La Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) confirmó que ha habido «inacción» por parte del Estado venezolano para procesar y sancionar los casos de crímenes de lesa humanidad cometidos en el país, certificando así la complementariedad de La Haya para investigar la situación en Venezuela.
«Es significativo que, habiendo revisado la información presentada por las autoridades nacionales, los casos potenciales que probablemente surgirían de una investigación sobre la situación serían admisibles en términos de inacción. Esto se debe al número limitado de procedimientos internos pertinentes relacionados con los posibles casos identificados por la Fiscalía; su alcance muy limitado en relación con sus hallazgos; y la falta de pasos concretos y progresivos en esos casos para determinar la responsabilidad penal de los sospechosos», señaló la ahora exfiscal de la CPI, Fatou Bensouda, en un documento fechado el 21 de junio de 2021, que fue revelado esta semana por la Sala de cuestiones preliminares.
El texto continúa asegurando que tras evaluar la autenticidad de las investigaciones adelantadas por la Justicia venezolana, la Fiscalía de la CPI ha llegado a «la conclusión de que las autoridades no están realmente dispuestas a investigar y / o enjuiciar esos casos».
Pero más grave aún, la Fiscalía de la CPI aseguró que las autoridades venezolanas «han iniciado procedimientos internos o se han tomado decisiones nacionales con el propósito de proteger a las personas de la responsabilidad penal«, confirmando así la complicidad para favorecer la impunidad.
Falta de independencia
La Fiscalía de la CPI también confirmó la falta de independencia del Ministerio Público liderado por Tarek William Saab, al afirmar que «los procedimientos internos no se han llevado a cabo de manera independiente o imparcial, lo que significa que se han llevado a cabo de una manera que es incompatible con un intención de llevar al interesado ante la justicia».
Ante ello, la Fiscalía de la CPI informó que «los posibles casos que probablemente surgirían de una investigación de estos presuntos crímenes serían admisibles» al cumplir con el criterio de complementariedad.
De esta manera, solo restaría que la Fiscalía de la CPI anuncie si el caso conocido como Venezuela I pasa a una investigación formal, que de concretarse sería la primera en Latinoamérica desde que se creó la Corte Penal.
