El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) denunció que el régimen venezolano incumplió nuevamente su obligación de responder a los mecanismos de Naciones Unidas, esta vez por no contestar 14 preguntas relacionadas con los bloqueos de páginas web y servicios digitales presuntamente ordenados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Según informó la organización, el Grupo de Trabajo de la ONU sobre empresas y derechos humanos, junto con tres relatores especiales, enviaron la comunicación AL VEN 4/2026 el pasado 4 de septiembre de 2026. Sin embargo, el plazo de 60 días para responder venció sin que las autoridades del régimen ofrecieran una contestación.
La comunicación aborda las restricciones de acceso a medios de comunicación nacionales e internacionales, organizaciones de derechos humanos, redes sociales y aplicaciones de mensajería. Según los expertos, los bloqueos habrían sido ejecutados por proveedores de Internet como CANTV, Digitel, Telefónica Venezolana (Movistar), Inter, Net Uno, Airtek y G-Network, tras presuntos requerimientos de Conatel.
Los mecanismos de Naciones Unidas también remitieron comunicaciones a estas empresas, a Telefónica S.A. y al Gobierno de España.
ONU alertó sobre el bloqueo de al menos 85 sitios web
En el documento, los expertos señalaron que las restricciones digitales habrían aumentado considerablemente durante la campaña electoral de las presidenciales del 28 de julio de 2024 y el período postelectoral.
Asimismo, citaron un informe presentado por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ante el Consejo de Derechos Humanos el 26 de junio de 2026, en el que se constató el bloqueo arbitrario de al menos 85 sitios web por parte de proveedores de Internet públicos y privados.
De acuerdo con ese reporte, las restricciones afectaron a 39 medios de comunicación, una plataforma de redes sociales, 27 servicios de privacidad en línea y servicios de distribución de contenidos multimedia, entre otros. La oficina también recibió denuncias sobre vigilancia digital por parte de actores de seguridad e inteligencia del régimen venezolano.
Los relatores advirtieron que los bloqueos también habrían perjudicado a organizaciones de la sociedad civil y defensores de derechos humanos, al limitar la difusión de información sobre sus actividades y la documentación de posibles vulneraciones.
Además, cuestionaron la falta de transparencia de Conatel y de las empresas de telecomunicaciones, que presuntamente tampoco habrían respondido a las solicitudes de información sobre las restricciones.
Bloqueos persistieron tras el levantamiento de la restricción a X
Los expertos también señalaron que, aunque después de los terremotos del 24 de junio de 2026 se levantó el bloqueo de la red social X, numerosas páginas web y medios de comunicación habrían continuado inaccesibles.
Esta situación, advirtieron, habría dificultado la difusión de información sobre la magnitud y el impacto del desastre, la asistencia humanitaria disponible, la búsqueda de personas desaparecidas y otros asuntos de interés público.
Los mecanismos de la ONU expresaron preocupación por la implementación y el mantenimiento de restricciones digitales sin que aparentemente se cumplieran los procedimientos y garantías establecidos en la legislación venezolana y en los estándares internacionales de derechos humanos.
En particular, cuestionaron posibles vulneraciones al derecho a la defensa, el acceso a procedimientos judiciales, la libertad de expresión y el acceso a la información.
Finalmente, plantearon interrogantes sobre la responsabilidad del régimen venezolano de proteger los derechos humanos frente a las actividades de los proveedores de servicios de Internet, así como de prevenir, investigar y abordar los posibles impactos adversos de estas restricciones, de conformidad con los Principios Rectores de las Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos.
Nota de prensa
