El régimen de Delcy Rodríguez notificó el 24 de julio de 2026 a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) su decisión de retirarse del Estatuto de Roma, tratado que creó la Corte Penal Internacional (CPI). Sin embargo, la salida no será inmediata: el retiro entrará en vigor un año después, el 24 de julio de 2027.
La decisión tampoco pone fin a la investigación de la Fiscalía de la CPI sobre la situación Venezuela I, abierta formalmente en noviembre de 2021. De acuerdo con el artículo 127 del Estatuto de Roma, un Estado que se retira continúa obligado por las disposiciones del tratado relacionadas con hechos ocurridos mientras estuvo sometido a su jurisdicción.
Esto significa que Venezuela deberá mantener sus obligaciones de cooperación con la Corte respecto de investigaciones y procedimientos iniciados antes de que el retiro sea efectivo. Además, la CPI podrá continuar con los asuntos que ya estuvieran bajo su consideración y conocer hechos que hayan ocurrido durante el período en que Venezuela fue Estado parte.
La investigación Venezuela I abarca crímenes de lesa humanidad cometidos al menos desde febrero de 2014. Corresponde a la Fiscalía determinar de manera independiente si existen fundamentos para avanzar respecto de hechos concretos y eventuales responsables.
Un retroceso para las víctimas
Venezuela fue uno de los primeros países de América en ratificar el Estatuto de Roma, en junio de 2000. Su salida reducirá, una vez que se haga efectiva, los mecanismos internacionales disponibles para las víctimas frente a posibles nuevos crímenes de competencia de la CPI.
La decisión también contrasta con lo establecido en el artículo 29 de la Constitución venezolana, que obliga al Estado a investigar y sancionar los delitos contra los derechos humanos cometidos por sus autoridades y establece la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, entre otros delitos graves.
La Presidencia de la Asamblea de los Estados Partes de la CPI pidió a las autoridades del régimen venezolano reconsiderar la decisión y advirtió sobre sus consecuencias para la rendición de cuentas y la protección de las víctimas.
La CPI enfrenta presión de Estados Unidos
La salida de Venezuela ocurre además en un contexto de creciente presión de Estados Unidos contra la CPI. Washington ha impuesto sanciones contra funcionarios de la institución, entre ellos su presidenta, la jueza Tomoko Akane, y miembros de la Fiscalía.
Las medidas estadounidenses tienen principalmente efectos personales y financieros y no modifican jurídicamente las competencias de la CPI ni las decisiones adoptadas bajo el Estatuto de Roma. Sin embargo, la propia Corte ha advertido que las sanciones pueden dificultar el trabajo de sus funcionarios y afectar su independencia.
La salida de Karim Khan no afecta la investigación
Otro cambio relevante en la CPI ocurrió el 24 de julio, cuando la Asamblea de los Estados Partes removió de su cargo al fiscal Karim Khan tras un procedimiento disciplinario.
Su salida no implica el cierre de la investigación sobre Venezuela. Khan se había apartado previamente de la situación Venezuela I y, desde entonces, el vicefiscal Mame Mandiaye Niang ha estado al frente del caso.
La elección del próximo fiscal determinará quién asumirá la dirección de la Fiscalía, pero la investigación sobre Venezuela no depende de la permanencia de una persona específica en el cargo.
¿Qué significa para los venezolanos?
La salida del Estatuto de Roma no borra los crímenes cometidos durante el período en que Venezuela estuvo bajo la jurisdicción de la CPI ni extingue la investigación Venezuela I.
El principal cambio se producirá a partir del 24 de julio de 2027. Desde esa fecha, Venezuela ya no será Estado parte del Estatuto de Roma, lo que limitará la competencia de la CPI respecto de nuevos hechos que ocurran después de la salida, de acuerdo con las reglas del tratado.
Para las víctimas, la diferencia es fundamental: la investigación actualmente abierta continuará y las obligaciones de cooperación vinculadas con procedimientos previos al retiro permanecerán vigentes, aunque Venezuela deje formalmente de pertenecer al sistema de la CPI.
