La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un enérgico llamado al régimen que detenta el poder en Venezuela para la liberación inmediata e incondicional de todas las personas detenidas arbitrariamente por motivos políticos. El organismo expresó su profunda preocupación por las prácticas de tortura, desaparición forzada y la sistemática negación de atención médica que impera en los centros de reclusión del país.
En un comunicado oficial, la CIDH condenó la muerte de al menos 18 personas bajo custodia del Estado por razones políticas, mencionando casos recientes como el de Víctor Hugo Quero Navas, y los de Reinaldo Araujo, Lindomar Amaro y Alfredo Díaz. Hasta abril de 2026, organizaciones de la sociedad civil reportan que al menos 454 personas continúan privadas de su libertad por disentir.
La Comisión denunció que la «Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática», promulgada en febrero de este año, ha tenido un alcance sumamente limitado y una aplicación discrecional. Mientras que fuentes oficiales hablan de 8,000 beneficiarios, los datos de la sociedad civil contrastan drásticamente: solo 186 personas obtuvieron libertad plena; 554 personas fueron excarceladas pero permanecen bajo medidas cautelares, sin sobreseimiento de sus causas; y al menos 322 solicitudes fueron negadas y cientos siguen en espera de decisión.
El organismo criticó duramente el anuncio de Delcy Rodríguez del pasado 23 de abril, en el que dio por concluida la aplicación de la amnistía. Para la CIDH, esta acción corrobora que el sistema de justicia venezolano opera como un «apéndice del Poder Ejecutivo», evidenciando la ausencia total de separación de poderes y de un Estado de Derecho.
La CIDH insistió en que las liberaciones parciales no eximen al Estado de sus obligaciones internacionales. En este sentido, exhortó a la comunidad internacional a exigir condiciones para la celebración de elecciones libres, justas y transparentes, señalando como paso crucial la fijación inmediata de la fecha para los comicios presidenciales.
Finalmente, el órgano autónomo de la OEA reiteró su disposición «firme e inquebrantable» de realizar una visita in loco a Venezuela para observar directamente la situación de los derechos humanos en el territorio, una solicitud que ha sido sistemáticamente ignorada por las autoridades en Caracas.
