DP Delta Finance B.V., titular del 40% del capital social de la empresa mixta Petrodelta, S.A., denunció que fue despojada de sus activos y de sus derechos a ejercer actividades petroleras primarias mediante un procedimiento sancionatorio que calificó como arbitrario, llevado a cabo a espaldas de la compañía y sin respetar su derecho a la defensa ni al debido proceso.
La empresa, controlada por la viuda y los herederos del fallecido magnate venezolano Oswaldo Cisneros, estima los daños causados en más de 2.000 millones de dólares.
Según la denuncia, los campos Tucupita, Bombal, Uracoa, El Isleño, Temblador y El Salto, asignados legalmente a Petrodelta con derechos de operación hasta el año 2042 mediante resoluciones ministeriales y un acuerdo de la Asamblea Nacional, fueron otorgados sin publicidad ni transparencia a Pacific Coast Energy Company (PCEC), a través de un Contrato de Participación Productiva de Hidrocarburos. DP Delta Finance sostiene que PCEC tenía conocimiento, desde al menos mayo de 2026, de que esos campos ya estaban legalmente asignados a Petrodelta, por lo que no se encontraban libres para ser otorgados a un tercero.
Desde febrero de 2022, fecha de inicio de los servicios bajo el Acuerdo de Servicios Productivos, la empresa mixta ha producido cerca de 12 millones de barriles de petróleo, equivalentes a unos 700 millones de dólares en ingresos para la República. Pese a ello, Delta Servicios, C.A., filial de DP Delta Finance, prestó servicios por más de 100 millones de dólares sin recibir pago alguno desde la firma del acuerdo, en enero de 2021, hasta marzo de 2026, casi cinco años de incumplimiento por parte de Petrodelta y PDVSA Petróleo S.A.
La empresa denunciante señaló además que pagó a la República más de 165 millones de dólares por concepto del Bono de Explotación, y que, pese a haber cumplido con todas sus obligaciones, no ha recibido los dividendos que le corresponden: desde 2010, cuando dejaron de pagarse, la empresa mixta ha producido más de 136 millones de barriles de petróleo sin que DP Delta Finance recibiera pago alguno.
La compañía aclaró que Petrodelta no ha sido liquidada ni disuelta, y que continúa siendo socia de la empresa con pleno ejercicio de sus derechos, pese al despojo del control operativo de los campos. DP Delta Finance hizo un llamado a que el procedimiento sea revisado y a que se restablezca la situación jurídica infringida, en el marco del nuevo ciclo de inversión petrolera que atraviesa el país.
Según reportó Bloomberg, el abogado de DP, Juan Domingo Alfonso Paridisi, señaló que el Ministerio de Hidrocarburos «inició la revocación y son responsables de la confiscación».
