La Universidad Friedrich-Alexander de Erlangen-Núremberg otorgó el Premio Rudolf Benario de Derechos Humanos 2026 a la socióloga y activista venezolana Ligia Bolívar, en reconocimiento a sus contribuciones a la promoción de los derechos humanos a nivel global.
El galardón destaca especialmente su labor en favor de migrantes y refugiados venezolanos, así como sus esfuerzos por documentar las violaciones de derechos humanos cometidas en Venezuela bajo el régimen chavista.
Bolívar es investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) y reside actualmente en el exilio en Colombia. Fue directora de ese mismo centro y representante regional de Amnistía Internacional para América Latina y el Caribe, España y Portugal, además de fundadora del Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos (Provea).
El premio lleva el nombre de Rudolf Benario, estudiante de doctorado de la universidad alemana que se opuso a la complicidad con el régimen nazi y fue asesinado en Dachau en 1933.
Un discurso centrado en migración y justicia internacional
Durante su discurso de aceptación, Bolívar rindió homenaje a la memoria de Benario y agradeció a los equipos con los que ha trabajado en los últimos 38 años, entre ellos Provea, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, que dirigió durante 18 años, y la organización AlertaVenezuela, que fundó en 2018.
La activista centró su intervención en dos temas que, dijo, resuenan especialmente con la historia de Núremberg: el derecho a la protección internacional cuando el propio Estado niega protección a sus ciudadanos, y la lucha contra la impunidad. Advirtió que el mundo está repitiendo errores del pasado frente a la crisis venezolana, al cerrar fronteras y criminalizar a los migrantes, un patrón que, sostuvo, se replica también con personas de otras nacionalidades. Recordó que reside en Colombia, principal receptor de migrantes y refugiados venezolanos, y denunció el desmantelamiento reciente de buena parte de la respuesta institucional hacia esa población.
Bolívar aprovechó el reconocimiento para pedir a las autoridades alemanas examinar casos de deportación de refugiados venezolanos que habían construido su vida en el país, entre ellos mujeres embarazadas, personas mayores con enfermedades crónicas y jóvenes plenamente integrados. «No estamos hablando de números o expedientes administrativos; estamos hablando de vidas, familias y planes de futuro que fueron interrumpidos abruptamente», afirmó.
Sobre la lucha contra la impunidad, explicó que la persecución de crímenes de lesa humanidad en Venezuela se sostiene en un ecosistema legal compuesto por la Corte Penal Internacional (CPI), que continúa investigando la llamada «Situación Venezuela I»; la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos, creada en 2019; y una acción bajo jurisdicción universal presentada en tribunales de Argentina desde 2023. Precisó que la Sección de Participación de Víctimas y Reparaciones de la CPI recibió cerca de 9.000 formularios de víctimas, algunos de los cuales agrupan hasta 50 personas afectadas.
Bolívar anunció que destinará los tres meses de estadía en el Centro de Derechos Humanos de la universidad alemana, así como el aporte monetario del premio, a un proyecto que analizará las percepciones y expectativas de los migrantes y refugiados venezolanos frente a los sistemas de justicia internacional.
«Migrantes son hoy los custodios de la evidencia, actores clave de la justicia penal internacional y defensores de la jurisdicción universal«, concluyó la activista.
