El ambiente político en Colombia se caldeó este jueves con demandas y críticas al controvertido decreto del presidente Gustavo Petro que convoca para el 7 de agosto una consulta popular sobre su reforma laboral, decisión que ahonda la división con los demás poderes del Estado y pone a prueba la institucionalidad del país.
Descontento con el hundimiento en el Senado de la reforma laboral en marzo pasado, y con el rechazo, dos meses después, a su iniciativa de llamar a una consulta popular para que sea el pueblo quien decida sobre el paquete de leyes del trabajo, Petro desafió al Poder Legislativo y a las instituciones al expedir el Decreto 639 de 2025, que le puso fecha a la consulta.
La oposición reaccionó de inmediato y ya presentó las primeras demandas contra el decreto, que consideran «inconstitucional», y contra los ministros firmantes por el supuesto delito de prevaricato porque el Ejecutivo no puede usurpar las funciones del Senado.
«La ruptura con el Congreso es el primer paso, la ruptura con las cortes va a ser el segundo», dijo a EFE la analista Sandra Borda, profesora del Departamento de Ciencia Política de la Universidad de los Andes, quien considera que «hay un consenso de que el presidente no puede hacer lo que está haciendo», pero la última palabra la tienen los máximos tribunales del país.
Las primeras demandas han sido presentadas ante el Consejo de Estado (máximo tribunal de lo contencioso administrativo) y ante la Corte Constitucional, pero Borda teme «que el presidente no va a obedecer los dictámenes de las cortes si no van de acuerdo con lo que él quiere».
Denuncias de autoritarismo
A las críticas se sumó este jueves el expresidente César Gaviria (1990-1994), jefe del Partido Liberal, que apoyó a Petro en el comienzo de su mandato pero que ahora lo acusa de «autoritarismo desenfrenado» y «descarado desdén por el respeto de las reglas de juego esenciales en cualquier democracia».
«El decreto es tan grotesco que no le deja al registrador nacional (autoridad electoral) camino diferente a aplicar la excepción de inconstitucionalidad por ser manifiestamente violatorio del artículo 104 de la Constitución», expresó Gaviria en un comunicado.
Petro, por su parte, desvirtuó las críticas a su decreto y aseguró en su cuenta de X que la legalidad lo cobija porque sus argumentos son los mismos de Gaviria hace 34 años cuando, siendo presidente, logró que se convocará la Asamblea Constituyente que redactó la actual carta magna.
«A quienes hablan de ‘decretazo’ les informo que la argumentación entregada a la Corte Constitucional es la misma que entregó el expresidente Cesar Gaviria a la Corte Suprema para que se convocara a la Asamblea Nacional Constituyente de 1991», expresó el mandatario.
Sin embargo, Sandra Borda considera «que las Cortes no van a estar de acuerdo con esa interpretación que ha hecho el presidente de su capacidad de hacer esto por decreto», lo que puede acabar extendiendo su enfrentamiento también al Poder Judicial.
Alerta por posibilidad de una Asamblea Constituyente
Petro parece dispuesto a aprobar su reforma laboral a como dé lugar y por eso anoche sugirió la posibilidad de convocar mediante una iniciativa popular una Asamblea Constituyente para cambiar la Constitución, que en opinión de expertos es lo suficientemente amplia en cuanto a garantías de derechos fundamentales.
«Que nos hunden todo, supongamos, entonces lo que sigue son ocho millones de firmas, un trabajo intenso, difícil, pero el pueblo ya decidió y no se va a echar para atrás, y todos los instrumentos que existen en Colombia, incluida la Asamblea Nacional Constituyente, se utilizarán», dijo Petro en un discurso en Cali, idea reiterada hoy por el exfiscal general Eduardo Montealegre, que será su próximo ministro de Justicia.
Para la senadora Nadia Blel Scaff, presidenta del Partido Conservador y unas de las más enconadas opositoras de Petro, la «ocurrencia» de «una Asamblea Nacional Constituyente, no es más que un nuevo malabarismo jurídico, un intento desesperado por desviar la atención de los verdaderos desafíos que enfrentamos».
«Creo que el presidente cambió fundamentalmente su aproximación a las instituciones y al orden constitucional colombiano y ya no está cuidando el cumplimiento de las mismas», explicó por su parte Borda.
La analista opina que con el Gobierno a punto de entrar en su último año, lo que ocurrirá el próximo 7 de agosto, fecha elegida para la consulta popular, Petro intentará imponer su agenda de cualquier forma para obtener ventajas para el Pacto Histórico, su partido, en las elecciones de 2026.
«Rota esa relación entre los dos poderes públicos (Ejecutivo y Legislativo), el presidente lo que va a tratar de hacer es usar medidas que son en realidad de hecho para avanzar su agenda política con mucha desesperación porque el año entrante hay elecciones presidenciales y todo esto está motivado por la necesidad del Pacto Histórico de mantenerse en el poder», concluyó Sandra Borda. EFE
