La organización Cecodap advirtió que los constantes cortes eléctricos en Venezuela están afectando de manera directa el bienestar, la educación y la salud mental de niños, niñas y adolescentes, especialmente en las regiones del interior del país.
A siete años del apagón nacional de 2019, la ONG señaló que las fallas eléctricas dejaron de ser situaciones aisladas para convertirse en parte de la cotidianidad de millones de familias. Citando datos de la Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi 2025), indicó que nueve de cada diez hogares sufren interrupciones frecuentes del servicio.
La organización destacó que las consecuencias no impactan por igual a toda la población, ya que en varios estados las suspensiones de electricidad pueden prolongarse durante horas, agravando las dificultades de quienes viven en zonas rurales o alejadas de Caracas.
Según Cecodap, esta situación repercute en condiciones esenciales para el desarrollo de la infancia y adolescencia. La ONG documentó problemas en instituciones educativas como altas temperaturas en aulas, limitaciones de acceso al agua potable, sanitarios inoperativos y deficiencias de infraestructura que dificultan la permanencia de los estudiantes durante la jornada escolar.
El organismo explicó que algunos niños reducen el consumo de agua para evitar utilizar baños dañados, mientras otros deben estudiar en medio del calor extremo o enfrentar constantes interrupciones de energía en sus hogares para realizar tareas académicas.
Además, alertó sobre las consecuencias emocionales derivadas de la incertidumbre permanente, los cambios de horarios, la falta de descanso y la pérdida de conectividad. Entre los efectos mencionó ansiedad, irritabilidad, agotamiento, problemas de concentración y alteraciones del sueño.
“Niños y adolescentes necesitan estabilidad para desarrollarse”, sostuvo la organización, al señalar que la prolongación de estas condiciones puede afectar derechos fundamentales como la educación, el descanso y el desarrollo integral.
Ante este escenario, Cecodap compartió una serie de recomendaciones dirigidas a las familias y centros educativos para reducir el impacto de la crisis, entre ellas mantener rutinas básicas, promover espacios de recreación, cuidar la hidratación y el descanso, observar señales de malestar emocional y fortalecer redes de apoyo comunitario.
La ONG insistió en que las familias no deberían enfrentar solas las consecuencias del deterioro de los servicios públicos y subrayó que el régimen tiene la responsabilidad de garantizar condiciones adecuadas para la protección de niños, niñas y adolescentes en áreas como educación, salud y cuidado.
