El Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes (ODH-ULA) denunció la crisis que padecen los profesores universitarios en Venezuela.
Esta crisis engloba desde la asfixia presupuestaria iniciada en el año 2005 por el entonces presidente de la República, Hugo Chávez, hasta la progresiva violación de la autonomía ejecutada mediante acciones que intervienen cada vez más la libertad académica y administrativa de las universidades públicas del país.
La precariedad salarial que viven docentes y trabajadores universitarios, y que forma parte de la política de asfixia a las universidades autónomas que ejecuta el régimen, ha llegado al punto de la miseria, advirtió el ODH-ULA.
Para este 2022, el costo de la cobertura ampliada del IPP, que cubre un máximo de 800 dólares al año por afiliado, es de 65 dólares para profesores mayores de 80 años. El sueldo de un profesor titular en Venezuela oscila entre 9,5 y 11 dólares mensuales, calculados a la tasa de cambio promedio de enero de este año. Esto significa que para poder pagar esta cobertura médica, un docente del mayor escalafón necesita más de seis meses de su salario.
Virgilio Castillo, presidente de la Asociación de Profesores de la ULA (APULA), informó que desde 2017 el Instituto de Previsión del Profesorado de la Universidad de Los Andes (IPP) dejó de descontar de las nóminas las cuotas para la cobertura médica y de hospitalización, porque el sueldo incluso más alto, el que reciben los profesores titulares, ya era insuficiente.
Castillo advirtió, además, que la APULA y el IPP, están en riesgo de desparecer por falta de recursos para el pago de sus trabajadores. Desde septiembre del año pasado, el gremio dejó de recibir la cuota que aportan los profesores, que representa el 1,5% del salario mensual, pese a que se les sigue descontando de sus nóminas, luego de que el régimen nacional centralizara las nóminas universitarias al Sistema Patria.
