El abogado de la familia del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo, Alonso Medina Roa, aclaró que la sentencia de 30 años para el teniente Ascanio Antonio Tarascio y el sargento Estiben Zárate Soto, ambos funcionarios adscritos a la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM), no cierra el caso del capitán ante la Corte Penal Internacional (CPI).
En entrevista para Unión Radio, el penalista explicó que la condena para los responsables de cometer homicidio calificado con alevosía y tortura no culmina la investigación de la CPI, porque no se ha procedido a investigar la cadena de mando, «no ha habido un pronunciamiento con respecto a la cadena y será la Fiscalía quien evaluará esta situación.»
El caso del capitán Acosta Arévalo es uno de los 130 que la Fiscalía de la CPI ha solicitado información al régimen de Nicolás Maduro.
El abogado de la víctima hizo un llamado una vez más al Ministerio Público a realizar una pesquisa a la cadena de mando y a la conducta omisiva de los médicos del hospital militar que atendió al capitán Acosta Arévalo un día antes de su muerte.
«Lo lógico es que varios de los funcionarios tuvieran conocimiento de lo que estaba ocurriendo en la DGCIM, porque las torturas, las 38 lesiones que sufrió el capitán Acosta Arévalo son lesiones que no se ocasionan en cinco minutos, esto tenía que ser del conocimiento de la DGCIM» expresó Medina Roa.
Finalmente destacó que está sentencia es muy significativa, debido a que «demostró en un juicio oral que en la DGCIM se práctica tortura (…) reafirma la institucionalización de la tortura en Venezuela.»
