Un monitoreo realizado por Transparencia Venezuela, en el exilio, reveló que durante julio al menos 36 buques furtivos rondaron los principales puertos petroleros del país, en medio de maniobras opacas para comercializar el crudo venezolano sin licencia formal.
El informe advierte que la práctica sistemática de apagar los sistemas de rastreo AIS impide conocer con precisión la magnitud de estas operaciones.
En total, fueron detectados 92 tanqueros cercanos a ocho terminales, principalmente en Amuay, Punta Cardón y el complejo petroquímico de José. De ellos, 24 no mostraron sus identificadores internacionales (IMO), mientras que 12 fueron catalogados como “furtivos” por compañías de riesgo marítimo global. La mayoría operaba bajo banderas de conveniencia de países como Panamá, Islas Comoras, Guinea, Islas Marshall y Liberia.
El informe también denunció la presencia de buques sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), como el ROSALIN (San Tomé y Príncipe) y el MARÍA CRISTINA (Cuba), así como una embarcación vinculada a la llamada “flota oscura” rusa, el BANDRA o SENSUS, que navega con doble identidad.
Además, se confirmaron al menos cinco trasiegos de crudo (ship-to-ship) en la bahía de Amuay, con la presencia simultánea de 24 embarcaciones no detectadas por AIS. Los destinos recurrentes de las exportaciones ilegales son China, Cuba, Países Bajos y Rusia.
Transparencia advirtió que estas maniobras elevan el riesgo de desvío de recursos públicos, recordando que entre 2019 y 2023 PDVSA perdió la pista de intermediarios por deudas que superaron los 16.900 millones de dólares, sin claridad sobre su recuperación o uso.
El monitoreo coincidió con el primer mes sin licencia de operaciones para Chevron, lo que obligó al régimen de Nicolás Maduro a intensificar el comercio paralelo. Pese a ello, Caracas reportó a la OPEP un alza en la producción de crudo a 1.084.000 barriles diarios en julio, cifra que contrasta con la grave crisis económica interna: depreciación del bolívar de 57,25% en siete meses, inflación acumulada de 229% y una contracción proyectada de 4% para 2025.
La ONG concluyó que la opacidad en la industria petrolera, bajo el control del régimen, “ha creado un terreno fértil para la corrupción y la impunidad”, en un contexto donde el precio internacional del crudo venezolano se mantiene en 58,14 dólares sin sanciones, pero apenas en 32 dólares por barril en operaciones clandestinas.
