Una nueva hospitalización del expresidente de Ecuador Abdalá Bucaram impidió este lunes a los jueces de un tribunal anunciar la sentencia contra el exmandatario, su hijo Jacobo y otras dos personas por un caso de presunta delincuencia organizada.
Esta es la quinta vez que los magistrados intentaron reinstalar la audiencia de juicio para leer la resolución, pero declararon fallida la diligencia, ante la imposibilidad de que el expresidente pueda conectarse para escuchar la decisión, y la fijaron para el jueves.
El pasado miércoles sucedió algo similar, ya que Bucaram había sido llevado un día antes hasta un hospital para una operación de emergencia por problemas cardíacos y estaba en terapia intensiva.
Salió de ese centro médico días después, pero fue internado este lunes en otro hospital debido a que su recuperación no había sido satisfactoria, según señalaron sus abogados en un escrito dirigido a los jueces minutos antes de la audiencia.
El tribunal envió al hospital a un equipo de búsqueda y un oficial aseguró que no había podido certificar si el expresidente se encontraba en ese lugar, ya que ningún médico o personal administrativo les había dado información.
Sin embargo, otro de sus hijos ingresó a la sala virtual de la audiencia desde el hospital y señaló que el exmandatario estaba en la unidad de cuidados intensivos y que el policía enviado sí lo había verificado.
«Tenemos todo el historial clínico, le he entregado en sus manos la factura del ingreso y ha podido verificar que estamos aquí toda la familia. No sabemos el estado de salud de mi padre», señaló Dalo Bucaram, excandidato presidencial.
La Fiscalía acusa al expresidente (1996-1997), a su hijo y a otras dos personas de «colaborar, entre marzo y agosto de 2020, con una estructura delictiva que obtuvo beneficios económicos por la comercialización de 21.000 pruebas para la detección de la covid-19 y otros insumos médicos, durante la emergencia sanitaria».
De acuerdo con las investigaciones, dos israelíes, uno de ellos asesinado en 2020 en la Penitenciaría del Litoral, la prisión más poblada y peligrosa del país ubicada en Guayaquil, habrían sido los encargados de movilizar las pruebas bajo custodia de agentes de tránsito hacia la casa del exmandatario, quien «también almacenó otros insumos médicos, como mascarillas y lancetas para la toma de muestras».
En total, cincuenta personas, entre peritos y testigos, declararon en este juicio, que inició el 11 de abril del año pasado, después de varios diferimientos registrados desde 2022.
El delito de delincuencia organizada se sanciona con hasta 10 años de prisión, pena que puede aumentar con agravantes. EFE
