El Gobierno Legítimo de Venezuela emitió un alerta a la opinión pública y a la comunidad internacional sobre la nueva arremetida de la dictadura de Nicolás Maduro contra las organizaciones no gubernamentales en el país.
En días pasados, el régimen de Nicolás Maduro publicó en la Gaceta Oficial Nro. 42.098 de fecha 30/3/2021, providencia n° 001-2021 que quedaba establecido que las ONG deben inscribirse en el registro de la Oficina contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo, a través de una normativa.
A continuación, el comunicado completa:
En esta oportunidad, la dictadura publicó en su Gaceta Oficial una “Normativa para el Registro Unificado de Sujetos Obligados ante la Oficina Nacional contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo”, en el que establece una serie de condiciones para que las ONG venezolanas puedan “operar legalmente” en el país.
Dentro de las condiciones mencionadas, las organizaciones deben entregar a la dictadura toda su información financiera y operativa, así como rendir cuentas sobre sus actividades y los beneficiarios de las mismas para no ser ilegalizadas, obstruyendo así el funcionamiento óptimo de las mismas en el país y poniendo en una situación de vulnerabilidad a un gran número de personas que incluyen a los miembros de las organizaciones, a los denunciantes que acuden a las mismas y a los beneficiarios de sus programas, al tener que revelar toda su información, que en muchos casos es confidencial por temas de seguridad, y verse todos expuestos ante el mismo régimen que los persigue con regularidad.
Instamos a la comunidad internacional a fijar su atención en esta nueva afrenta de la dictadura venezolana contra los movimientos sociales organizados en el país, cuya consecuencia pudiese ser la del cese de operaciones de muchas iniciativas, por miedo o por las consecuencias en cuanto a represión que pudiesen derivar de esta medida.
Desde el Gobierno Legítimo, a través de nuestro Comisionado para los Derechos Humanos y nuestros Embajadores, elevaremos esta denuncia a las instancias regionales e internacionales pertinentes, en aras de garantizar la protección de los defensores de derechos humanos en territorio nacional y buscando que se respeten a cabalidad sus garantías constitucionales. De igual forma, nos ponemos a la orden de las organizaciones no gubernamentales del país para impulsar una respuesta conjunta y efectiva ante este nuevo ataque.
