Este martes, los Cancilleres de los países miembros del Grupo de Lima abordaron la situación de Venezuela, en particular las elecciones de diciembre convocadas sin garantías, el informe de la Misión Internacional Independiente de la ONU que reportó sobre graves violaciones de DDHH y crímenes en ese país, las relaciones del régimen con organizaciones criminales, y el impacto del COVID-19 y de la diáspora migratoria venezolana.
Durante su intervención, la canciller de Colombia, Claudia Blum, insistió en la importancia de que diversas instancias de la justicia penal internacional asuman las investigaciones sobre los casos denunciados por la Misión Independiente de la ONU que podrían constituir crímenes de lesa humanidad.
«Es urgente que la Oficina de la Fiscal de la Corte Penal Internacional avance con mayor celeridad en su examen preliminar sobre la situación en Venezuela. Este nuevo Informe de la ONU se suma a documentos aportados previamente por diversas organizaciones no gubernamentales, líderes mundiales y la Organización de los Estados Americanos, y justifica que esta Corte proceda con la apertura de la investigación correspondiente”, enfatizó.
Blum también reiteró el llamado de Colombia para que desde el Grupo de Lima se redoblen los esfuerzos para atender la causa fundamental de este alarmante y crítico escenario, que es la ruptura del orden constitucional y la destrucción del Estado en Derecho en Venezuela.
La Canciller Claudia Blum enfatizó que las garantías para elecciones transparentes y libres incluyen: un árbitro electoral independiente, autoridades judiciales imparciales, un censo electoral actualizado, seguridad para los votantes, libertad de prensa, y garantías para el ejercicio plural de la actividad política.
Frente a las elecciones parlamentarias convocadas por el régimen ilegítimo de Maduro en diciembre dijo que: «El Grupo de Lima debe instar al mundo a rechazar esta farsa electoral y desconocer sus resultados, y movilizar sus acciones y esfuerzos para que se convoquen las elecciones generales presidenciales con garantías, como única vía fundamental para poner fin a la usurpación en el poder y en todas las instituciones cooptadas por el régimen».
Finalmente afirmó que «el Grupo de Lima también debe llamar a los países que siguen ofreciendo legitimación y apoyo político y económico a la dictadura, a que reconsideren su posición. Ante la severidad del ataque del régimen contra la población civil, todos los Estados deben solidarizarse con los millones de venezolanos y venezolanas víctimas».
