El Observatorio Venezolano de Conflictividad Social (OVCS) documentó 1.926 protestas durante el primer trimestre de 2026, un promedio de 21 diarias, lo que representa un aumento del 144% en comparación con el mismo período del año anterior.
El organismo destacó que el incremento de protestas ocurre tras la captura del dictador Nicolás Maduro, que generó contexto marcado por la tutela internacional de Estados Unidos sobre el régimen de Delcy Rodríguez, con lo cual la ciudadanía percibe una reducción de la represión abierta, aunque el aparato represivo sigue intacto.
622 manifestaciones se registraron en enero, 599 en febrero y 705 en marzo, mes en que las exigencias socioeconómicas desplazaron a las políticas como motor principal de la protesta.
Reclamos por libertad y justicia
Durante el trimestre, los derechos civiles y políticos dominaron la conflictividad, presentes en 1.228 protestas (64% del total). El derecho a la participación política fue la exigencia más frecuente con 1.078 manifestaciones, seguido por el derecho a la justicia con 827, el derecho a la manifestación pacífica con 588.
Al menos 721 protestas exigieron específicamente la liberación de presos políticos. La Ley de Amnistía, promulgada en febrero, lejos de calmar las calles generó nuevas movilizaciones ante sus exclusiones, su alcance limitado y la falta de garantías para una aplicación efectiva.
La lucha laboral se intensificó en marzo
Los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales estuvieron presentes en 698 protestas (36% del total), con un crecimiento sostenido que culminó en marzo, cuando representaron el 64% de todas las manifestaciones del mes.
Las 482 protestas laborales del trimestre se concentraron sobre todo en el mes de marzo (301), impulsadas por trabajadores que rechazan la política de bonificación del salario, exigen la derogación del Instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) y reclaman el cumplimiento de contratos colectivos.
Los sectores que más protestaron fueron otros gremios (501), educación (134), salud (49) y transporte (42). Las principales demandas laborales incluyeron el ajuste del salario mínimo, el rechazo a la bonificación del ingreso sin incidencia salarial, el restablecimiento de contrataciones colectivas, la derogación del Instructivo Onapre y la reincorporación de trabajadores despedidos arbitrariamente.
Los estados con más protestas
La conflictividad tuvo presencia en todo el territorio nacional. Los cinco estados con mayor número de manifestaciones fueron Miranda (264), Distrito Capital (260), Bolívar (152), Anzoátegui (141) y Sucre (141). Les siguieron Lara (114), Mérida (116), Táchira (107), Falcón (65), Carabobo (66) y Aragua (57). Los estados con menor número de manifestaciones fueron Amazonas (13), Guárico (14) y Apure (19), aunque el OVCS advirtió que esto no implica ausencia de conflictividad sino «cautela ante la represión y menor cobertura mediática».
El OVCS documentó 21 protestas reprimidas en 9 estados, una reducción del 45% respecto al mismo período de 2025, cuando se registraron 38. El Distrito Capital concentró el mayor número de represiones (7), seguido por Miranda (5) y Bolívar (3).
Sin embargo, el organismo advirtió que esta reducción «no implica una transformación estructural de la política represiva», sino una «adaptación estratégica del aparato estatal, orientada a reducir la visibilidad de la represión sin eliminar sus efectos», mediante «mecanismos de control preventivo, intimidación selectiva y disuasión indirecta».
La crisis de servicios también impulsó protestas
El informe también documentó 230 protestas por el derecho a la vivienda y servicios básicos, concentradas especialmente en marzo (153). El agua potable fue el principal motivo (122 protestas), seguido por fallas eléctricas (36), aguas servidas (15), recolección de desechos (14) y vialidad (11). Adicionalmente, el OVCS registró 21 protestas por desabastecimiento de combustible en 9 estados, con Falcón a la cabeza (8).
El OVCS proyectó que la conflictividad social continuará en el segundo trimestre de 2026, con posible intensificación en torno a tres ejes: salarios dignos, aplicación efectiva y sin exclusiones de la Ley de Amnistía, y liberación plena de todos los presos políticos. El organismo subrayó que «la evolución de la conflictividad dependerá en gran medida de la capacidad de las autoridades para avanzar en medidas concretas que generen confianza institucional, y de la continuidad del acompañamiento y la presión internacional».
