La organización Transparencia Venezuela, actualmente en el exilio por la persecución del régimen de Nicolás Maduro, publicó un informe en el que denuncia que el ecosistema de criptomonedas en Venezuela ha sido transformado en una herramienta sistemática de corrupción, lavado de dinero y evasión de sanciones internacionales, con participación directa de altos funcionarios, bancos privados y empresas vinculadas al poder.
Según el reporte, entre 2017 y 2025 el Estado venezolano utilizó el fallido criptoactivo Petro como fachada para desviar fondos públicos y comercializar petróleo de forma opaca, en lo que se conoció como la trama PDVSA–Cripto, que habría generado un desfalco estimado en 16.950 millones de dólares. El esquema fue dirigido por el exvicepresidente y exministro de Petróleo Tareck El Aissami, hoy detenido, y por el exsuperintendente de criptoactivos Joselit Ramírez.
Tras el colapso del Petro en 2024, el régimen impulsó una nueva fase basada en stablecoins como USDC y USDT, operadas por empresas privadas con licencias oficiales —como Kontigo y Crixto Pay— que realizan transacciones masivas sin controles de origen de fondos, facilitando el arbitraje cambiario y el lavado de dinero.
Principales hallazgos
El Petro —presentado por el régimen como un “criptoactivo soberano”— funcionó como una fachada para el control político y la corrupción estatal. Lejos de ser una criptomoneda descentralizada y transparente, el Petro operó como un token controlado directamente por el Ejecutivo, utilizado para transacciones opacas, desvío de fondos públicos y comercialización irregular de petróleo. Su estructura fue diseñada para evadir sanciones internacionales y facilitar el uso discrecional de recursos sin supervisión institucional.
Durante ese período, Tareck El Aissami concentró el poder absoluto sobre el sistema cripto venezolano. Las instituciones creadas para gestionar el Petro —como la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), la Tesorería de Criptoactivos, el Registro de Minería y la plataforma VEX— estaban subordinadas a su figura. Las normas cambiaban a su discreción, lo que permitió manipular el sistema y encubrir operaciones de desfalco. Esta arquitectura institucional fue clave en la trama conocida como PDVSA–Cripto, que entre 2019 y 2023 desvió más de 16.000 millones de dólares mediante operaciones petroleras pagadas en criptomonedas como Bitcoin, sin control fiscal ni financiero.
Tras el colapso del Petro en 2024, el régimen inauguró una nueva fase de uso de criptomonedas, esta vez centrada en stablecoins como USDC y USDT. Empresas privadas con licencias oficiales, como Kontigo y Crixto Pay, comenzaron a operar como intermediarias en transacciones masivas de compra y venta de criptoactivos, sin controles sobre el origen de los fondos. Este nuevo esquema favorece el arbitraje cambiario y el lavado de dinero, al permitir la compra de stablecoins a tasa oficial para luego revenderlas a precio paralelo, generando ganancias inmediatas con respaldo institucional.
El informe también revela la participación de bancos privados —como Bancamiga, Banco Plaza y Banco Activo— en estas operaciones. Estas entidades facilitaron recargas en efectivo de hasta 100.000 USDC mensuales sin verificación de identidad ni trazabilidad, actuando como engranajes clave en la triangulación entre el Estado, las plataformas cripto y el mercado paralelo. Esta dinámica recuerda al esquema de dólar preferencial de años anteriores, ahora reeditado con tecnología blockchain y sin controles efectivos.
Transparencia Venezuela concluye que el sistema cripto venezolano ha pasado de ser un experimento fallido de “soberanía digital” a convertirse en un mecanismo institucionalizado de corrupción financiera, con nuevas marcas, actores y justificaciones tecnológicas, pero con la misma lógica de opacidad y desfalco.
