El 3 de octubre se hizo pública una carta acusatoria al régimen de Miguel Díaz-Canel redactada por 5 relatorías de las Naciones Unidas: la de reunión pacífica y de asociación, la de detención arbitraria, la de desapariciones forzadas o involuntarias, la de libertad de opinión y de expresión y la de tortura.
Por Infobae
En esta se apuntó principalmente a las detenciones arbitrarias ocurridas luego de las manifestaciones del 11J y a la situación procesal de los detenidos, que en la gran mayoría de los casos no cuenta con las mínimas garantías para la defensa.
“Las fuerzas de mantenimiento del orden público, así como personas vestidas de civil, comenzaron a utilizar fuerza de manera excesiva, incluida la violencia física, entre ellas para ingresar personas en vehículos policiales. Adicionalmente fueron golpeadas personas periodistas que cubrían la manifestación”, lee la carta de la ONU.
“Decenas de personas que manifestaron han sido detenidas, y ya han sido juzgadas y condenadas, en procedimientos judiciales sumarios, en los que se han reportado irregularidades como falta de acceso a un abogado y a los medios y al tiempo necesario para preparar una defensa”, agrega.
Octubre de 2020 comenzó con 138 presos políticos, y hasta el final de septiembre de 2021 ingresaron 387 nuevos casos. Ahora, según la ONG Prisoners Defenders, se han podido constatar 442 casos de convictos y condenados políticos que están activos al día de hoy. De estos 442, 228 pertenecen a la represión policial relacionada al 11J. Sin embargo, la misma ONG hace hincapié en lo complicado que es abarcar todos los casos por las múltiples trabas que impone el régimen y la situación del país.
Entre ellas se destacan, por ejemplo, la censura absoluta del Estado y su reticencia a transparentar la cifra oficial de detenidos por las manifestaciones del 11J, la detención de activistas de organizaciones civiles que se encargan de estos casos y el miedo que tienen las familias de hablar por las constantes amenazas que reciben.
También influye negativamente la sanción del Decreto-Ley 370 que regula el uso de internet y de telecomunicaciones y permite cancelar los servicios de los usuarios arbitrariamente. Además, la población está inmersa en una crisis económica tal que la situación represiva pasa a segundo plano para aquellos que no la viven en carne propia y deben preocuparse casi exclusivamente por que comer al día siguiente.
