La Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) advirtió que el inicio del invierno, agravado por los efectos devastadores de la COVID-19, representa una amenaza directa para la salud y los medios de vida de las personas refugiadas y migrantes venezolanas en el sur de América Latina.
Casi dos millones de personas refugiadas y migrantes venezolanas se han asentado en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Se estima que una vasta mayoría de las personas venezolanas en la región, que dependían en gran medida del sector informal de la economía, han perdido sus trabajos durante la pandemia.
A medida que bajan las temperaturas, las personas venezolanas enfrentan un aumento de pobreza, desalojos y riesgos de protección. Muchos no pueden permitirse comprar calentadores, combustible, ropa y medicinas y las familias están reduciendo su ingesta de alimentos.
“Mientras la COVID-19 sigue causando estragos en la región, la llegada del invierno amenaza con exponer a las personas venezolanas a penurias indescriptibles. La desesperación ya se está agudizando y los mecanismos de supervivencia negativos van en aumento”, advirtió Juan Carlos Murillo, representante regional de ACNUR para el Sur de América Latina. “A pesar de los encomiables esfuerzos de los países de acogida para reducir tanto sufrimiento, se requiere más apoyo para hacer frente a las crecientes necesidades”.
Con vistas a la Conferencia Internacional de Donantes en solidaridad con los refugiados y migrantes venezolanos, organizada por Canadá, que se realizará el jueves 17 de junio, ACNUR hizo un llamado a los países para que se comprometan a brindar apoyo. Es alarmante que el Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela (RMRP, por sus siglas en inglés) siga teniendo una financiación insuficiente.
