El fiscal general impuesto por la constituyente chavista, Tarek William Saab, acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de «vulnerar» el derecho a la defensa del régimen de Nicolás Maduro en el examen preliminar que avanza por presuntos crímenes de lesa humanidad.
«El derecho a la defensa de Venezuela, según nuestro criterio, ha sido vulnerado», señaló en declaración por VTV.
Saab indicó que su oficina ha entregado seis informes ante la Fiscalía de la CPI y que «frente a ello algo insólito ha ocurrido, lo que ha tenido de correspondencia este Ministerio Público ha sido el silencio por parte de la Fiscalía del CPI».
«Hemos solicitado que se nos transmita información sobre el material y las pruebas pertinentes que estén en el examen preliminar, dado que hasta la fecha no se nos ha proporcionado información detallada de cuáles son los hechos investigados«, reclamó el funcionario chavista.
Tarek William Saab acusó al organismo de dar un «trato desigual» en el caso de Venezuela, por lo cual presentó una solicitud de «control judicial».
«Esta petición ha sido presentada ante la sala de cuestiones preliminares para que ésta se pronuncie sobre la inseguridad que inunda la fase de examen preliminar y corrija el trato desigual que se da a los diferentes países afectados, que en el caso de Venezuela está siendo paradigmático», explicó.
Proceso en La Haya
El 27 de septiembre de 2018, la Fiscalía de la CPI recibió una remisión por parte de Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, solicitando que se investigaran los posibles crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014.
En 2020, la Fiscalía de la CPI concluyó que existe una base razonable para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad, particularmente en el contexto de la detención, en Venezuela desde al menos abril de 2017.
Ahora, la instancia se encuentra evaluando la complementariedad de la Corte para investigar y juzgar estos crímenes, ante la inexistencia de procedimientos nacionales; y en los próximos días se anunciará la decisión final, para pasar a la fase de investigación formal en la que se imputarían cargos en contra de funcionarios del régimen chavista responsables de las violaciones sistemáticas y generalizadas a los derechos humanos.
