El jueves 12 de marzo, los venezolanos dejaron a un lado sus temores y rompieron el silencio. Tras un periodo caracterizado por una brutal represión, una profunda incertidumbre y un terror paralizante que dejaron las protestas de finales de julio de 2024, después de las elecciones presidenciales, trabajadores activos y jubilados de todo el país recuperaron su voz y volvieron a calentar las calles pacíficamente para exigir un aumento salarial digno.
El último incremento fue en 2022, cuando se fijó en 130 bolívares que, para ese entonces, equivalían a 30 dólares a tasa BCV. Pero la devaluación de la moneda nacional sepultó el ya débil poder adquisitivo de los ciudadanos: cuatro años después, el salario mínimo equivale 0,30 centavos de dólar.
Con banderas, pancartas, consignas y mucha indignación, los manifestantes coincidieron en un mismo clamor: que se cumpla el artículo 91 de la Constitución, donde se establece que todo trabajador debe devengar lo suficiente para adquirir una canasta básica (en 677 dólares según el último reporte de Cendas-FVM).
De acuerdo con informes del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en 2024 hubo 5.226 protestas en el país. Al año siguiente, se registró una disminución de más del 50% de las manifestaciones relacionadas a demandas por derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales, con tan solo 2.219 protestas.
Sin eventos represivos
De acuerdo a los reportes, pese a la presencia de funcionarios policiales, no se registró ningún incidente violento.
En Barinas, el Dgcim y el Sebin no les quitaron el ojo a los marchantes. Sin embargo, en el estado Táchira, por ejemplo, al menos 20 uniformados de la policía regional custodiaron a los ciudadanos durante todo el recorrido.
Incluso, algunos expresos políticos, como Albany Colmenares en Carabobo, se unieron a la manifestación protagonizada por sindicatos de los sectores educación, salud, construcción, industrias y sociedad civil.
En Aragua, Roberto Campero, quien también fue preso político del régimen, se solidarizó con la causa de los derechos laborales. “Los trabajadores de Aragua han perdido el miedo y continuaremos en las calles hasta tanto se cumplan las exigencias del pueblo trabajador”, afirmó.
Por su parte, los protestantes de Falcón tomaron las plazas de Coro y Punto Fijo para pedir reivindicaciones salariales y la libertad de los presos políticos que fueron injustamente detenidos.
Bono no es salario
En Guárico, la protesta tampoco se limitó exclusivamente a las exigencias económicas. Los manifestantes denunciaron el deterioro de la calidad de vida, la precariedad en los hospitales y ambulatorios regionales, la falta de insumos médicos y las constantes fallas en los servicios públicos.
Gualberto Más y Rubí, presidente del Sindicato Unitario del Magisterio del estado Zulia, insistió en que las bonificaciones no sustituyen al salario y pidió la derogación de los bonos a través del Sistema Patria.
“Nos estamos muriendo de hambre. No queremos más bonos de miseria, queremos que se elimine la Onapre porque eso es lo que ha acabado con el salario y las prestaciones sociales de todos los trabajadores”, expresó por otro lado José Igualguana, secretario ejecutivo del Sindicato de Trabajadores de la Salud (Sintrasalud) en Anzoátegui.
Continuarán en las calles
Desde Lara, los trabajadores fueron muy claros: ahora más que nunca están unidos para continuar alzando la voz hasta lograr la ansiada mejora salarial.
Mario Bellorín, presidente del Colegio de Profesores en Carúpano, estado Sucre, indicó que la expectativa del sector laboral es que el Gobierno de Delcy Rodríguez realice un anuncio oficial de incremento antes del 1° de mayo, Día Internacional del Trabajador.
Mientras tanto, en Mérida los líderes gremiales y sindicales recordaron que “la voz es el arma más poderosa” para la conquista de los derechos laborales, advirtiendo que las acciones de calle continuarán hasta obtener una respuesta satisfactoria por parte de las autoridades.
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