Human Rights Watch (HRW) publicó este jueves su informe anual correspondiente al año 2022, en el que denuncian que la violación de derechos humanos en Venezuela persiste.
«Las autoridades judiciales han sido partícipes o cómplices en abusos, sirviendo como mecanismo de represión (…) Las autoridades persiguen y procesan penalmente a periodistas, defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil. Entre los problemas que persisten se incluyen brutalidad policial, falta de protección para las comunidades indígenas y condiciones penitenciarias deficientes», denunció la ONG.
El informe resalta que «el gobierno ha encarcelado a opositores políticos y los ha inhabilitado para postularse a cargos públicos».
Sobre los casi 300 presos políticos que hay en el país, destacó que «al menos 114 presos políticos han estado más de tres años en prisión preventiva, pese a las limitaciones temporales que se incluyeron en una reforma reciente al Código Penal» y que «si bien algunos detenidos han sido liberados o transferidos de establecimientos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) a cárceles comunes, nuevos críticos continúan siendo detenidos en forma arbitraria».
Enfatizó, además, que la Oficina del ACNUDH siguió recibiendo denuncias de tortura, maltratos e incomunicación de personas detenidas durante 2022.
En cuanto a la falta de independencia judicial y la impunidad en los casos de abusos, HRW recordó que el poder judicial dejó de funcionar como poder independiente del Estado en el año 2004.
«No se han adoptado medidas de justicia genuinas por crímenes perpetrados con el conocimiento o la aquiescencia de autoridades de alto nivel. Según lo informó la Misión de la ONU en 2021, las autoridades judiciales han tenido complicidad en abusos al emitir órdenes de detención para arrestos ilegales a posteriori, ordenar la prisión preventiva de forma rutinaria, confirmar detenciones sobre la base de pruebas dudosas y no proteger a las víctimas de torturas, entre otras cosas», puntualizó.
La organización también denunció en su informe que «las autoridades han estigmatizado, hostigado y reprimido a medios de comunicación, clausurando medios disidentes. La autocensura es generalizada debido al temor a represalias».
Asimismo, documentó que «las autoridades venezolanas hostigan y persiguen a defensores de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil que responden a la emergencia humanitaria y de derechos humanos».
HRW recordó, además, que «Venezuela atraviesa una emergencia humanitaria compleja, con millones de personas sin acceso a atención básica de la salud ni a una nutrición adecuada» y que «el éxodo de cerca de 7,1 millones de venezolanos representa una de las mayores crisis migratorias del mundo».
