El Gobierno de Perú decretó este lunes un toque de queda en el distrito de Pataz, donde fueron secuestrados y asesinados 13 trabajadores de la mina de oro Poderosa, además de ordenar que las Fuerzas Armadas tomen el control de la zona, anunció la presidenta Dina Bolaurte.
La compañía minera Poderosa, que explota el yacimiento de oro peruano atacado por delincuentes, confirmó el asesinato de 13 trabajadores que habían sido secuestrados hace una semana y que fueron hallados muertos este domingo.
En un comunicado, Poderosa lamentó el fallecimiento de las 13 personas que fueron «cruelmente asesinadas por los criminales aliados a la minería ilegal».
«Expresamos nuestra solidaridad con las familias de las víctimas, compartiendo su dolor y pesar por tan terrible pérdida», añadió.
La minera se quejó de que, en total, 39 mineros y trabajadores han sido asesinados por las bandas criminales que han tomado el control de Pataz, «convertida en un territorio sin ley, en el que la violencia campea impunemente».
La empresa hizo un llamado urgente al Gobierno a fin de que replantee su estrategia para enfrentar la criminalidad y lograr la captura de los delincuentes que operan en Pataz.
Sin embargo, advirtió que no será posible derrotar la delincuencia si la Policía sigue sin ingresar a interdictar las bocaminas ilegales, donde se guarecen y desde donde actúan las bandas criminales.
También denunció que la ubicación de esos puntos está plenamente identificada y georreferenciada.
También indicó que le corresponde «mayor responsabilidad» a la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas, porque «sigue sin atender los pedidos de exclusión» presentados por la empresa para retirar de sus concesiones a los mineros informales e ilegales que siguen operando sin ningún tipo de restricción.
En el mismo sentido, señaló al Congreso por las reiteradas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) que han servido de «manto protector» para que los mineros informales o ilegales sigan desarrollando sus actividades impunemente como parte de un proceso que ha demostrado ser «un fracaso total».
«Frente a este espiral destructivo, resulta imperativo que el gobierno, la empresa privada y la sociedad civil aúnen esfuerzos a fin de enfrentarla y derrotarla antes que sea demasiado tarde», expresó en el comunicado compartido en redes sociales.
En la misma provincia de Pataz, una emboscada de presuntos mineros ilegales contra los trabajadores del campamento minero Aracoto, el sábado, dejó ocho heridos, entre ellos dos policías, que fueron evacuados en helicóptero.
La Policía Nacional de Perú reportó que los trabajadores y los agentes fueron emboscados en sus vehículos cuando ingresaban a la planta procesadora de la minera Caravelí, ubicada en el Centro Poblado de Jucusbamba, en el distrito de Tayabamba.
EFE
