El informe Venezuela en Cifras 2026, elaborado por la organización Un Mundo Sin Mordaza, reveló que durante los primeros seis meses del año el país enfrentó una combinación de deterioro económico, restricciones a las libertades, persecución política y profundas deficiencias en servicios esenciales, mientras los terremotos del 24 de junio añadieron una nueva emergencia a una sociedad ya marcada por años de crisis.
El informe reúne datos de instituciones públicas, organizaciones de derechos humanos, gremios, universidades y organismos internacionales para ofrecer una fotografía integral de Venezuela entre enero y junio de 2026. Según la organización, el principal hallazgo es la conexión entre estos indicadores: la crisis venezolana no puede entenderse a través de una sola cifra, ya que la pérdida del poder adquisitivo ocurre al mismo tiempo que aumentan las protestas, mientras los bloqueos y restricciones a la prensa coinciden con la persecución política.
Economía y conflictividad social
Durante el semestre, la inflación acumulada alcanzó 129,82%, mientras el salario mínimo legal permaneció en 130 bolívares, un ingreso que, según las tasas utilizadas en el informe, equivalía a aproximadamente 0,21 dólares al cierre de junio. En mayo, la canasta alimentaria para una familia de cinco personas alcanzó 772,74 dólares, según Cendas-FVM.
La precariedad económica convivió con una elevada conflictividad social. Entre enero y marzo se documentaron 1.926 protestas, un promedio de 21 manifestaciones diarias y un aumento de 144% respecto al mismo período de 2025. De ellas, 721 exigieron la liberación de personas detenidas por motivos políticos.
Libertad de expresión y presos políticos
El espacio para informarse y expresarse continuó reducido. Espacio Público documentó 65 casos y 131 violaciones a la libertad de expresión durante el semestre, incluidas 33 detenciones. Para mayo, permanecían bloqueados 206 sitios web, 65 de ellos pertenecientes a medios de comunicación.
La persecución política también continuó. Al 17 de junio, la ONG Justicia, Encuentro y Perdón registraba 554 personas privadas de libertad por motivos políticos, entre ellas personas con enfermedades graves, adultos mayores, casos documentados de desaparición forzada y ciudadanos extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.
A esta realidad se sumó la emergencia provocada por los terremotos del 24 de junio, que expuso nuevas vulnerabilidades en los sistemas de salud, infraestructura y respuesta estatal del régimen chavista. El informe incorpora este evento no como un episodio aislado, sino como un factor que profundizó condiciones de vulnerabilidad que ya existían. «Una cifra puede mostrar una parte de la realidad. Cuando todas se ponen juntas, muestran un país», señaló Un Mundo Sin Mordaza.
La organización advirtió que estos datos no deben leerse únicamente como un balance estadístico, ya que detrás de cada indicador existen personas que enfrentan pérdida de ingresos, restricciones para informarse, detenciones por motivos políticos, dificultades para acceder a servicios esenciales o las consecuencias de una emergencia para la que el país no estaba suficientemente preparado.
Un Mundo Sin Mordaza sostuvo que Venezuela en Cifras 2026 busca poner estos datos a disposición de periodistas, investigadores, organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y tomadores de decisión, y llamó a medios de comunicación, sociedad civil y comunidad internacional a utilizar y difundir la información recopilada para mantener la situación venezolana en la agenda pública.
