La Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas que investiga la sistemática violación de derechos humanos en Venezuela presentó este miércoles su segundo informe, esta vez enfocado en el rol de los jueces y fiscales en la perpetración de estos crímenes.
«La Misión tiene motivos razonables para creer que el sistema de justicia ha jugado un papel significativo en represión Estatal de opositores al gobierno en lugar de proporcionar protección a las víctimas de violaciones de derechos humanos y delitos. Los efectos del deterioro del Estado de Derecho se propagan más allá de los directamente afectados, repercuten en toda la sociedad», concluyó la delegación de la ONU.
Además, la Misión de Naciones Unidas concluyó que hay «motivos razonables para creer que juezas, jueces y fiscales han desempeñado un papel clave en las detenciones arbitrarias. Han fundado órdenes de aprehensión y prisión preventiva y acusaciones en hechos y pruebas que no implicaban actos delictivos o sobre la base de los cuales no se podía individualizar la participación de la persona».
La Misión basó sus determinaciones en 177 entrevistas – muchas de ellas con actores del sistema de justicia – así como en una encuesta a ex jueces y juezas, fiscales y abogadas y abogados defensores venezolanos, y en un extenso análisis de miles de páginas de expedientes judiciales y otros documentos oficiales. También realizó un análisis detallado de 183 detenciones de opositoras y opositores reales o percibidos del gobierno (153 hombres y 30 mujeres; aproximadamente la mitad de civiles y la mitad de militares) entre 2014 y agosto de 2021, y documentó las irregularidades que empañan todas las etapas del proceso penal.
“En medio de la profunda crisis de derechos humanos de Venezuela, la independencia del poder judicial se ha visto profundamente erosionada, lo cual ha puesto en peligro su función de impartir justicia y salvaguardar los derechos individuales” dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
“Según nuestra última investigación existen motivos razonables para creer que en razón de una presión política que fue intensificándose, los jueces, las juezas y las y los fiscales han desempeñado, a través de sus actos y omisiones, un papel importante en graves violaciones de derechos humanos y crímenes cometidos por diversos actores del Estado en Venezuela contra opositoras y opositores, supuestos o reales.”
Hechos identificados
La Misión identificó que los jueces y fiscales desempeñaron un papel directo en las discrepancias de las órdenes de aprehensión. «En algunos casos, las fechas oficiales de detención parecen encubrir periodos en los que las personas afirman haber sufrido desapariciones forzadas de corta duración durante los cuales estuvieron incomunicadas y fueron sometidas a tortura o a tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual«, explican en el informe.
También la Misión documentó que los jueces y fiscales procesaron a opositores utilizando medios de prueba derivados de interrogatorios ilegales.
«De las 183 detenciones de personas opositoras o percibidas como tales ocurridas entre 2014 y 2021 documentadas por la Misión, 82 personas que fueron presuntamente sometidas a tortura siguieron siendo imputadas de delitos por las autoridades fiscales y judiciales. Una revisión de sus expedientes judiciales revela que después de los interrogatorios ilegales, fiscales, jueces y juezas siguieron permitiendo que la DGCIM y el SEBIN realizaran investigaciones penales que se fundamentaron en medios de prueba obtenidos por estos
organismos de inteligencia, incluyendo aquellos medios de prueba derivados de las declaraciones obtenidas de manera indebida».
Asimismo, la Misión señaló que los jueces y fiscales no investigan las denuncias de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, incluida la violencia sexual.
«En 113 de los 183 casos de detenciones examinados por la Misión, las personas detenidas o sus representantes denunciaron la comisión de tortura, violencia sexual y/u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes. Dichas denuncias también fueron planteadas por familiares y representantes legales en escritos presentados ante los Tribunales de Control, el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. En 67 de los 183 casos, las personas detenidas comparecieron ante los tribunales con claras marcas de maltrato»,
