El Partido Comunista de Venezuela (PCV) exigió que se determinen responsabilidades por las actuaciones de los tribunales que durante más de una década procesaron a trabajadores, sindicalistas, estudiantes y otros ciudadanos bajo acusaciones de terrorismo. La exigencia llega tras la decisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de eliminar las competencias en esa materia de cuatro juzgados de Caracas.
«Estos tribunales, durante casi una década, se convirtieron en el brazo ejecutor de una política sistemática de criminalización de las luchas del pueblo trabajador venezolano», afirmó Neirlay Andrade, integrante del Buró Político del Comité Central del PCV.
Andrade consideró que la decisión del TSJ es un anuncio que debe saludarse. Advirtió, sin embargo, que no puede servir para presentar como superadas las prácticas represivas de los últimos años sin investigar sus consecuencias y establecer responsabilidades.
El PCV denunció un esquema que empezaba con detenciones arbitrarias de trabajadores y terminaba con acusaciones desproporcionadas. Andrade lo describió así: tras las protestas, organismos de contrainteligencia militar o de inteligencia policial detenían a los trabajadores, los sometían a desapariciones forzadas temporales y los presentaban después ante un tribunal antiterrorista.
Andrade sostuvo que el mecanismo afectó en particular al movimiento sindical, a trabajadores de las empresas básicas, de la industria petrolera y del sector eléctrico. También mencionó casos de trabajadores de la prensa y de menores de edad sometidos a procesos por terrorismo.
Entre los casos que citó figuran Eudis Girot, del sector petrolero, y Daniel Romero y Leonardo Azócar, vinculados con la actividad sindical en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor). Recordó además las detenciones de trabajadores eléctricos después de los apagones de 2019 y los arrestos masivos de ciudadanos que reclamaban sus derechos tras las elecciones presidenciales.
«Estos casos no pueden pasar de manera impune. Hay que asumir responsabilidades sobre esta práctica con la que se buscó […] neutralizar las legítimas luchas del pueblo venezolano», declaró.
Ley contra el Odio
Andrade cuestionó el procedimiento de la reforma de la Ley contra el Odio. Calificó de irregular que la Asamblea Nacional deba pedir autorización al TSJ para modificar una ley.
Afirmó que el contenido de la reforma no se conoce públicamente y criticó que el proceso carezca de transparencia. A su juicio, la ley se usó para criminalizar el derecho a la protesta y a la disidencia política.
«La Ley contra el Odio convirtió en la práctica el derecho que tenemos todas las venezolanas y los venezolanos a protestar y a disentir en algo que podía estar sujeto a ser convertido en un crimen y ser penado por la ley», sostuvo.
El PCV reiteró su solicitud de nulidad de la ley. Pidió que cesen los procesos judiciales que se basan en ella y reclamó medidas de reparación para las personas afectadas.
