Dictador, tirano, déspota, sátrapa. Todos son sinónimos de autócrata, término que la Real Academia Española define como: “la persona que ejerce por sí sola la autoridad suprema en un Estado”.
A pesar de que en el imaginario colectivo y en los referentes históricos se suele identificar rápidamente a los dictadores y autócratas como figuras que toman el poder por la fuerza utilizando mecanismos antidemocráticos, en la actualidad han surgido nuevas formas de construir y sostener una dictadura sin que sea fácilmente clasificable. Se trata de una variante “que imita la democracia al mismo tiempo que la socava”, como lo explica el académico Moisés Naím en su más reciente libro La revancha de los poderosos.
En estos gobiernos, se utilizan los mecanismos de la democracia, como las elecciones, no solo para llegar al poder sino para mantenerse en él, corrompiendo el sistema desde adentro y enfocándose sobre todo en lograr el control total y el desmantelamiento de los sistemas de contrapesos fundamentales para el equilibrio democrático.
¿Cuáles son los pasos que siguen estos autócratas en la actualidad para convertirse de manera efectiva en amos del Estado? Como si se tratara de un manual, se enfocan en cuatro frentes: atacan a la justicia hasta desmantelarla, restringen el espacio cívico, usan la fuerza contra cualquiera que se oponga a sus ambiciones y se valen de los poderes presidenciales para excederse en el ejercicio de sus funciones.
Este reportaje busca responder de manera detallada a las preguntas de ¿cómo lo hacen?, ¿cómo llegan y se mantienen en el poder? En cuatro capítulos se explicarán y ejemplificarán los mecanismos que han utilizado algunos dirigentes latinoamericanos en el siglo XXI para llegar al poder y mantenerse en él, con tendencias y actuaciones autoritarias.
Capítulo 3 | Abuso de poderes:
El camino que recorren los autócratas latinoamericanos en su búsqueda por perpetuarse en el poder a menudo incluye el tránsito por las vías legislativas para utilizarlas a su favor en función de crear un marco legal que les permita avanzar hacia sus objetivos de concentrar el poder y aferrarse a él.
Estados de excepción que se prolongan de manera injustificada y restringen derechos fundamentales; leyes habilitantes para evitar los procesos de debate y consenso parlamentario; designaciones y destituciones arbitrarias por vías informales como redes sociales, son algunos ejemplos del uso abusivo de los poderes que le pueden ser otorgados por ley a un presidente.
En este capítulo revisamos y analizamos cómo han abusado de los poderes presidenciales los mandatarios en Venezuela, El Salvador y Nicaragua.
VENEZUELA
Cuando Chávez llegó al poder en Venezuela, lo hizo con la promesa de acabar con la Constitución de 1961, que llamaba “moribunda”. Y así lo hizo. En 1999 fue aprobada en referendo la nueva Carta Magna, en la que se eliminó el Congreso bicameral, uno de los principales contrapesos al Poder Ejecutivo, y lo reemplazó por una Asamblea Nacional de una sóla cámara de diputados, sin senado.
Esta nueva Constitución en su artículo 203 establece que la Asamblea Nacional, con la votación de las tres quintas partes de sus integrantes, puede delegar al presidente de la República la potestad de legislar en diversas materias por un plazo previsto. Estas son conocidas como las leyes habilitantes.
Desde el comienzo de su mandato, el entonces presidente Hugo Chávez contó con este poder otorgado por los diputados para legislar, y lo utilizó para emitir 49 leyes controversiales en el año 2001.
Entre estas polémicas leyes habilitantes estaba la Ley Orgánica de Hidrocarburos, que limitaba la participación de empresas transnacionales en la extracción petrolífera en el país, al fijar en 49% la participación máxima que podían tener en sociedades mixtas con el Estado.
Otra de las leyes habilitantes que generó gran controversia fue la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que le dio el poder de expropiar latifundios de propiedad privada.
Desde entonces, el chavismo expropió más de 5 millones de hectáreas productivas, según registros de la Confederación de Asociaciones de Productores Agropecuarios (Fedeagro).
Iniciado su segundo mandato, tras ser reelecto en diciembre de 2006, Chávez contó con una segunda ley habilitante, aprobada por la Asamblea Nacional dominada por el chavismo, que le otorgó al presidente facultades para legislar por 18 meses sobre temas económicos, sociales, territoriales, científicos de defensa, sobre transporte, regulaciones de la participación popular y sobre el funcionamiento de las instituciones estatales.
Sin embargo, en 2007 Chávez propuso una polémica reforma a la Constitución que él mismo había impulsado. Con esta reforma se buscaba aumentar las atribuciones del presidente. Entre otros cambios, se proponía eliminar el límite de dos períodos presidenciales, lo que le permitiría postularse indefinidamente para la Presidencia.
Este intento por modificar la Constitución, para instaurar un modelo “comunal” y “socialista” en Venezuela, concentrando más poder en la figura presidencial, terminó en un revés para Chávez: el 2 de diciembre de 2007 tuvo lugar el referendo para aprobar o rechazar el cambio a la Constitución. La campaña electoral por el “NO” a la reforma estuvo encabezada por estudiantes universitarios, que se desplegaron en todo el país en un movimiento para defender la Carta Magna y alertar sobre la amenaza para la democracia y el Estado de derecho.
Esa noche electoral, Chávez sufrió su primera derrota en unos comicios. Su reforma constitucional fue rechazada con el 51% de los votos. Y aunque en un principio el mandatario reconoció el triunfo opositor, a los pocos días lo calificó como “una victoria de mierda” y amenazó con volver a insistir en su proyecto de nueva Constitución.
Y así lo hizo. Con la ley habilitante que le había aprobado la Asamblea Nacional a comienzos del año 2007, Chávez comenzó a emitir leyes que incluían los cambios para instaurar el modelo socialista que los venezolanos habían rechazado en el referendo de la reforma constitucional.
Socialismo a la fuerza
Entre esas polémicas leyes estuvieron la Ley de Nacionalización de Empresas, que permitió la expropiación de compañías petroleras trasnacionales, que fueron absorbidas por PDVSA, y otras empresas privadas como la Electricidad de Caracas; la Ley Orgánica del Trabajo, que aumentó las facultades del Estado para intervenir en la negociación de contratos colectivos, afectando la independencia sindical; la Ley de los Consejos Comunales, que fue modificada para ampliar sus competencias y funciones; la Ley de Telecomunicaciones, que fue modificada para promover la nacionalización de empresas del sector y para imponer nuevas regulaciones a los medios de comunicación, restringiendo la libertad de expresión e información; y la Ley de Educación, que aumentó el control estatal sobre instituciones educativas e incorporó conceptos socialistas en el currículum educativo.
Esta habilitante también fue utilizada por Chávez para aprobar una Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, que estableció un control estatal sobre la producción y distribución de alimentos, y le dio más facultades para la expropiación de tierras y empresas del sector agroalimentario.
Logradas todas estas controversiales leyes, a Chávez le faltaba un paso más: conseguir la reelección indefinida, que había sido rechazada en la reforma constitucional. Para ello el 30 de noviembre de 2008 ordenó a sus seguidores activar un proceso de enmienda para modificar la Constitución, con el objetivo de poder postularse nuevamente como candidato presidencial a un tercer mandato de seis años.
El artículo 345 de la Carta Magna señala que “la iniciativa de Reforma Constitucional que no sea aprobada, no podrá presentarse de nuevo en un mismo período constitucional”. Sin embargo, los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) vinculados directamente al chavismo, dieron su aval para que la enmienda pudiera avanzar, a pesar de que este tema ya había sido rechazado en referendo.
Es así como el 15 de febrero de 2009 se llevó a cabo un nuevo referendo en el que Chávez logró, con el 54% de los votos, que se aprobara la enmienda para eliminar el límite de un máximo dos periodos de gobierno, consiguiendo así luz verde para poder reelegirse indefinidamente.
Y aunque en octubre de 2012 consiguió reelegirse para un tercer mandato, no pudo asumirlo pues a los pocos meses falleció producto de un cáncer.
Maduro al poder
La llegada de Nicolás Maduro a la Presidencia, tras la muerte de Hugo Chávez, vino acompañada de un abuso aún mayor del poder, con el aval de un sistema de justicia ya cooptado, que se convirtió en un brazo ejecutor de las arbitrariedades del régimen.
Luego del triunfo de la oposición en las elecciones legislativas de 2015, Maduro comienza a desconocer las facultades del Parlamento y concentrar más poder en la figura presidencial.
Una de las primeras medidas fue la emisión de un Decreto de Excepción y Emergencia Económica, que le otorgó más poderes para imponer controles de precios, regulación de divisas y ajustes fiscales. Aunque la Asamblea Nacional, de mayoría opositora, rechazó este decreto, el TSJ lo avaló y estableció que «el control político de la Asamblea Nacional sobre los decretos que declaran estados de excepción no afecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jurídica de los mismos».
Este decreto, que le entregaba poderes especiales al presidente para tomar decisiones rápidas en áreas como la economía y la seguridad, sin necesidad de la aprobación de la Asamblea Nacional, fue prorrogado por varios años, hasta 2021, con el objetivo de usurpar las facultades legislativas del Parlamento y concentrar el poder en manos del presidente.
A esto se sumó en marzo de 2020 un decreto de Estado de Alarma, con motivo de la pandemia de la covid-19. La ONG Acceso a la Justicia denunció que esta medida “abrió las puertas para que el régimen pudiera reforzar su control político y policial militar sobre los ciudadanos, además de silenciar cualquier voz disidente”.
“Bajo la excusa de evitar la propagación del coronavirus+, las autoridades prorrogaron en doce ocasiones el estado de alarma, a pesar de que la Constitución y la Ley Orgánica de Estados de Excepción solo permiten un decreto con un lapso máximo de treinta días prorrogable por una sola vez”, detalló la organización.
La ONG denunció que “el estado de alarma fue otro cheque en blanco para evadir los controles por parte del Poder Legislativo en detrimento de los derechos fundamentales, ya que las autoridades del Gobierno adoptaron cualquier medida para cometer toda serie de ilegalidades y atropellos contra la ciudadanía, sin que la justicia tomara cartas en el asunto”.
El Salvador
Desde el comienzo de su mandato, el presidente salvadoreño Nayib Bukele, ha dado órdenes relativas a la destitución de funcionarios o intervención de instituciones a través de Twitter, hoy llamada X.
En el caso de El Salvador, se evidencia cómo el abuso de poderes presidenciales puede proceder no solo desde las herramientas legales como leyes habilitantes o decretos presidenciales sino también a través de aspectos “extralegales”. Así los califica Ruth Eleonora López, abogada, profesora universitaria y jefa de la Unidad Anticorrupción y Justicia de la organización Cristosal, quien explica cómo el uso de las redes sociales de parte de Nayib Bukele ha sido un claro ejemplo de extralimitaciones.
Algunas de las decisiones más controversiales que fueron tomadas y anunciadas a través de redes sociales por parte de Bukele fueron: en 2021 la destitución de jueces de la Sala de lo Constitucional y del Fiscal General; durante la pandemia de COVID-19, Bukele instruyó a través de su cuenta de Twitter acciones como el establecimiento de cercos sanitarios y la movilización del ejército para hacer cumplir medidas de cuarentena; en 2021 Bukele rompió acuerdos con la Organización de Estados Americanos (OEA) y criticó a sus líderes a través de esta red social.
López señala que para avanzar con este tipo de decisiones “se requieren procedimientos establecidos (…) hacen falta decretos legislativos” a los que Bukele hizo caso omiso.
Estas y otras acciones se detallan a continuación así como también las vías que ha utilizado el presidente salvadoreño para ejercer con extralimitaciones y sin criterios democráticos los poderes que le confiere la ley como presidente.
El llamado a plenaria de la Asamblea Legislativa
Tan solo ocho meses después de su llegada al poder, en febrero de 2020, el presidente Nayib Bukele decidió convocar al Consejo de Ministros de forma inconstitucional,, y utilizó además a las Fuerzas Armadas para ingresar a la Asamblea Nacional de forma intimidatoria y amedrentar así a los diputados opositores que la conformaban. Estas acciones claramente eran contrarias a lo establecido en la constitución del país, que regula cuidadosamente que la actuación de las Fuerzas Armadas esté dirigida exclusivamente a la defensa de la soberanía y la seguridad del país, evitando su involucramiento en actividades políticas o usos contrarios al Estado de derecho.
¿Por qué fue declarada inconstitucional esta convocatoria y puede considerarse un abuso de poder de parte de Bukele?
La Corte Constitucional explicó que no había razones para dicha convocatoria extraordinaria debido a que la Asamblea estaba funcionando regularmente, y no en receso, como requeriría una situación excepcional de este tipo. La Corte dictaminó además que el empleo de la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil con fines ajenos a los establecidos por la Constitución violaba sus funciones, reafirmando que el presidente no puede usar estas instituciones para presionar decisiones legislativas.
Estado de emergencia nacional
Semanas después de lo ocurrido en la Asamblea Nacional, el 14 de marzo de 2020 se aprobó por 30 días en El Salvador el Estado de Emergencia durante la pandemia de la covid-19.
Una segunda extensión de este decreto de emergencia nacional fue aprobada en abril por la Asamblea Nacional. Sin embargo, en adelante, el pleno se negó a seguir extendiendo el mismo sobre la base de ciertas reservas, algunas de las cuales fueron:
Falta de información y rendición de cuentas: los legisladores solicitaron al Ejecutivo detalles sobre el uso de los recursos públicos asignados para la emergencia, incluyendo un plan claro de reactivación económica y protocolos sanitarios. Sin estos informes, consideraron riesgoso aprobar extensiones adicionales.
Incertidumbre jurídica: algunos decretos ejecutivos previos fueron declarados inconstitucionales por la Corte Suprema, lo que generó desconfianza respecto a las propuestas del gobierno para manejar la emergencia sin desbordar los límites legales.
Impacto en derechos y libertades: hubo preocupación por posibles abusos relacionados con restricciones a los derechos de la población, como detenciones arbitrarias y limitaciones a la movilidad, que no siempre fueron justificadas en términos de salud pública.
Propuestas alternativas: la Asamblea buscó que el gobierno adoptara medidas menos restrictivas que balancearan la protección de la salud con el respeto a los derechos humanos, proponiendo un enfoque más integral y consensuado.
Avanzar sin la Asamblea Nacional
Ante este escenario, el gobierno presidido por Nayib Bukele emitió un decreto ejecutivo para prolongar 30 días más la Emergencia Nacional en el país. Para hacerlo, se amparó en el artículo 24 de la Ley de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres. Sin embargo, la Fiscalía General de la República consideró el hecho como un “acto de usurpación de facultades” y recordó a través de un comunicado que “un estado de emergencia decretado por el presidente de la república debe ser sometido a control de la Asamblea Legislativa”. Sobre la base de este mismo argumento, la Sala de lo Constitucional declaró dicho decreto como inconstitucional y ordenó que el Ejecutivo respetara los procesos constitucionales. Bukele, por su parte, defendió su decisión de continuar aplicando las medidas, argumentando que actuaba en defensa de la salud pública.
Gobernar a través de estados de excepción
En marzo de 2022, la Asamblea Legislativa, de mayoría oficialista, aprobó tras petición de Nayib Bukele un estado de excepción en el país. La medida fue solicitada al Congreso por el presidente salvadoreño desde su cuenta de Twitter y antes de que se discutiera en la cámara, Ernesto Castro, presidente de la Asamblea respondió a Bukele a través de la misma red social: «¡Estamos con usted! Cuente con ello».
Bukele solicitó este régimen de excepción argumentando que era necesario para avanzar en la lucha contra la violencia en el país, su principal promesa de campaña. Señaló que las pandillas estaban llevando a cabo un «recrudecimiento de su actividad delictiva» en el país desafiando la autoridad del Estado. Dijo que el régimen de excepción le permitiría al gobierno desmantelar estas estructuras criminales con mayor eficacia. También describió el aumento de homicidios como una situación crítica y una amenaza directa a la seguridad ciudadana, por lo que aseguró que era necesario actuar con rapidez para frenar la violencia y consideró que las herramientas legales tradicionales no eran suficientes para abordar la crisis de violencia de manera inmediata y efectiva.
En El Salvador, un régimen de excepción está regulado por la Constitución de la República en sus artículos 29 y 30, y se aplica en situaciones de emergencia que amenazan la seguridad nacional, como guerras, catástrofes, epidemias o graves disturbios del orden público. Al ser decretado, suspende temporalmente ciertos derechos constitucionales y otorga facultades ampliadas al gobierno.
Organizaciones no gubernamentales de América Latina y el caribe alertaron sobre las implicaciones de esta medida que suponía, según explicaron, una amenaza desproporcionada para la protección y el goce de las libertades fundamentales considerando que ya en El Salvador se estaba viviendo, según denunciaron, bajo un contexto de abuso de poder, uso excesivo de la fuerza por agentes policiales, acoso y vigilancia digital a periodistas y personas defensoras de derechos humanos.
Han pasado casi tres años desde que se inició este régimen de excepción en el país. El Congreso ha aprobado que se prorrogue en 30 oportunidades, la más reciente el 5 de diciembre de 2024, que extendió dicha medida por 30 días más, hasta el 6 de enero de 2025.
Ruth Eleonora López explica que, de los 66 meses de Bukele en la presidencia de El Salvador, 37 meses ha gobernado bajo regímenes especiales incluyendo los que se establecieron durante la pandemia y el aún vigente estado de excepción. A su juicio, esto demuestra que el gobernar con suspensión de derechos y garantías constitucionales se ha convertido ya en su forma de desenvolverse. “Pareciera que no existe otra manera de ejercer el poder que no sea limitando los derechos de la población”, concluye y además señala que esto evidencia cómo “el Legislativo renunció a su función de control del Ejecutivo”.
En abril de 2024, seis organizaciones de derechos humanos exigieron la derogación del estado de excepción por las 6.305 denuncias de presuntas violaciones a derechos humanos y las más de 240 muertes que se han registrado en cárceles del país bajo custodia de agentes del Estado. El informe fue elaborado por Cristosal, el Servicio Social Pasionista, el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (Idhuca), la Red Salvadoreña de Defensoras de Derechos Humanos, la organización Amate y la Fundación de Estudios para la Aplicación de Derechos (Fespad).
Estas organizaciones alertaron sobre cómo este régimen de excepción se ha utilizado para criminalizar la labor de activistas por los derechos humanos, periodistas y líderes comunitarios y precisaron que han documentado al menos 34 casos de detenciones de defensores de diferentes sectores que incluye ambientalistas, sindicalistas, liderazgos comunitarios y defensores de los derechos LGBTI+.
Cambios en la Ley de Acceso a la Información Pública
A este escenario se le suma que en septiembre de 2020, Bukele modificó por decreto el reglamento de la Ley de Acceso a la Información Pública, aumentando las potestades del presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) en detrimento de las decisiones colegiadas. Las reformas permitieron al Ejecutivo nombrar directamente a comisionados del IAIP, generando preocupaciones sobre la independencia del instituto. Tal y como se temía, Bukele designó a tres comisionados afines a su gobierno que, meses después, votaron a favor de no grabar más las sesiones del cuerpo.
El que existiera este registro de las sesiones era un símbolo de transparencia y generaba garantías a los ciudadanos. El suspender dichas grabaciones fue una medida interpretada por organizaciones no gubernamentales y defensoras de derechos humanos como un intento de ocultar decisiones políticas o limitar la rendición de cuentas del instituto.
También se suprimió la posibilidad de que la ciudadanía impugnara la idoneidad de candidatos a comisionados del IAIP, limitando la participación ciudadana en la vigilancia de la transparencia institucional.
La importancia del IAIP en El Salvador radica en que es el organismo encargado de garantizar el derecho de los ciudadanos a acceder a información pública, promoviendo la transparencia y la rendición de cuentas por parte de las instituciones del Estado, por lo que el avance en la cooptación del mismo fue asumido por los expertos y defensores de derechos humanos como un ataque directo contra el derecho a la libertad de expresión y acceso a la información.
López se refiere al estado del mismo como “un derecho en coma” en El Salvador. Explica que desde junio de 2019 hasta diciembre de 2023, la organización para la que trabaja ha hecho 1463 solicitudes de acceso a la información, de las cuales solo se ha entregado el 27% de las mismas. Insiste en la gravedad de cómo se ha afectado el derecho al acceso a la información y la importancia para la democracia de poder tener información de primera mano y ejercer el control con los derechos de participación.
En septiembre de 2024, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por su siglas en inglés) alertaron sobre el agravamiento de las libertades de expresión y de prensa en ese país centroamericano, exacerbadas por el estado de emergencia impuesto por el gobierno de Nayib Bukele desde marzo de 2022.
Ambas organizaciones realizaron una misión conjunta en El Salvador y comprobaron, según relataron en un informe, que el gobierno salvadoreño restringe severamente el acceso a la información pública y ha debilitado el instituto gubernamental encargado de garantizar ese derecho ciudadano. Dicen que con esto, se ve limitada la transparencia sobre temas críticos como la situación en las cárceles y las estadísticas de criminalidad en el contexto del estado de excepción. Periodistas y organizaciones de la sociedad civil coincidieron en resaltar una «enorme opacidad, ocultamiento de información y ausencia total de acceso a fuentes oficiales».
NICARAGUA
La más reciente maniobra para concentrar aún más poder ocurrió en Nicaragua, donde se impulsó una reforma constitucional con el objetivo de crear la figura de la “co-presidencia”.
En noviembre de 2024 el dictador Daniel Ortega ordenó modificar la Constitución para extender los periodos presidenciales de cinco a seis años y establecer oficialmente el cargo de “co-presidenta”, asumido por su esposa y actual vicepresidenta, Rosario Murillo, quien llevaba años ejerciendo de facto el poder central.
La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó la reforma constitucional que establece que, ante el fallecimiento de uno de los copresidentes, asume y mantiene la presidencia quien sobreviva de los dos, oficializando así una especie de dinastía para conservar el poder.
Pero además, la reforma impulsada por Ortega y Murillo eliminó la separación de los poderes, al establecer en el artículo 132 que “la presidencia de la República dirige al Gobierno y como jefatura del Estado coordina a los órganos legislativo, judicial, electoral, de control y fiscalización, regionales y municipales”.