El expresidente hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022) afirmó este domingo que confía en que «se haga justicia» en la audiencia del próximo martes, en la que un juez decidirá si dicta auto formal procesamiento por fraude y lavado de dinero o si decreta el sobreseimiento de la causa.
«Les pido sus oraciones siempre, para que el señor ilumine al señor juez y el martes se haga justicia, porque más claro no puede estar ese caso», subrayó Hernández ante una masa de seguidores en la ciudad colonial de Gracias, departamento de Lempira, en el oeste del país, de donde es originario.
El juez a cargo del expediente decidirá el 1 de septiembre si existen indicios suficientes para dictar auto de formal procesamiento y prisión preventiva, lo que daría paso a la siguiente etapa previa a un juicio oral, o si, por el contrario, decreta el sobreseimiento definitivo y el cierre de la causa contra Hernández, de 57 años.
El exgobernante regresó el 26 de julio a Honduras, de donde fue extraditado en 2022 a EE.UU., que lo juzgó y condenó en 2024 a 45 años de prisión por narcotráfico, una sentencia que quedó sin efecto tras el indulto concedido el 1 de diciembre de 2025 por el presidente estadounidense, Donald Trump.
Hernández afronta en Honduras el caso conocido como Pandora II, abierto en 2023, que investiga el supuesto desvío irregular de unos 10,8 millones de dólares entre 2010 y 2013, periodo en el que presidía el Parlamento hondureño, fondos que supuestamente fueron utilizados para financiar su campaña electoral de 2013.
El exmandatario reiteró su inocencia y sostuvo que en las comparecencias judiciales se ha demostrado la falta de evidencias en su contra.
«He ido día a día cuando me ha llamado el juez y cada día que pasa queda más claro que nunca, como los mismos testigos de la Fiscalía dijeron: de Juan Orlando no encontramos ninguna trazabilidad de dinero que haya quedado en sus manos», aseveró.
Hernández subrayó que, tras haber enfrentado a la Justicia estadounidense y regresar a Honduras «sin ningún cargo», también afronta el proceso judicial en su país porque confía en que «la justicia va a prevalecer».
El expresidente afronta el proceso en libertad y con prohibición de salir del país, como parte de las medidas cautelares impuestas por un juzgado especializado durante la audiencia de declaración de imputado del pasado 3 de agosto, en la que también se estableció que la causa sería tramitada por la justicia ordinaria y no por la Corte Suprema de Justicia, como se había planteado inicialmente. EFE
