El Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció este miércoles que la dictadura de Nicolás Maduro ha «profundizado el autoritarismo» en el país durante el año 2020 y el primer semestre de 2021, aprovechando la emergencia por la pandemia del coronavirus.
Durante la presentación del informe anual de la organización, el director de Provea, Rafael Uzcátegui, aseguró que el régimen ha avanzado con dos estrategias complementarias: acabar con la poca independencia de poderes que había y cercenar las libertades ciudadanas por medio de las medidas restrictivas por el coronavirus.
«En primer lugar se ha demolido el último vestigio de la independencia de poderes, la Asamblea Nacional, que era la única institución que podía desempeñar un función contralora y de contención», explicó.
A su juicio, con el nuevo parlamento chavista se ha buscado «generar una situación de simulación parlamentaria para aprobar leyes arbitrarias y abiertamente inconstitucionales».
Sumisión en pandemia
A esto se sumó el «progresivo cercenamiento de las libertades democráticas» para completar lo que denominó como el «arco dictatorial». Para ello, el régimen aprovechó la pandemia de la covid-19.
«El coronavirus no ha sido una emergencia sanitaria, sino que ha sido un potencial vector de ingobernabilidad. Entonces, la respuesta ha sido transformar esa situación en una oportunidad para aumentar los mecanismos de control sobre la población y los territorios», indicó.
En este sentido, explicó que el decreto de Estado de Alarma «ha sido funcional para aumentar tanto los niveles de censura como el disciplinamiento de la sociedad venezolana, lograr un aumento de la inmovilización, del silencio y la sumisión».
«Esta parálisis de la acción colectiva está siendo impulsada por el oficialismo para reimpulsar proyectos que en el pasado se tuvieron que detener porque generaban una importante contestación por parte de diferentes sectores de la población«, alertó en referencia a la propuesta de imponer el Estado comunal o las leyes que restringen el financiamiento y las actividades de las organizaciones de la sociedad civil.
