El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, aseguró este miércoles que las deportaciones de migrantes continuarán, un día después de la contundente derrota electoral del Partido Republicano, que sufrió importantes retrocesos en unos comicios marcados por el descontento con la gestión del presidente Donald Trump.
«Las deportaciones continuarán», escribió Mullin en su cuenta oficial de X, en un mensaje con el que reafirmó la continuidad de la ofensiva migratoria del Gobierno.
Los resultados electorales reflejaron un retroceso republicano en buena parte del país, con avances demócratas incluso en territorios tradicionalmente conservadores.
Según análisis de medios locales, los republicanos perdieron terreno en el 99 % de unos 2.200 condados contabilizados respecto a los resultados de Trump en las presidenciales de 2024, con retrocesos especialmente pronunciados en condados de mayoría hispana.
Aunque la inmigración fue uno de los asuntos centrales del mandato de Trump, los sondeos a pie de urna de NBC mostraron que solo el 14 % de los votantes la consideró el principal problema del país, frente al 39 % que señaló la economía y el 32 % que situó en primer lugar el estado de la democracia.
Entre quienes consideraron prioritaria la política migratoria, el 44 % prefería la gestión republicana frente al 41 % que se inclinaba por los demócratas.
Entre los votantes latinos, el rechazo a las deportaciones era más pronunciado. Una encuesta del Pew Research Center publicada en octubre encontró que el 62 % consideraba que el Gobierno estaba expulsando a demasiados inmigrantes en situación irregular.
En cuanto a las cifras, el Instituto de Política Migratoria (MPI) calculó que las autoridades migratorias estadounidenses habían realizado unas 980.000 deportaciones entre el 20 de enero de 2025 y el 31 de julio de 2026.
El instituto estimó que la cifra alcanzaría unas 660.000 durante el año fiscal 2026, que terminó el pasado 30 de septiembre. Además, calculó que el 80 % de las deportaciones contabilizadas hasta julio correspondieron a personas sin condenas penales. EFE
