El Consejo Europeo prorrogó este lunes el marco para la imposición de medidas restrictivas selectivas en vista de la situación en Nicaragua por un año, hasta el 15 de octubre de 2022.
El régimen de sanciones se introdujo por primera vez en octubre de 2019 para abordar el deterioro de la situación política y social de Nicaragua. Se dirige a personas y entidades responsables de violaciones o abusos de derechos humanos, o de la represión de la sociedad civil y la oposición democrática en Nicaragua, así como a personas y entidades cuyas acciones, políticas o actividades socavan la democracia y el estado de derecho.
Las sanciones, que actualmente se aplican a 14 personas, están diseñadas para no dañar a la población nicaragüense ni a la economía del país. Los que figuran en la lista de la UE están sujetos a una congelación de activos, y las personas y entidades de la UE tienen prohibido poner fondos a su disposición. Las personas físicas también están sujetas a una prohibición de viajar a la UE.
La Unión Europea ha reiterado su llamado a la restauración del diálogo inclusivo y la democracia como única salida a la crisis política, económica y social en Nicaragua, y pidió a las autoridades nicaragüenses que pongan fin a la represión contra la oposición política, los medios independientes, la sociedad civil y los defensores de los derechos humanos, y que garanticen plenamente el respeto de los derechos humanos y los derechos civiles y políticos en el país.
