Amnistía Internacional celebró la decisión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU de renovar por otros dos años el mandato de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, así como el de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, y afirmó que respalda a las víctimas frente a la persistente impunidad.
«Celebramos esta decisión de continuar el escrutinio sobre la persistente crisis de derechos humanos en Venezuela», declaró la directora para las Américas de la organización, Ana Piquer.
Según Piquer, extender el trabajo de la Misión durante los próximos dos años «refuerza el interés de la comunidad internacional en la justicia y la rendición de cuentas por graves violaciones de derechos humanos en el país, incluidos crímenes de lesa humanidad».
La decisión, agregó, «es una clara señal de reconocimiento de que el aparato represivo del gobierno sigue vigente, mientras que la opacidad y la impunidad siguen siendo la regla».
«Una herramienta clave»
Piquer sostuvo que renovar las investigaciones de la ONU «pone de manifiesto la gravedad de la crisis» y de las estructuras represivas que persisten. Calificó las investigaciones, los informes y las recomendaciones de la Misión como «una herramienta clave para examinar la prolongada política de represión del gobierno», con un mandato centrado en las víctimas que, dijo, puede ser crucial para buscar la rendición de cuentas y la no repetición del sufrimiento soportado «durante más de una década».
La dirigente recordó a las autoridades venezolanas y a la comunidad internacional que los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no repetición «deben estar en primer plano» en cualquier esfuerzo por garantizar un futuro con respeto al Estado de derecho. Amnistía reiteró su exigencia de liberar de inmediato a todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos, derogar las leyes y normas represivas, poner fin a la persecución política y desmantelar la política de represión del Estado.
La Misión fue creada por la ONU en 2019 para investigar graves violaciones de derechos humanos en Venezuela. Su mandato fue renovado en 2020, 2022 y 2024, siempre por periodos de dos años. Desde 2024, los Estados que lideran el esfuerzo son Argentina, Canadá, Chile, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Uruguay.
La resolución se aprobó con 25 votos a favor, 5 en contra y 17 abstenciones.
