La Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Lima, especializada en delitos de derechos humanos, formalizó una denuncia penal contra 11 oficiales de la Policía Nacional por la presunta comisión de los delitos de homicidio agravado y otros, en contra de Inti Sotelo y Bryan Pintado, quienes perdieron la vida durante las protestas ciudadanas de noviembre de 2020, en la capital de Perú.
El teniente general Jorge Lam Almonte, el general Jorge Cayas Medina, los coroneles Percy Tenorio Gamonal y Carlos Vicente Villafuerte, los comandantes Luis Ruperto Castañeda Urbina, Charles Apaza Pilares, Giulianno Arguedas Pérez y Víctor Oliva Angulo; los mayores José Solari Chillcce y Juan Chenet del Pozo, así como el capitán Mario García Chávez fueron comprendidos en la investigación por los presuntos delitos contra la vida, el cuerpo y la salud –en la modalidad de asesinato con alevosía–, lesiones graves y leves, y contra la administración pública –en la modalidad de abuso de autoridad–, en el contexto de graves violaciones a los derechos humanos.
Al teniente general Jorge Lam Almonte, en su calidad de comandante general (e) y sub comandante general PNP, se le imputa ser autor mediato, en dominio de organización, de la presunta comisión de los delitos de asesinato con alevosía en agravio de Inti Sotelo y Bryan Pintado; lesiones graves y leves contra de 80 manifestantes, y contra la administración pública en la modalidad de abuso de autoridad al haber ordenado y emitido disposiciones para la realización de las operaciones policiales en las protestas de noviembre.
En tanto, al general Jorge Luis Cayas Medina, en su rol de jefe de la Región Policial Lima, y otros oficiales, se les sindica como coautores de los mismos delitos, al haber ejecutado la represión policial indiscriminada y distribuido los roles específicos con sus subordinados.
La investigación fiscal señala que los altos mandos de la Policía Nacional no solo tuvieron conocimiento de los hechos, sino que, abusando de su alta jerarquía dentro de la estructura policial, habrían ordenado el uso de la fuerza pública, de manera indiscriminada, desproporcional e ilegal, con la utilización de armas potencialmente letales y municiones prohibidas, para impedir que los manifestantes se movilicen hacia Palacio de Gobierno y al Congreso de la República, y para neutralizar toda protesta social contra el nuevo gobierno de Manuel Merino de Lama.
Cabe señalar que el uso indiscriminado de la fuerza por parte de los efectivos de la Policía no solo fue dirigido contra los manifestantes, sino también contra periodistas que cubrían las movilizaciones portando sus credenciales de “prensa”.
“Estamos ante un patrón de comportamiento que obedeció a una orden emanada de la alta superioridad policial, que involucraría directamente a los altos mandos de la Policía Nacional (…) La información recabada da cuenta de que las máximas autoridades del gobierno de turno no solo habrían tenido conocimiento de los hechos, sino que, además, habrían tenido reuniones con los altos mandos de la policía”, sustenta la fiscal jhousy Aburto Garavito en su denuncia.
