Human Right Watch pidió a Estados Unidos aplicar un nuevo enfoque migratorio para acabar con los abusos y violencia a partir del 23 de mayo, cuando pongan fin a la política del Título 42, impuesta hace dos años por el expresidente Donald Trump, con la finalidad de contener la pandemia del COVID-19, que a su vez generó como consecuencia una disminución en las solicitudes de asilo.
De acuerdo a Human Right Watch el Título 42 abusó del estatuto de salud pública, permitió a los agentes de inmigración expulsar a los solicitantes de asilo 1,7 millones de ciudadanos, sin escuchar sus reclamos, a menudo devolviéndolos a lugares donde enfrentan abusos graves.
Asimismo recomendaron priorizar el trato humano y digno en los Estados Unidos, al tiempo que abordan de manera efectiva las razones por las que las personas se sienten obligadas a abandonar sus hogares.
Por su parte la investigación de Human Rights Watch sobre Guatemala, Honduras y El Salvador reveló que los funcionarios allí han desmantelado la democracia y el estado de derecho y socavado las garantías de los derechos básicos, contribuyendo a la emigración.
Biden y Harris denunciaron los ataques a las instituciones democráticas en estos países, crearon un Grupo de trabajo anticorrupción del Departamento de Justicia, impusieron sanciones específicas a los funcionarios corruptos y anunciaron que sancionarían a los actores del sector privado que se benefician de la corrupción.
Para que la “estrategia de causas fundamentales” sea efectiva, lo ideal sería que Biden-Harris contara con contrapartes de apoyo en los países del Triángulo Norte. La nueva presidenta de Honduras, Xiomara Castro, ha prometido promover los derechos humanos y propone una nueva comisión anticorrupción respaldada por la ONU. Pero en Guatemala y El Salvador, los líderes han seguido burlándose de los principios democráticos.
Sin embargo, esto no debería detener a Biden y Harris. Deberían dejar de externalizar la vigilancia fronteriza a los vecinos del sur, cuya policía y ejército han cometido innumerables abusos. Deben trabajar con aliados para impulsar, y respaldar financieramente, el regreso de las comisiones internacionales anticorrupción para apoyar a los fiscales locales. Deben intensificar su apoyo a los grupos locales de la sociedad civil, los fiscales y los periodistas, así como a los mecanismos para protegerlos, para ayudar a garantizar que no tengan que huir. Y deberían ampliar las sanciones contra líderes y empresarios que atenten contra el estado de derecho y se beneficien de la corrupción.
Mejorar las condiciones que obligan a las personas a huir es un proyecto a largo plazo, y los líderes deben ser pacientes y persistentes para que una estrategia de causa raíz tenga éxito, ya que las soluciones necesarias no son rápidas, baratas ni fáciles. Si Biden y Harris se toman en serio la búsqueda de un enfoque “humano” de la migración, no tienen tiempo que perder.
