Decenas de personas fueron detenidas en las últimas horas en Argentina por participar en robos a tiendas y supermercados en varios ataques que el Gobierno califica de «incentivados» con una «vocación de generar conflicto» e, incluso, vincula con el ganador de las elecciones primarias, el libertario Javier Milei.
Después de que entre el fin de semana y el lunes se registrasen intentos de saqueo a supermercados y otros comercios, principalmente en las provincias de Mendoza y Córdoba, en la madrugada del martes al miércoles se vivieron episodios similares en varias localidades de la provincia de Buenos Aires.
El ministro provincial de Seguridad, Sergio Berni, confirmó al canal de televisión C5N la detención de al menos 40 personas por «intento de robo organizado» y denunció un «bombardeo» de mensajes por el servicio de mensajería instantánea WhatsApp «incitando» a estos ataques.
Por su parte, el ministro nacional de Seguridad, Aníbal Fernández, incidió a primera hora de este miércoles en la idea de que los ataques «no son espontáneos», aunque destacó que el Ejecutivo no tiene «datos fidedignos» sobre la autoría intelectual y anunció la creación de un comando unificado para investigar estos hechos.
De esta manera se apartó de las acusaciones vertidas en sus redes sociales por la portavoz presidencial, Gabriela Cerruti, quien señaló al líder de La Libertad Avanza, Javier Milei, como instigador.
En un video difundido en Tik Tok, Cerruti calificó de «operación armada por la gente de Javier Milei» esta serie de ataques y robos a comercios, que «tiene como objetivo generar desestabilización, generar incertidumbre, ir contra la democracia».
«Si hay delincuentes, irán presos. Y si hay desestabilizadores y golpistas tendrán la respuesta de toda la sociedad que los repudia», agregó en su cuenta de la red social X, antes denominada Twitter.
Mientras, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, candidata de la formación opositora Juntos por el Cambio (centroderecha), publicó en la misma red social un mensaje en el que subrayó la «ausencia» de las autoridades nacionales, como el presidente, Alberto Fernández, o la vicepresidenta, Cristina Fernández, «ante una situación trágica o de desorden».
«SE NECESITA ORDEN (sic). La gente está sola y nadie la protege», escribió.
En un comunicado difundido este martes, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) condenó los «intentos de saqueo», que calificó como «actos delictivos».
«La delicada situación económica y social que atraviesa la Argentina en modo alguno justifica que se cometan actos delictivos, más aún cuando la motivación de muchos de ellos no es la necesidad, sino la mera vocación de generar temor y desorden», sostuvo.
Según expresó la CAC, Argentina «no puede ser rehén de pequeños grupos de inadaptados que, escudándose en el genuino malestar de amplias franjas de la población, pretenden violentar la ley y provocar caos».
También este martes, el jefe de Gabinete de ministros y aspirante a vicepresidente en la candidatura de Sergio Massa, Agustín Rossi, confirmó que el Ejecutivo contaba desde el viernes con información sobre eventuales episodios organizados por ciudadanos con «antecedentes».
«No vemos una reacción social, sino hechos que merecen todo el peso de la ley para ser juzgados», dijo Rossi a radio La Red.
Aunque para el Gobierno estos hechos no son una reacción social ni tienen en principio una connotación política, ocurren en un contexto de creciente pobreza debido a la aceleración de la inflación (113,4 % interanual en julio) y de tensión política tras las primarias del pasado 13 de agosto, que plantean un escenario incierto con vistas a las elecciones presidenciales de octubre próximo. EFE
