melara, comenzó a investigar las supuestas negociaciones del Gobierno con las pandillas; los fiscales llegaron a las cárceles en busca de información y también iniciaron investigaciones sobre contratos irregulares en la gestión de la pandemia. Además del Poder Legislativo, con mayoría opositora a Bukele, el Poder Judicial estaba comenzando a ser igualmente incómodo al Gobierno.
La sala de lo Constitucional anuló algunas de las medidas para combatir la pandemia por considerarlas inconstitucionales e instó a la Asamblea Legislativa y al Gobierno a acordar normativas apegadas a la Constitución. Pero no hubo acuerdo entre ambos ya que la Asamblea señalaba que había falta de transparencia en el manejo de fondos y supuestas violaciones a derechos humanos y Bukele prefirió poner en marcha las medidas mediante decretos ejecutivos emitidos desde el Ministerio de Salud, sin una ley de emergencia nacional o estado de excepción como respaldo.
En medio de esta polémica, Bukele acusó a los jueces de la Sala Constitucional de genocidas y de actuar en contra del pueblo salvadoreño. Incluso llegó a decir: “si yo fuera dictador, los hubiera fusilado a todos (…) salvar mil vidas a cambio de 5 (refiriéndose a los cinco jueces de la Sala de lo Constitucional)”.
La destitución del Fiscal General, de magistrados y políticos en el exilio
El 1 de mayo de 2021, en la instalación de la nueva Asamblea Legislativa, ahora de mayoría oficialista y con un presidente (Ernesto Castro) que había sido secretario privado de Nayib Bukele, se destituye al Fiscal Raúl Melara por una supuesta falta de «objetividad, independencia e imparcialidad». Al mismo tiempo, se destituyó a los cinco magistrados de la Sala Constitucional que habían sido amenazados previamente y cuyo periodo estaba vigente hasta 2027. Para la destitución de estos, se alegó que supuestamente habían actuado de forma inconstitucional al oponerse a decretos del Ejecutivo sobre la gestión de la pandemia.
El abogado constitucionalista Jonathan Sisco explica que hay una razón de peso y un sentido detrás del hecho de que la vigencia del mandato del órgano judicial sea mayor al del Legislativo y Ejecutivo. “Lo que se busca procurar es que, aunque cambien las mayorías políticas coyunturales y las correlaciones de fuerza, el órgano de justicia se mantenga con las mismas personas y que dentro del juego político se respeten los márgenes establecidos en la Constitución”. En El Salvador el Legislativo se renueva cada tres años; el Ejecutivo cada cinco y el Judicial cada nueve años.
Suecy Callejas, vicepresidenta del órgano -ya de mayoría oficialista-, fue la encargada de presentar la iniciativa para destituir a los funcionarios. «Es evidente que los miembros de dicho tribunal no están a la altura de las necesidades de El Salvador, que claramente necesita funcionarios más conscientes, más apegados a la protección de la vida de las personas y es que, sin la vida, no existen más derechos constitucionales», dijo.
El presidente Bukele apoyó la medida públicamente a través de sus redes sociales. Dijo que la destitución de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, por parte de la Asamblea Legislativa “es una facultad incontrovertible expresada claramente en el artículo 186 de la Constitución de la República”.
La condena de la comunidad internacional
Michelle Bachelet, quien fungía como Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció que el procedimiento seguido para cesar a todos los jueces de la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general no cumplió con los estándares requeridos sobre el debido proceso, por lo que lo consideró una “infracción de la ley internacional de derechos humanos y un ataque directo a la independencia judicial, clave para el funcionamiento democrático”. Advirtió también que la decisión de la Asamblea socava gravemente la democracia y el estado de derecho. “La separación de poderes es la piedra angular de cualquier democracia. Debilitar el control que uno ejerce sobre el otro provoca la erosión de los pilares del estado de derecho y, por ende, del sistema democrático de un país”, afirmó la Alta Comisionada en un comunicado público.
La medida encendió las alarmas de la comunidad internacional que vio en esto un paso hacia la concentración de poder en El Salvador. No solo lo condenó la Organización de Naciones Unidas sino también la organización Human Rights Watch y la presidencia estadounidense a través del Departamento del Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.
Para los diputados opositores, ahora en minoría, se trató de un golpe de Estado, pero el presidente Nayib Bukele lo consideró una “limpieza”.
Las acciones de los funcionarios designados por el oficialismo
Según una investigación realizada por El Faro y la organización Insight Crime, el nuevo fiscal general designado por el oficialismo, Rodolfo Delgado, trabajó en la defensa de uno de los principales colaboradores de la Mara Salvatrucha (MS13) y una de sus principales decisiones una vez que llegó a la fiscalía fue desarticular la Comisión Especial de Investigación que perseguía a este colaborador de la MS13, excliente de Delgado.
Otra de las decisiones del nuevo Fiscal General fue poner fin al acuerdo de cooperación con la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador (Cicies), creada en 2019 por medio de un acuerdo firmado entre la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Gobierno de El Salvador.
Jueces, magistrados, fiscales y abogados en el exilio
La arremetida del “bukelismo” a través del Ejecutivo y del Legislativo contra las instituciones del sistema de justicia llevó a varios jueces y fiscales a tener que huir del país tras haber sido víctimas de intimidación y persecución o por miedo a ser perseguidos o recibir acoso y represalias.
Uno de los casos confirmados es el del exfiscal Germán Arriaza, quien fue director contra la Corrupción y la Impunidad desde febrero de 2019 hasta el 5 de mayo de 2021, cuando tuvo que salir del país según él mismo reveló a la agencia de noticias Reuters.
Desde el exilio, Arriaza denunció que su equipo recopiló evidencia documental y fotográfica de que el gobierno de Bukele llegó a un acuerdo con las pandillas (Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18) en 2019 para reducir las tasas de asesinatos y ayudar al partido gobernante Nuevas Ideas a ganar las elecciones legislativas en febrero.
Arriaza contó que el 5 de mayo de 2021, cuatro días después de que la Asamblea destituyera al fiscal general y a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el nuevo fiscal general, Rodolfo Delgado, lo llamó para preguntar qué investigaciones llevaba en contra del gobierno y se le notificó que había sido relegado a asesor de la escuela de capacitación fiscal. Dijo que inmediatamente después de esa reunión, huyó del país para vivir en el extranjero, ya que temía que hubiese represalias de parte del gobierno de Bukele por haber iniciado la investigación que reveló el acuerdo con las pandillas. Arriaza aseguró, además, que los otros fiscales de la unidad anticorrupción también tuvieron que exiliarse.
Otro de los casos es el de Rodolfo González, uno de los magistrados de la Sala Constitucional que fue destituido. Un año y medio después de esa destitución, el exmagistrado le confirmó a la Voz de América que se encontraba en el exilio.
El de Bertha María Deleón es otro de los casos más conocidos del exilio salvadoreño. Deleón fue abogada de Nayib Bukele desde antes de que este llegara a la presidencia, pero la relación se fue debilitando hasta llegar a su punto de quiebre en febrero de 2020, cuando Deleón criticó públicamente la toma del Parlamento por parte de Bukele, quien según ella misma relata, la bloqueó de la red social Twitter por considerar esa crítica pública como un insulto. “Nunca más volvió a contestarme”, aseguró Deleón en entrevista con la revista Factum.
Desde septiembre de 2021, Deleón cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, que considera que la abogada se encuentra en una situación de “gravedad y urgencia” por ser una voz crítica del Gobierno de Bukele.
Actualmente, Deleón reside en México en calidad de refugiada.
La reelección consecutiva
Sin embargo, para los autócratas, cooptar la justicia es solo un paso necesario en el camino para lograr el fin último: mantenerse en el poder. Y esa pretensión salió rápidamente a la luz en El Salvador cuando el 3 de septiembre de 2021, cuatro meses después de la instalación de la Asamblea oficialista, la nueva Sala Constitucional cooptada emitió un fallo que facultaba la reelección presidencial consecutiva, pese a que la Constitución expresamente lo prohíbe en los artículos 88 y 152.1.
Art. 88.-
La alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República es indispensable para el mantenimiento de la forma de gobierno y sistema político establecidos. La violación de esta norma obliga a la insurrección.
Artículo 152:
No podrán ser candidatos a Presidente de la República:
1º.- El que haya desempeñado la Presidencia de la República por más de seis meses, consecutivos o no, durante el período inmediato anterior, o dentro de los últimos seis meses anteriores al inicio del período presidencial.
El mismo Bukele, en el año 2013 antes de ser candidato presidencial, explicó en un programa de televisión que la Constitución salvadoreña prohibía la reelección consecutiva como una manera de blindarse ante cualquier pretensión de perpetuación del poder. Decía que la carta magna no permite que una misma persona sea presidente dos veces seguidas. “Puede ser presidente ochenta veces si quiere, pero no seguidas, entonces eso es para garantizar que no se mantenga en el poder y que él ocupe (utilice) su poder para mantenerse en el poder ”. No sólo lo dijo en el año 2013, sino también en marzo de 2021 cuando ya era Presidente. En la entrevista que concedió al creador de contenidos en Youtube Luis Arturo Villar Sudek, conocido como “Luisito Comunica”, Bukele afirmó: no hay reelección y yo estaría fuera de la presidencia a los 42 años (en el año 2024).
Para avanzar con esta jugada política ejecutada por la justicia cooptada, los jueces consideraron en su fallo a favor de la reelección que era errada la interpretación del artículo 152 de la Constitución, ya que según argumentaron, el texto constitucional no se corresponde con los tiempos actuales. Dijeron: “lo único cierto de la sociedad es que cambia constantemente y no se puede esperar que las disposiciones constitucionales tengan un significado estático que con el paso del tiempo pueda volverse restrictiva y poco garantista (…)”.
Tras la decisión de la Sala Constitucional, que ordenó al Tribunal Supremo Electoral “dar cumplimiento a la presente resolución en lo relacionado a permitir de conformidad con el artículo 152 ordinal 1.° que una persona que ejerza la Presidencia de la República y no haya sido presidente en el período inmediato anterior participe en la contienda electoral por una segunda ocasión”, el presidente Nayib Bukele anunció en 2022 su intención de ser candidato a la reelección en las elecciones de 2024.
En medio de este escenario, con los poderes públicos cooptados y leales al Ejecutivo, con el amplio margen de aprobación con el que contaba el presidente Nayib Bukele (hasta el 90%), su reelección en febrero de 2024 no fue una sorpresa y obtuvo 84,6% de los votos de los ciudadanos, quienes le otorgaron la victoria para que gobernara el país durante cinco años más y ahora con todo el poder de la Asamblea, dado que en estos comicios, en los que también se eligió a los diputados, el partido de gobierno, Nuevas Ideas, ganó 54 escaños de los 60 de la Asamblea Legislativa.
¿Qué implica gobernar con todo el poder de la Asamblea?
Con estos 54 diputados, el partido de Bukele sobrepasa la cantidad necesaria para la mayoría simple (31 diputados) y asegura las mayorías calificadas de dos tercios (40 diputados) y tres cuartos (45 diputados), con los que podrían aprobar préstamos, autorizar emisión de deuda, aprobar regímenes de excepción y nombrar fiscales, miembros del Tribunal Supremo Electoral, de la Corte Suprema de Justicia y firmar tratados internacionales, así como también realizar reformas constitucionales, que algunos temen podrían implicar eventualmente una modificación a las cláusulas “pétreas”, que establecen la prohibición de enmiendas en asuntos específicos como lo relacionado a la alternabilidad del poder.
Reformas constitucionales
En abril de 2024, apenas dos meses después de la cuestionada reelección de Nayib Bukele, el Congreso salvadoreño – de mayoría oficialista- aprobó cambios para facilitar reformas a la Constitución. En el artículo 248 de la Carta Magna se establece un mecanismo de protección con el cual es necesario que cualquier reforma constitucional sea ratificada por el Congreso posterior; que no sean solo quienes procuren o propongan las modificaciones los únicos responsables de que esto se concrete sino que haga falta que también los nuevos diputados otorguen el visto bueno y así garantizar que se trata de un cambio que va más allá de una coyuntura o de los intereses de un grupo político en particular.
Sin embargo, ignorando esta intención, los diputados del partido de gobierno solicitaron la reforma de dicho artículo en función de que sea posible cambiar la constitución en una misma legislatura con el voto de las tres cuartas partes de los diputados electos y, efectivamente, con el apoyo de 66 de los 84 diputados del Congreso de El Salvador, se aprobó que ahora la Constitución pueda ser reformada a través de dos vías: la tradicional, con la ratificación de la siguiente legislatura, o en el mismo periodo con una mayoría de tres cuartos de los diputados electos.
Para el constitucionalista Jonathan Sisco, este paso “le permite a Bukele y sus aliados manipular la Constitución a su antojo, ya que por 3 años podrán modificar la Constitución de forma instantánea”. El experto explica que el artículo modificado, el 248, es una de las llamadas cláusulas pétreas también conocida como cláusula de intangibilidad que impone límites formales y materiales a los poderes constituidos con el objetivo de proteger a la Constitución para que no sea modificada a conveniencia de quienes ostentan el poder político.
El riesgo, advierte Sisco, es que “Bukele podría promover una reforma para su reelección tal como sucedió en Venezuela, Nicaragua y en otros países. También podrían promover reformas regresivas en materia de derechos, cambiar el Tribunal Supremo Electoral y otras instituciones claves del Estado”.
NICARAGUA
En Nicaragua la cooptación del sistema judicial por parte del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) fue un proceso paulatino que inició antes de que Daniel Ortega volviera al poder en 2007.
La doctora María Asunción Moreno Castillo, quien fue directora de la carrera de Derecho y coordinadora académica del programa de Doctorado en Derecho en la Universidad Centroamericana (UCA), explica que tras el fin de la denominada “Revolución Sandinista”, en 1990, con el triunfo de Violeta Chamorro, inició en el país un proceso de reinstitucionalización del país, en particular de las Fuerzas Armadas, la Policía y el sistema judicial. Sin embargo, esto se vio truncado tras la llegada de Arnoldo Alemán a la presidencia, en 1997, quien establece un pacto con Ortega, que le permite al sandinismo volver a acumular poder.
“Un pacto que no fue obviamente al servicio de la ciudadanía ni al bien común, sino que fue un pacto para repartirse cuotas de poder. Ahí Ortega gesta lo que yo diría que fue el inicio de un proceso de concentración de poder. Porque en este pacto se acuerda una repartición partidaria, casi 50 y 50 % de las instituciones principales del Estado. Principalmente se hacen acuerdos relacionados con el sistema electoral y el Poder Judicial”, recuerda la profesora Moreno.
Para el momento, la Corte Suprema de Justicia estaba integrada por 12 magistrados. “El origen político y partidario de quienes estaban en ese momento en la magistratura era plural. Sin embargo, a través del pacto Alemán-Ortega, se acuerda subir de 12 a 16 magistrados. Desde ahí viene ya pensando cómo incidir en las tomas de decisiones y cómo empezar a topar el tema de la independencia judicial”, analiza la académica.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluyó, en un informe publicado en 2021 sobre la concentración del poder por parte del régimen de Ortega en Nicaragua, que este pacto tenía “el objeto de facilitar la cooptación de los más altos cargos de la administración pública”, para quebrantar el principio de la separación de poderes en el país.
“La implementación de este pacto ha generado graves consecuencias en el ejercicio, protección y garantía de los derechos humanos y el debilitamiento del Estado de Derecho”, señaló la CIDH.
En el ámbito electoral, este pacto establecía bajar el piso requerido para triunfar en primera vuelta del 45% y establecer que se podía ganar la presidencia con 40% o con 35% si hay una diferencia de al menos 5% sobre el segundo lugar. Esto permitió a Ortega volver al poder en las elecciones presidenciales de 2006, al ganar con apenas el 38% de los votos, luego de tres derrotas consecutivas en 1990, 1996 y 2001.
“En el 2007, Ortega llegaba por segunda vez al poder y era la última vez que, dentro del marco constitucional él tenía posibilidad de seguir ahí. De tal forma que él dice: yo tengo que ver cómo perpetuarme en el poder”, afirma la profesora Moreno Castillo.
Para ello, en 2009 forzó a la Corte Suprema, con mayoría de magistrados afines al FSLN, a emitir un polémico fallo que dejó sin efecto el artículo 147 de la Constitución que prohibía la reelección continua o más de dos periodos presidenciales. “Se produjo una asonada, un golpe de Estado a la Constitución», denunció en esa oportunidad el entonces presidente de la Corte, el liberal Manuel Martínez, quien no participó en la decisión tomada.
De esta manera, Ortega allanó el camino para reelegirse para un tercer periodo, segundo consecutivo, que lo atornilló definitivamente en el poder, donde se ha mantenido por dos mandatos más.
Al año siguiente, Ortega premió a los magistrados con el Decreto Ejecutivo 3-2010100 mediante el cual prorrogó en sus cargos a todas las autoridades de los poderes e instituciones del Estado, incluyendo el Consejo Supremo Electoral y la Corte Suprema de Justicia, permitiéndoles permanecer en sus cargos a pesar tener mandatos vencidos.
Estallido de 2018
A pesar del control social que había logrado el régimen de Daniel Ortega tras más de una década ininterrumpida en el poder, en abril de 2018 estallaron masivas protestas ciudadanas en toda Nicaragua.
Sin haber realizado un debate público previo, el gobierno impuso una reforma a la seguridad social que aumentaba los aportes de trabajadores y empleadores, y establecía una detracción del 5% de la pensión de las personas jubiladas. Esto hizo que el 18 de abril se produjeran manifestaciones pacíficas autoconvocadas de adultos mayores que fueron reprimidos violentamente por las fuerzas de choque del régimen. La indignación llevó a que también salieran a las calles jóvenes y estudiantes, a los que se les sumaron ciudadanos de otros sectores, como trabajadores, empresarios, campesinos, activistas sociales y defensores de derechos humanos.
La CIDH documentó que, entre el 18 de abril y el 20 de junio de 2018, la represión por parte de la policía, grupos parapoliciales y otros grupos armados dejó un saldo de 212 personas fallecidas y más de 1.300 personas heridas.
Tras lograr aplacar las protestas, con la feroz violencia estatal desatada contra los ciudadanos, el régimen puso en marcha, en julio de 2018, una operación de persecución judicial y criminalización contra las personas opositoras, manifestantes, estudiantes, activistas y defensores de derechos humanos, por medio de detenciones ilegales y arbitrarias y enjuiciamiento sin garantías judiciales.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció que “el patrón sistemático de violaciones a las garantías del debido proceso, el uso generalizado e infundado de la prisión preventiva, así como la apertura de procesos relacionados con figuras penales como las de terrorismo, interpretadas en forma incompatible con la vigencia de la sociedad democrática; y en general, la manipulación del derecho penal para la judicialización de personas identificadas como opositoras, pusieron de manifiesto la falta de independencia del sistema de administración de justicia nicaragüense en su conjunto”.
El Ministerio Público, dirigido por expolicías -entre ellos la fiscal general Ana Guido-, tuvo un rol fundamental en la criminalización de los manifestantes y opositores en este periodo, evidenciando su falta de independencia.
“La Fiscalía trabaja muy de cerca con la Policía, porque la fiscal fue comisionada de la Policía y tiene un vínculo. Yo creo que es más policía que fiscal. De tal forma que la mancuerna Policía y Fiscalía para el tema de la persecución política funciona totalmente de forma armónica. Y muchos fiscales decidieron renunciar (…) En 2018, cuando se inicia la criminalización de la protesta y todo el tema de la persecución selectiva de opositores, periodistas, activistas, muchos fiscales deciden renunciar. Esos fiscales profesionales, que estaban en esos cargos por mérito de capacidad, muchos salen y ponen su renuncia porque se oponen a formular acusaciones falsas con pruebas fabricadas por la policía”, explicó la académica María Asunción Moreno Castillo.
Purga definitiva
A finales de 2023 el régimen de Ortega emprendió una purga definitiva del poder judicial, sacando de sus cargos incluso a funcionarios que les habían sido leales, como la presidenta de la Corte Suprema, Alba Luz Ramos.
Mediante una intervención policial, ordenada por Rosario Murillo, fue desalojada a la fuerza de su despacho y enviada a su casa la presidenta del Poder Judicial de Nicaragua, en una purga sin precedentes que alcanzó a 900 funcionarios de todos los niveles, desde togados hasta conserjes y chóferes, según reportó el diario El País.
El operativo se realizó en medio de una gran opacidad en la información. Desde sectores opositores se especuló que la vicepresidenta Rosario Murillo buscaba tener el control absoluto, para asegurarse la sucesión en el poder y evitar una crisis ante una eventual muerte de Daniel Ortega.
GUATEMALA
Años de acciones continuadas de parte de un sistema políticamente corrupto en función de socavar la independencia judicial llegaron a un punto culminante en 2023 cuando -a través de la justicia ya cooptada- se trató de impedir que se concretara un cambio político en Guatemala, donde hubo elecciones generales en junio y segunda vuelta presidencial en agosto.
Un mes después de los comicios, a finales de septiembre de 2023, el Ministerio Público de Guatemala allanó la sede del Tribunal Supremo Electoral y se llevó las cajas que contenían las actas originales con los resultados de la segunda vuelta electoral del 20 de agosto, en la que el candidato Bernardo Arévalo había resultado ganador.
En noviembre de 2023, el Tribunal Supremo Electoral suspendió el partido de Arévalo, Movimiento Semilla, por supuestas “anomalías en el proceso de creación” de la agrupación política. El político de izquierda, que había prometido luchar contra la corrupción, acusó a la fiscal general Consuelo Porras y al juez involucrado en la decisión de intentar un “golpe de Estado” para evitar que tomara posesión de la presidencia.
Un mes después, en diciembre de 2023, un fiscal propuso que las elecciones se declararan nulas debido a supuestas anomalías en las actas. Esta pretensión generó fuertes pronunciamientos de la comunidad internacional, alertando sobre lo que consideraban un “fraude político contra la voluntad del pueblo”, dijo la Organización de Estados Americanos en un comunicado. Igualmente, el gobierno estadounidense impuso restricciones de viaje a funcionarios y allegados y rechazaron “los continuos esfuerzos para socavar la transición pacífica de poder en Guatemala al presidente electo Bernardo Arévalo”.
El Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil) también denunció en noviembre de 2023 que “la cooptación de la justicia y la manipulación del sistema penal están poniendo en riesgo el proceso electoral y la democracia” en Guatemala.
La toma de posesión de Bernardo Arévalo
El día de la toma de posesión de Bernardo Arévalo, el 15 de enero de 2024, tampoco estuvo exento de inconvenientes y dificultades, e incluso hubo temores de un posible golpe de Estado de parte del Congreso. La investidura ocurrió con 10 horas de retraso debido a que era necesario que primero se constituyera el Congreso y la Comisión Calificadora encargada de verificar las credenciales de los diputados electos se negaba aceptar los documentos de quienes pertenecían al Movimiento Semilla, partido de Arévalo, y que meses atrás había sido suspendido por el Tribunal Supremo Electoral.
Para los diputados del partido del presidente electo, se trataba de un nuevo intento para impedir el traspaso de mando y la transición. El mismo presidente Bernardo Arévalo lo denunció así a través de las redes sociales: “Se está intentando vulnerar la democracia con ilegalidades, nimiedades y abusos de poder”. En medio de ese escenario, los jefes de Estado, cancilleres y funcionarios que viajaron a Guatemala para asistir al acto emitieron una declaración conjunta exigiendo que se llevara a cabo el traspaso de poderes.
Finalmente, aunque habían ordenado que los diputados del Movimiento Semilla asumieran sus cargos como independientes, los parlamentarios lograron conseguir los apoyos necesarios para revertir la decisión judicial y el diputado semillista, Samule Pérez, de 31 años de edad, resultó electo presidente del Parlamento guatemalteco.
Tanto la fiscal general, Consuelo Porras, como los funcionarios de más alto rango dentro del Ministerio Público se encuentran sancionados por los Gobiernos de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, que consideran que hubo acciones intencionadas para intentar truncar la victoria electoral de Arévalo y que dichas maniobras atentan de manera expresa contra la democracia de Guatemala.
Sin embargo, estos no han sido los únicos obstáculos. Habiendo ya asumido la presidencia, Bernardo Arévalo solicitó reunirse con la fiscal general Consuelo Porras, quien en al menos dos ocasiones declinó las invitaciones. Tras la imposibilidad de concretar estos encuentros, el 29 de febrero de 2024, el Gobierno de Arévalo presentó una denuncia penal en contra de la fiscal por “conducta delictiva» y solicitó que se le retire su inmunidad. La acusaron de «incumplimiento de deberes» por negarse a reunirse con el presidente.
Reforma de la ley orgánica del Ministerio Público
El más reciente movimiento político del gobierno de Arévalo ha sido presentar ante el Congreso una iniciativa para reformar la ley orgánica del Ministerio Público y allanar así el camino para la destitución de la Fiscal. “El oscuro ciclo de Consuelo Porras debe terminar ya”, dijo Arévalo, quien denuncia que Porras no cumple con sus funciones y fomenta la impunidad.
El mandatario argumenta que su decisión busca evitar que un fiscal abuse impunemente del poder y que el Ministerio Público sea usado como un arma política. «El Ministerio Público persigue y encarcela a quienes denuncian la corrupción, mientras perdona y exculpa a quienes roban y estafan al pueblo», asegura..
En entrevista con la cadena estadounidense CNN, el presidente Arévalo reiteró que el mandato que tienen como gobierno es luchar contra la corrupción y recuperar las instituciones del Estado que han sido cooptadas. «Esto que hemos hecho y que la Corte de Constitucionalidad ha dicho que sigue siendo el camino adecuado, responde a ese propósito», afirmó el mandatario.
En mayo de 2022, cuando el expresidente Alejandro Giammattei anunció que renovaría el mandato de Consuelo Porras por otros cuatro años, Human Rights Watch advirtió que “la renovación del mandato de Porras podría ser un revés fatal para el Estado de derecho y la lucha contra la corrupción en Guatemala”. Denunciaron también que, durante sus primeros cuatro años en el cargo, Porras truncó investigaciones sobre corrupción y violaciones de derechos humanos y abrió causas penales arbitrarias contra periodistas, jueces y fiscales.
Human Rights Watch documentó específicamente casos en los que Porras ordenó el traslado, despido e incluso el inicio de investigaciones penales arbitrarias de fiscales independientes que impulsaban investigaciones o procesos sobre corrupción y violaciones de derechos humanos.
Sobre este escenario, el abogado Jonathan Sisco advierte lo difícil que puede llegar a ser recuperar el órgano de justicia una vez que ha sido cooptado como en el caso de Guatemala. “Es sumamente difícil regresar, cuando se va degenerando el órgano de justicia es sumamente difícil volver a salvar a ese órgano…”. El presidente guatemalteco ha sido enfático en que la permanencia de Consuelo Porras en el cargo de Fiscal General “es una amenaza contra la democracia” y ha añadido que “su persistencia en el cargo anima a las redes político-criminales a aferrarse a la cooptación de las instituciones”.
El secretario general de la Presidencia, Juan Guerrero, advirtió que la iniciativa de reforma“va a ser una de varias acciones que se estarán emprendiendo por parte del Ejecutivo en contra de todos aquellos actores corruptos, aquellos actores que están en contra del Estado de derecho”. Lo que se espera próximamente es el nombramiento de un fiscal especial para investigar la denuncia.
Los pasos siguientes
¿Cuál es la mejor manera de proceder ante el desafío que implica tan solo el intentar recuperar las instituciones cooptadas en medio de un sistema ya corrupto? El experto Jonathan Sisco opina que la propuesta del presidente Bernardo Arévalo persigue fines políticos que, si bien son necesarios, no llevarían indefectiblemente a un resultado a través de la vía legislativa debido a que el Gobierno no cuenta con la correlación de fuerzas suficientes.
Sin embargo, resalta el papel crucial que podría jugar la sociedad civil en este y otros casos similares en América Latina. Específicamente señala el rol que tuvieron las comunidades indígenas, “que fueron clave para que se respetara el resultado de la elección (en Guatemala)” y advierte que es fundamental que las comunidades organizadas exijan a los políticos que cumplan sus promesas. “Sin participación ciudadana y sin transparencia la corrupción va a continuar”, dice y considera necesario crear mecanismos institucionales que le den participación a la sociedad civil como comisiones de transparencia donde organizaciones de la sociedad civil tengan acceso a los organismos del Estado. Para el especialista, es necesario “que las instituciones tengan mucho mayor control ciudadano” así como también el establecimiento de cortes internacionales en las que el marco legal internacional de Derechos Humanos se amplíe para poder juzgar al crimen organizado y los actos de corrupción.
Según la visión del constitucionalista, el mecanismo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad (Cicig), implementado en Guatemala fue exitoso, pero insuficiente porque no se llegó al fondo del tejido social. “Tiene que haber cambios culturales, cambiar patrones de conducta, hacer trabajos educativos en las universidades, aumentar los costos de la corrupción”, precisa y considera que la Fiscalía y el Ministerio Público deben transformarse de manera estructural “para que las elites políticas y corruptas no las coopten”.
La Cicig fue creada en 2006 para apoyar a las instituciones del Estado guatemalteco en lo referente a la investigación de delitos cometidos por funcionarios, entre otras funciones destinadas a fortalecer las instituciones del sistema de justicia. Sin embargo, fue disuelta de manera unilateral el 3 de septiembre de 2019 por el entonces presidente Jimmy Morales, a quien se le investiga por presuntas irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral.
Morales fue quien nombró a la actual fiscal general, Consuelo Porras, para un primer mandato de cuatro años en el que sustituiría a la fiscal Thelma Aldana, quien junto al comisionado de la Cicig, Iván Velásquez Gómez, lideró investigaciones de alto nivel que llevaron, por ejemplo, a la renuncia y arresto del presidente Otto Pérez Molina y de la vicepresidenta Roxana Baldetti, entre otros casos que involucraron a exministros y exfuncionarios de gobierno.
En 2022, tras la llegada al poder de Alejandro Giammattei, se renovó el mandato de Consuelo Porras frente al Ministerio Público por cuatro años más, hasta 2026. Giammattei, sancionado por Estados Unidos por corrupción, calificó a Porras como “una amiga”.