La palmicultura venezolana enfrenta una de las crisis más severas de su historia reciente. Productores de todo el país, reunidos en El Guayabo, municipio Catatumbo del estado Zulia, advirtieron que, de no corregirse la situación, el sector podría entrar en una paralización nacional.
Representados por más de 15 asociaciones de base bajo el liderazgo de la Federación de Palmicultores de Venezuela (Fepalven), denunciaron el incumplimiento de acuerdos comerciales, retrasos críticos en los pagos y la falta de respuesta del régimen.
El conflicto se origina en la ruptura del acuerdo firmado en 2023 entre el Ministerio de Agricultura, Sunagro, las plantas extractoras y la industria, que establecía que el productor recibiría el 17% del valor del aceite rojo de palma.
“En 2023 logramos establecer algunas normas… todos quedamos de acuerdo en que el valor que iba a recibir el productor era el 17%. Eso nos trajo una alianza estratégica durante más de un año”, recordó Luis Urbina, presidente de Fepalven.
Sin embargo, desde finales de 2024 y durante todo 2026, las industrias han desconocido el pacto. Urbina denunció que llevan más de ocho meses reclamando el cumplimiento del acuerdo y que los retrasos en los pagos ya superan las tres semanas.
“Un productor no puede pasar más de ocho días desde que entrega su cosecha sin que la planta extractora le cancele”, afirmó.
La situación se agrava porque la fruta fresca de palma —el “corozo”— es altamente perecedera y debe procesarse de inmediato. “Ellos podrán conservar el aceite, pero ¿quién nos conserva a nosotros un producto que es perecedero? Necesitamos defender el cultivo”, advirtió Mercedes Arámbulo, directiva de Fepalven.
Capacidad nacional
Venezuela cuenta con 120.000 hectáreas de palma en producción y proyecta cubrir más del 40% de la demanda nacional en 2026. No obstante, los productores aseguran que la importación masiva de grasas vegetales está desplazando al rubro local y generando una fuga de divisas que afecta el PIB.
En municipios como Jesús María Semprún y Catatumbo, la palmicultura es el principal sostén económico: más de 700 familias dependen directamente de esta actividad.
“Nos están matando con el precio, nos están matando con los pagos… nosotros estamos financiando la industria por los atrasos”, denunció Carlos Chacín, representante de Asopalpro.
Los productores exigieron a la encargada del régimen, Delcy Rodríguez, reactivar las mesas de evaluación mensual, paralizadas desde hace más de un año, para revisar costos, precios, pagos y políticas de importación.
“Óiganos, presidenta Delcy, auxílienos porque estamos perdidos en este mundo que no sabemos para dónde coger”, expresó Nubia Gómez, productora local.
El sector insiste en que la solución pasa por cumplir los pagos atrasados, restablecer el acuerdo del 17%, regular las importaciones para proteger la producción nacional y garantizar políticas coherentes que permitan sostener el cultivo y evitar el colapso del sector.
