La presidenta de la Asamblea Nacional de 2015, Dinorah Figuera, anunció que este viernes 16 de octubre la mesa de diálogo comenzará a trabajar en la devolución de los partidos políticos que fueron intervenidos judicialmente por el régimen chavista.
«Hoy estamos trabajando el tema de los partidos políticos», afirmó Figuera en declaraciones a los medios de comunicación tras una reunión con trabajadores de la salud.
Figuera indicó que el tema de los partidos políticos «lo lidera el diputado Ramón López, quien ha hecho ya un trabajo de investigación, de consulta de los expertos en esta materia».
La presidenta de la AN de 2015 destacó que este proceso se enlaza con la reinstitucionalización del Consejo Nacional Electoral (CNE), aunque evitó precisar cuándo serán designados los nuevos rectores del ente comicial.
Más de una decena de partidos intervenidos
El inicio de las intervenciones se remonta al año 2012, cuando la Sala Constitucional del TSJ designó a Didalco Bolívar, un exgobernador que había sido imputado por corrupción, como presidente de una junta directiva ad hoc del partido Podemos, organización de izquierda que desde 2007 había roto con el chavismo.
Tres años después, en 2015, previo a las elecciones legislativas de ese año, el TSJ intervino otros cuatro partidos: el Comité de Organización Política Electoral Independiente (COPEI), el Movimiento de Integridad Nacional – Unidad (MIN Unidad), Bandera Roja (BR) y del Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).
Lo mismo ocurrió en marzo de 2018 con la Unión Popular Venezolana (UPV), el partido fundado por Lina Ron, que fue intervenido por decisión de la Sala Constitucional del TSJ, que impuso a Henry José Hernández Rodríguez como presidente de la organización.
A partir del año 2020 estas intervenciones judiciales se volvieron sistemáticas, como parte de una estrategia para cooptar a las organizaciones políticas previo a la renovación del parlamento, que desde 2015 era dominado por una amplia mayoría opositora.
Es así como antes de las elecciones parlamentarias de 2020 el TSJ intervino a otros seis partidos, no solo opositores sino también agrupaciones chavistas que se habían distanciado de Maduro y pretendían postular una alianza diferente a la del oficialismo.
El histórico partido Acción Democrática (AD) fue el primero en ser intervenido ese año, el 15 de junio de 2020. La Sala Constitucional impuso a Bernabé Gutiérrez como presidente de una mesa directiva ad hoc, quitándole la representación legal de la organización a su secretario general, Henry Ramos Allup.
Unos días después, el 7 de julio de 2020, ocurrió lo mismo con Voluntad Popular (VP), el partido del dirigente político Leopoldo López, que le fue entregado a José Gregorio Noriega, un político que había sido expulsado de la agrupación acusado de recibir sobornos del régimen chavista.
El 20 de julio de 2020 la Sala Electoral del TSJ reactivó un recurso que había sido presentado en 2017 y lo usó para suspender a las autoridades del partido Movimiento Republicano (MR) e intervenir la organización.
Un mes después, la arremetida fue contra partidos de izquierda que manifestaron diferencias con las políticas de Maduro y tenía la intención de desafiarlo presentando una coalición con candidatos alternativos al oficialismo. Así, la Sala Constitucional del TSJ intervino el 18 de agosto al movimiento de extrema izquierda Tupamaro, y el 21 de agosto al partido Patria Para Todos (PPT), nombrando directivos leales a régimen.
Ese mes, el Tribunal Supremo también reactivó los casos contra los partidos MIN-Unidad y Bandera Roja, que habían sido intervenidos en 2015, y habilitó a directivos afines al régimen como representantes legales para participar en las elecciones legislativas.
Una de las últimas organizaciones políticas intervenidas por el régimen fue el Partido Comunista de Venezuela (PCV). Tras más de 90 años de historia, la tolda fue intervenida el 11 de agosto de 2023.
La decisión de la Sala Constitucional del TSJ ocurrió luego de que el PCV rompiera con el régimen de Maduro y denunciara la deriva autoritaria de su gobierno. El Tribunal nombró como directivo ad hoc a Henry Parra, un dirigente regional que había sido expulsado del partido dos años antes.
Además de los partidos intervenidos, el CNE también ha impedido que nuevas organizaciones se legalicen para participar en elecciones, como es el caso de Vente Venezuela y Encuentro Ciudadano.
