Tras dos años y 10 meses de injusta persecución, el caso del periodista Luis Carlos Díaz pasó a archivo judicial, quedando suspendida la investigación a menos que surjan nuevos elementos de convicción “suficientes” contra el comunicador y activista por los derechos humanos.
La ONG Espacio Público, a cargo de la defensa de Díaz, informó que la jueza Vanerkis Marquez, del Tribunal Trigésimo Primero de Control de Caracas, también decretó el cese inmediato de todas las medidas de coerción personal, que incluían la prohibición de salida del país y de declarar sobre su caso.
El proceso judicial en contra de Luis Carlos estuvo inmerso en arbitrariedades, desde el momento de su detención por efectivos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), seguida por su desaparición forzada, y sumando múltiples violaciones al debido proceso y restricciones que se tradujeron en retardos procesales mientras tenía prohibido ejercer su derecho a la libertad de expresión, un obstáculo para denunciar las violaciones a sus derechos humanos.
A causa de su detención, desaparición, incomunicación y proceso arbitrario, Luis Carlos es beneficiario de medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), la cual le exige al Estado venezolano garantizar la vida e integridad de Díaz y su núcleo familiar, así como tomar las medidas correspondientes para que pueda desarrollar sus actividades periodísticas en ejercicio del derecho a la libertad de expresión.
