Transparencia Venezuela advirtió que la elección de un nuevo fiscal general no resolverá la profunda crisis institucional del Ministerio Público si no se acomete antes una transformación estructural de la institución. La organización señaló que las debilidades de la Fiscalía no son recientes ni aisladas, sino fallas acumuladas durante años y ampliamente documentadas por organismos internacionales, organizaciones civiles y expertos.
Según el informe, la Fiscalía General de la República ha sido convertida en una estructura que criminaliza, persigue y viola derechos, y que opera como garante de la impunidad y cómplice de la gran corrupción transnacional. En lugar de actuar como garante de la legalidad, la institución ha funcionado como un instrumento del poder autoritario. Transparencia Venezuela subraya que esta situación no depende únicamente del fiscal general de turno, sino de un entramado de leyes, normas, procedimientos y equipos alineados con el resto del sistema de justicia.
Ante el interés que ha generado la elección de un nuevo fiscal, la organización insistió en que el debate debe centrarse en la necesidad de reformar la estructura del Ministerio Público y no solo en la selección de una persona. Aunque reconoce que entre los postulados hay figuras con trayectoria ética y profesional, Transparencia advierte que el reto de enfrentar la captura institucional, las redes de corrupción activas y la desconfianza ciudadana requiere un rediseño profundo de la institución.
La organización plantea que la Fiscalía debe superar la falta de independencia frente al poder político, la provisionalidad de sus funcionarios, la concentración excesiva de poder en el fiscal general, el uso político del sistema penal, la impunidad estructural, la opacidad, la debilidad técnica y organizativa, y la desconfianza ciudadana que se refleja en el subregistro del delito. Para que un nuevo modelo de Fiscalía pueda ejecutarse, Transparencia considera indispensable garantizar autonomía financiera —recordando que el sistema de justicia ha recibido menos del 1,5% del presupuesto nacional durante décadas— e independencia política y funcional frente a los demás poderes del Estado y cuerpos de seguridad.
La organización sostiene que el rediseño institucional debe ser conducido por un Poder Legislativo legítimo, comprometido con la democracia, la transparencia y la alternancia. En una Venezuela democrática, afirma, la Fiscalía tendría la responsabilidad de investigar y procesar a los responsables de corrupción, violaciones de derechos humanos, torturas, economías ilícitas y redes criminales, muchos de los cuales aún ocupan posiciones de poder.
Transparencia Venezuela plantea interrogantes sobre la viabilidad de una Fiscalía independiente en el contexto actual: si un fiscal podría procesar a quienes han saqueado al país, si las instituciones respetarían sus decisiones y si contaría con los recursos necesarios para ejercer sus funciones. La organización concluye cuestionando si Venezuela atraviesa realmente un proceso de transición o si solo se está produciendo un reacomodo del mismo poder autoritario.
