El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció graves hechos ocurridos el pasado 17 de noviembre en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón, donde un detenido por motivos políticos habría intentado suicidarse en medio de un apagón, mientras las autoridades intensificaban la represión contra los internos.
Según testimonios de familiares, Juan David Gutiérrez, quien padece síndrome de Asperger y TDAH, intentó ahorcarse dentro de su celda durante un corte eléctrico. Fueron sus compañeros quienes lograron bajarlo y trasladarlo a la enfermería, aunque la falta de información sobre su estado generó angustia generalizada. Al exigir respuestas, los custodios habrían respondido con amenazas y golpes, ordenando silencio absoluto.
Crisis nerviosa y castigos en “tigritos”
El compañero de celda de Gutiérrez, Jhoandri José García, sufrió una crisis nerviosa y de ansiedad, pero en lugar de recibir atención médica habría sido maltratado por funcionarios. La tensión aumentó cuando un custodio armado ingresó apuntando contra los detenidos, mientras el director del penal, Juan Carlos Quezada, trasladaba a García a golpes hacia las celdas de castigo conocidas como “tigritos”.
Dos detenidos permanecen actualmente en aislamiento en esas celdas, sometidos a represalias e intimidación constante, mientras el resto de los presos políticos teme nuevas agresiones.
Intimidación a familiares
Los familiares también denunciaron haber sido amenazados directamente por el director del penal, quien habría advertido que podría suspender las visitas o solicitar al Sebin detenciones arbitrarias si continúan denunciando los abusos. Esta situación afecta especialmente a madres y allegados en pobreza extrema, que apenas logran costear traslados y paquetería para sus seres queridos.
El Comité exigió al Estado venezolano:
- Proteger de manera inmediata la vida e integridad de los detenidos afectados.
- Poner fin al uso de castigos y a las celdas de aislamiento.
- Investigar las agresiones y abusos de poder, incluyendo la actuación del director Quezada.
- Garantizar atención médica y psicológica adecuada.
- Permitir que los familiares denuncien sin represalias.
- Adoptar medidas de apoyo para familias en pobreza extrema.
La organización advirtió que estos hechos constituyen delitos internacionales, incluyendo tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes, y forman parte de la investigación en curso ante la Corte Penal Internacional (CPI).
Finalmente, el Comité hizo un llamado urgente a la ONU, la CIDH y organismos internacionales para activar mecanismos de protección inmediata, y exhortó a la sociedad venezolana a no guardar silencio ante esta realidad inhumana.
