Al menos 397 personas han muerto y más de 600 han resultado heridas en 24 masacres registradas en cárceles venezolanas entre 2011 y 2026, según un balance publicado este viernes por el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
La organización señaló que la creación del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en 2011, fue presentada por el chavismo como una solución a la crisis carcelaria y bajo el discurso de “humanizar el sistema”. Sin embargo, sostuvo que la realidad derivó en abandono, impunidad y consolidación del poder del pranato dentro de los centros penitenciarios.
De acuerdo con la documentación del OVP, de las 397 personas fallecidas, 369 eran privados de libertad, 22 visitantes, dos custodios penitenciarios, tres funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario y un efectivo de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).
La organización detalló que 19 de las masacres ocurrieron durante la gestión de Iris Varela, una durante el mandato de Mirelys Contreras, dos bajo la administración de Celsa Bautista y la más reciente, registrada en 2026, durante la gestión de Julio García Zerpa.
Uribana, Cepella y otras de las masacres más graves
Entre los episodios más violentos documentados por el OVP figura el ocurrido en 2012 en el Centro Penitenciario Región Andina (CEPRA), donde murieron 22 presos. Ese mismo año fallecieron otros 26 reclusos en Yare I y 10 en la cárcel La Pica, en Monagas.
En enero de 2013, un conteo y una requisa en el Centro Penitenciario Uribana, en Lara, terminaron en una de las mayores tragedias carcelarias del país. El hecho dejó 65 muertos, entre ellos un funcionario de la GNB y dos pastores evangélicos.
Al año siguiente, el penal fue habilitado nuevamente bajo el nombre de Centro Penitenciario David Viloria. Según el OVP, una protesta por maltratos y deficiencias en la alimentación derivó en el asalto a la enfermería y en la preparación de una bebida que provocó la muerte de 48 presos y la intoxicación de otros 145.
En 2016, una explosión de una granada en la Penitenciaría General de Venezuela (PGV) dejó 12 fallecidos. Un año después, un motín en Puente Ayala, Anzoátegui, causó 15 muertes, mientras que una intervención en el Centro de Detención Judicial de Amazonas (Cedja) dejó 39 reclusos muertos.
En 2018, otras 11 personas murieron en la Comunidad Penitenciaria Fénix Lara, entre ellas nueve internos y dos funcionarios del Ministerio para el Servicio Penitenciario.
Una de las masacres más numerosas ocurrió en 2020 en el Centro Penitenciario de Los Llanos (Cepella), en Portuguesa. Una protesta por la suspensión del pase de paquetería terminó con 49 reclusos asesinados y más de 70 heridos, según el OVP. Posteriormente, el penal fue desalojado.
En 2023, durante las intervenciones de los centros penitenciarios de Tocorón, en Aragua, y Tocuyito, en Carabobo, murieron 11 y cinco privados de libertad, respectivamente. El OVP señaló que los entierros fueron controlados por el régimen.
La última masacre documentada por la organización ocurrió en abril de 2026 en el Centro Penitenciario Yare III, en Miranda, donde cinco reclusos fueron asesinados después de una protesta.
OVP denuncia falta de investigaciones
El Observatorio Venezolano de Prisiones cuestionó que, después de estos hechos, las autoridades del régimen hayan anunciado investigaciones cuyos resultados y responsables se desconocen.
La organización sostuvo que el régimen suele atribuir las muertes a enfrentamientos entre los propios internos, pero recordó que corresponde al Estado garantizar la seguridad de las personas privadas de libertad y evitar el ingreso de armas a los centros penitenciarios.
El OVP también denunció que no se han realizado investigaciones suficientes sobre funcionarios que presuntamente participaron en algunas de las muertes, particularmente en hechos ocurridos después de protestas por vulneraciones de derechos.
La organización recordó que el artículo 43 de la Constitución venezolana establece que “el Estado protegerá la vida de las personas que se encuentren privadas de su libertad”.
A 15 años de la creación del Ministerio para el Servicio Penitenciario, el OVP considera que persisten violaciones a las leyes venezolanas, las Reglas Mandela y otros estándares internacionales sobre derechos de las personas privadas de libertad.
La organización advirtió que algunos de estos hechos podrían constituir crímenes de lesa humanidad, por lo que, según sostuvo, deben ser investigados y sus responsables juzgados.
“El Estado venezolano sigue en deuda con las víctimas y sus familias; la verdad, la justicia y la reparación no pueden seguir siendo postergadas”, concluyó el OVP.
397 personas han muerto en masacres registradas en cárceles venezolanas https://t.co/9ExHKU9yxo
— Observatorio Venezolano de Prisiones (@oveprisiones) August 28, 2026
